(Diario de Ibiza, 30/05/2018)

Los técnicos concluyeron en el informe pericial del caso Huerta que no había estudio de detalle ni proyecto de urbanización

Eugenio Rodríguez. Los técnicos del Consell de Ibiza ya advirtieron en 2015, en el informe pericial de los expedientes intervenidos por la Guardia Civil en la operación contra la supuesta trama que encabezaba el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, que el equipo de gobierno no debería haber concedido, en 2003, la licencia para la construcción del edificio de 64 estudios de uso comercial y 38 estudios-taller en Cala Vedella. Esta promoción, que está parcialmente acabada, se comercializa como apartamentos de lujo desde 925.000 euros, pese a que el uso residencial no está permitido en esta parcela.

Tras recibir una denuncia sobre la presunta venta fraudulenta de las viviendas y constatar que podría ser constitutivo de «un timo o una estafa», el Consell trasladó el año pasado los hechos, según recordó ayer la consellera de Territorio, Pepa Marí, a la Fiscalía (se instruyen diligencias en el Juzgado de Instrucción número 3) y a la oficina de Consumo del Govern, que ya ha llevado a cabo 11 actuaciones dirigidas a la promotora (Cobblestone S. L.), y a algunas páginas webs que promueven la venta de la promoción (algunas la han retirado) por publicidad engañosa. Los denunciantes calculan que podría haber unas 40 personas afectadas.

La jueza que instruye el caso Huerta ordenó, en octubre de 2014, al Consell de Ibiza la elaboración de un informe pericial sobre la legalidad de 38 de los expedientes urbanísticos que la Guardia Civil se llevó del Ayuntamiento de Sant Josep en octubre de 2008, entre ellos el de la promoción de Cala Vedella, que, en este caso, fue informado por el que entonces era el aparejador municipal Julio Blanco.

Sin estudio de detalle

En el análisis del expediente, complementado con otros documentos solicitados al Ayuntamiento, los técnicos del Consell destacan que no constaba que se hubieran aprobado los documentos que exige la ficha del área de actuación 4.4. de Cala Vedella incluida en las Normas Subsidiarias. «Es decir, no se aprobó ningún proyecto de parcelación ni estudio de detalle, como especifica la ficha», señalan. Tampoco se aprobó un proyecto de urbanización previo, en contra de lo que preveía el programa de actuación del Plan Parcial de Cala Vedella aprobado en 1973, aunque la ficha de las Normas Subsidiarias, posterior al Plan Parcial, «no exigía» su redacción. «Por todo lo anterior, no se podía haber otorgado la licencia, ya que previamente no se habían aprobado los instrumentos urbanísticos», concluye el informe, que no analiza el proyecto ni si se aplicaron correctamente los parámetros del Plan Parcial.

El Consell remitió el informe al Juzgado de Instrucción número 3 en diciembre de 2015 y se incorporó en la instrucción del caso Huerta, en la que está personado el Ayuntamiento de Sant Josep.

En mayo de 2016, la junta de gobierno acordó iniciar los trámites para la declaración formal de la caducidad de la licencia de Cala Vedella (la 298/2003). La licencia se concedió en junio de 2003 y, según ésta, las obras debían estar ejecutadas en diciembre de 2005. No sólo se incumplió este plazo, sino que entre el año 2008 y el 2015 no hubo actividad (en 2007 se ordenó la paralización de las obras y la apertura de un expediente de infracción urbanística por exceso de construcción), motivo por el cual el Ayuntamiento inició el proceso para caducar el permiso de obra.

Caducidad de licencia

Sin embargo, la promotora alegó «abuso de derecho» por parte del Ayuntamiento y, entre otras cosas, que la crisis económica iniciada en 2008 le había provocado dificultades para acceder a crédito.

El informe del técnico municipal sobre las alegaciones del promotor, en el que ya se constata que se estaba publicitando la comercialización de apartamentos para uso residencial, pese a no estar permitido, concluye que pese a producirse «una ejecución anormal o retraso en la culminación de la edificación, el conjunto de las circunstancias concurrentes no permiten apreciar la total voluntad de abandono para la aplicación de la caducidad».

En marzo de 2017, con base a este informe, la junta de gobierno de Sant Josep estimó la alegaciones de la promotora y aprobó el archivo del expediente de caducidad de la licencia.

Los arquitectos certificaron que el uso del edificio iba a ser comercial
La secretaria avisó de que no había estudio de detalle, pero el aparejador municipal dijo que «carecía de sentido»

Los dos arquitectos del proyecto presentaron en abril de 2003, en el Ayuntamiento, un anexo a la memoria urbanística de la promoción de Cala Vedella (64 estudios de uso comercial, 38 locales-taller, 63 plazas de aparcamiento, 63 trasteros y piscina comunitaria) en el que se certificaba que «el uso al que se iban a destinar los estudios sería comercial por ubicarse la parcela dentro de la zona comercial del Plan Parcial». Pese a ello, el promotor comercializa los estudios de uso comercial como apartamentos de lujo y ha intentado infructuosamente que el Consell le conceda 15 cédulas de habitabilidad.

Uno de los arquitectos del proyecto es Pilar Fernández, que entonces era pareja del hijo del exarquitecto municipal. En esa época firmaba en Sant Josep muchos proyectos personalmente o a través de su empresa Keltike, algunos de ellos fueron informados por Huerta, según consta en la causa.

En el caso de la promoción de Cala Vedella, el entonces aparejador municipal Julio Blanco fue quien informó el proyecto. La secretaria de la Corporación advirtió de que la ficha urbanística del área de actuación del proyecto especificaba que esta se debía desarrollar a través de un estudio de detalle que no se había presentado. El aparejador municipal emitió un informe en el que justificaba que la culminación del saneamiento, el alumbrado y la mejora del servicio de agua no podía hacerse a través de un estudio de detalle sino de un proyecto de urbanización y, entre otras cosas, si no quedaba nada que pudiera ser regulado por esta figura, ésta «carecería de sentido».