(Diario de Mallorca, 13/10/2020)

La fiscalía pide tres años de cárcel para Maria Bonet por delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral

Marcos Ollés. La exalcaldesa de ses Salines por el Partido Popular, Maria Bonet, será juzgada a partir de mañana por acosar y presionar a dos funcionarios del Ayuntamiento que la habían denunciado por presuntas irregularidades urbanísticas en 2015. Ambos fueron expedientados y apartados de sus funciones tras revelar las supuestas ilegalidades. La fiscalía reclama una condena de tres años de cárcel y doce de inhabilitación para Bonet, acusada de delitos de prevaricación, acoso y obstrucción a la Justicia. Está previsto que el juicio se prolongue durante toda la semana en la Audiencia Provincial.

La fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el 19 de febrero de 2015, dos arquitectos del Ayuntamiento de ses Salines denunciaron a Bonet por delitos de corrupción urbanística. La alcaldesa comenzó entonces a obstaculizar el trabajo de estos funcionarios de diversas formas, siempre según el ministerio público. Por un lado, les prohibió presentar informes a través del Registro General, dictado una orden de servicio específica y ordenó que le comunicaran directamente sus actuaciones. Sin embargo, Bonet se negó luego a recibirlas y a firmar la recepción de los documentos.

Además, la alcaldesa impidió a los arquitectos municipales acceder a los expedientes administrativos relacionados con su cargo. Pese a que habían sido designados directores facultativos de las obras de construcción del carril bici del colegio público de la Colònia de Sant Jordi o el muro de contención del paseo peatonal, no pudieron consultar los expedientes y se nombró a otros técnicos para hacerse cargo de esos trabajos. Bonet destituyó también de su cargo como jefe de urbanismo, mediante un decreto de Alcaldía, a uno de los funcionarios que la habían denunciado por la paralización injustificada de trece informes de disciplina urbanística, hechos por los que fue imputada.

Finalmente, en mayo de ese año abrió sendos expedientes disciplinarios a los dos arquitectos, alegando, entre otra cuestiones, que los informes en los que la acusaban de las presuntas irregularidades eran "manifiestamente ilegales" y que habían desobedecido órdenes de forma sistemática. Ambos fueron suspendidos de sus funciones durante seis meses. Según la fiscalía, el trasfondo de esta sanción era que Bonet había exigido a los funcionarios que modificaran el precio de las obras del carril bici y estos se habían negado.

El ministerio público considera a la exalcaldesa autora de delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral. Por ellos reclama tres años de prisión, una multa de 6.000 euros y doce años de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, pide que indemnice a los dos arquitectos con 5.000 euros por los daños morales causados.