(Diario de Ibiza, 7/10/2018)

El Consistorio abrirá un expediente de restitución de la legalidad para forzar la demolición de la estructura que se edificó hace 13 años | La denuncia del GEN marcó el inicio del 'caso Huerta'

El Ayuntamiento de Sant Josep prevé iniciar «en breve», con la apertura de un expediente de restauración de la legalidad, el proceso para que se derribe la estructura de una parte de una urbanización en Cala Molí que invade una zona protegida e inedificable (un Área Natural de Especial Interés). Se trata de las obras para la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas, dos locales y trasteros, que, a raíz de una denuncia del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), el equipo de gobierno, del PP, ordenó que se paralizaran en septiembre de 2005. Posteriormente, suspendió la licencia tras constatar que estaba mal dada.

Los ecologistas denunciaron los hechos ante la Fiscalía, lo que originó el inicio del caso Huerta, la supuesta trama que encabezó Antonio Huerta, el difunto ex arquitecto municipal de Sant Josep, para monopolizar a través de su entorno familiar los proyectos que se desarrollaban en el municipio en el que desempeñaba su función pública.

Huerta reconoció en el juzgado que había emitido un dictamen favorable sobre la adecuación del proyecto de ejecución al básico de las obras ilegales de Cala Molí, firmado, además, por Pilar Fernández, que entonces era pareja de su hijo. La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, ha decretado la prescripción del caso Huerta antes de la celebración del juicio, aunque el Colegio de Arquitectos de Balears, que ejerce la acusación particular, tiene de plazo hasta mañana para recurrir esta decisión judicial.

Tras la paralización de las obras, el Consistorio se vio obligado en octubre de 2005 a suspender la licencia de los 30 apartamentos de Cala Molí tras constatar que este permiso de obra vulneraba la Ley de Espacios Naturales.

La indemnización frustrada

La promotora, el Grupo Medi de Valencia, recurrió y, en primera instancia, el juzgado le dio la razón, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) estimó un recurso del Consistorio y avaló la suspensión de la licencia. Eso fue a finales de 2007.

Perdida la batalla judicial por retomar las obras y culminar el proyecto, la promotora reclamó al Ayuntamiento el pago de una indemnización de seis millones de euros por los daños y perjuicios que le había causado la suspensión de la licencia. Tal como avanzó este diario, el TSJB ha desestimado las pretensiones de la promotora, al considerar que actuó «con dolo, culpa o negligencia». En concreto, la sentencia sostiene que la anulación del permiso de obra no puede atribuirse a «un mal funcionamiento de la Administración, sino a la actitud del reclamante, que indujo al error con la simple presentación del proyecto». «En el proyecto técnico se habían ocultado datos esenciales», agrega la sentencia.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, asegura que próximamente el Consistorio aprobará un expediente de restitución de la legalidad para forzar a la promotora a que ejecute el derribo de las obras ilegales, cuya estructura quedó abandonada hace 13 años. Guerrero asegura desconocer los motivos por los que el Ayuntamiento no había iniciado antes este proceso.

Tampoco se ha abierto un expediente de disciplina urbanística (para tramitar el pago de una sanción), según explica el concejal de Urbanismo, porque las obras ilegales estaban ejecutadas al amparo de una licencia de obra municipal, aunque, tal como confirman las sentencias, mal otorgada por parte del Ayuntamiento. [Nota de Disúrbia: si les obres s'ajustaven a la llicència, això no pot suposar cap sanció per als promotors]