(Diario de Ibiza, 17/10/2022)

Noemí Martínez.El Ayuntamiento de Sant Josep iniciará el expediente de ejecución subsidiaria de demolición de las obras ilegales llevadas a cabo en la mansión del multimillonario Vladislav Doronin, situada en la finca denominada Can Xuruiana (Cala Comte), como sucedió con el complejo Casa Lola hace unas semanas, si la propiedad no reestablece la legalidad en la parcela.

En este caso, el Consistorio tendría que solicitar autorización judicial para acceder al interior y ejecutar el derribo de las ilegalidades. El coste de estos trabajos se sumaría a la multa a la que se enfrenta el propietario.

Esta decisión contra la propiedad (Inversiones Rapa Nui 2012 SL) la ha adoptado el Ayuntamiento después de desestimar, el pasado mes de junio, el recurso de reposición que presentó el promotor ante la resolución del expediente de infracción.

Cabe recordar que las obras ejecutadas en la finca son consideradas una infracción urbanística «muy grave», por lo que se impone una sanción de 1,1 millones de euros a la propiedad y a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), que suponen el 175% del valor de los trabajos.

Los antecedentes se remontan a marzo de 2014, cuando los servicios urbanísticos municipales detectaron obras realizadas en la vivienda que no cuentan con licencia.

Estas consistían en la modificación de las instalaciones, sustitución de la pavimentación, saneamiento de vigas y colocación de impermeabilizaciones y revestimientos en la totalidad de la construcción (excediendo la zona de la parte legal y autorizada) y derribo del porche existente.

Terraza, fosa séptica...

En cuanto al exterior de la vivienda, se realizaron movimientos de tierras en la zona del acceso, anulación de la fosa séptica existente y construcción de una terraza, porche y pasarela elevada y de madera. Se amplió la vivienda en una superficie aproximada de 225 metros cuadrados, según detalló el informe técnico realizado por el Ayuntamiento, que calculó que el presupuesto de ejecución material de las obras en proceso ascendía a 626.220 euros. Esto llevó al Ayuntamiento a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística.

Ante esta situación, la propiedad presentó una solicitud de legalización de las ampliaciones ejecutadas en la vivienda, pero en agosto de ese año la Junta de Gobierno las denegó.

Por ello, se inició un expediente administrativo sancionador que se notificó a ambas partes, también a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), a finales del mes de enero de 2015. Apenas tres semanas después, la propiedad y la constructora presentaron alegaciones y ya en marzo se abrió el periodo de prueba del expediente aceptando una tasación contradictoria en relación con la valoración de las obras ejecutadas y, acto seguido, el propietario pidió que se suspendiera la tramitación del expediente sancionador tras presentar una licencia de legalización de las obras.

Cuatro años después, concretamente en diciembre de 2019, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma emitió una sentencia por la cual denegaba la legalización y ordenaba la reapertura del procedimiento administrativo suspendido.

Más obras

Por estas fechas (2019), los técnicos de Sant Josep constataron que «la promotora ha continuado ejecutando obras de tal manera que han desvirtuado, totalmente, la vivienda existente. En consecuencia, en la parcela se ubica una vivienda de nueva construcción (con porche, pérgolas, piscina y terraza, entre otras)».

A todo ello se suma que no existe normativa urbanística que posibilite la legalización de las construcciones ejecutadas ya que están ubicadas en suelo rústico protegido inedificable.

Ya en enero de 2020, el Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución del expediente sancionador ante la cual de nuevo el propietario presentó alegaciones y, además, solicitó «la necesaria suspensión de la tramitación del expediente», al haber presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo 2 de Palma.

Se suspende la tramitación del expediente en marzo hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto ante el TSJ. Eso sucede ya a finales de diciembre de 2020, cuando Sant Josep recibe la sentencia firme que falla en favor del Ayuntamiento.

A partir de este punto, la ley estima que las actuaciones son constitutivas de una infracción considerada «muy grave», por lo que corresponde una multa del 100 al 250% del valor de la obra ejecutada (obras valoradas en 626.000 euros).

En febrero de 2021, el Ayuntamiento resuelve el expediente contra el que un mes después la propiedad vuelve a presentar un recurso de reposición.

La Junta Local lo desestima a finales de junio de este año y se lo notifica a la propiedad de la mansión.