(Diario de Ibiza, 29/05/2018)

El Ayuntamiento dice que no puede actuar «preventivamente» por la venta de las viviendas pese a no ser este el uso autorizado

Eugenio Rodríguez. Los 64 estudios de uso comercial de una promoción en Cala Vedella acabada parcialmente que se comercializan como apartamentos de lujo con un precio desde 925.000 euros, según la web del Idealista, forman parte de la supuesta trama que dirigía el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta y que se juzgará en los próximos meses.

El proyecto para la construcción de 64 estudios de uso comercial, 38 locales-taller, 63 plazas de aparcamiento, 63 trasteros y piscina comunitaria en la calle Esteperol de Cala Vedella fue redactado a través de la empresa (Keltike) de la entonces nuera del exarquitecto municipal, Pilar Fernández, y por otro arquitecto. Fernández se sentará en el banquillo de los acusados junto al que era su pareja e hijo de Huerta, Antonio Huerta Chamorro, por la presunta comisión de un delito de actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios como cooperadores necesarios.

El expediente de esta licencia es uno de los que se incautó la Guardia Civil en el registro que se hizo en las dependencias municipales en octubre de 2007 en la llamada operación Pitiusa. El juez mandó un peritaje de todos los expedientes vinculados con la trama.

La trama Huerta se fundamenta, según la investigación judicial, en que el exarquitecto municipal presuntamente monopolizaba, a través de la sociedad de la que entonces era su nuera (Keltike) y otras, los proyectos que se ejecutaban en el municipio pese a ser incompatible con su función pública.

Más casos en Cala Vedella

Fuentes consultadas por este diario apuntan que este caso no es único en Cala Vedella y que la autorización de estudios de uso comercial y talleres-locales era la vía que se empleaba en esa época para edificar viviendas en zonas de exclusivo uso comercial. Es decir, estudios (con una superficie de menos de 50 metros cuadrados) con habitación, cocina y baño para dar servicio, por ejemplo, al taller de un artesano o una oficina.

Precisamente, el Ayuntamiento de Sant Josep emitió ayer una nota en la que resaltaba que los técnicos municipales han llevado a cabo «una decena de inspecciones» y que, en la última de ellas, a instancias del Consell a finales de enero, se constató que «las obras se ajustan al proyecto». «El Ayuntamiento ha actuado en todo momento observando la más estricta legalidad», agrega el comunicado.

Otra cosa es que la promotora comercialice como viviendas de lujo lo que deberían ser estudios de uso comercial, motivo por el cual el Consell de Ibiza, al tener cono de ello, denunció los hechos ante la Fiscalía para evitar un fraude a terceras personas. Actualmente, se están instruyendo diligencias en el juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.

Sobre esta cuestión, el comunicado de Sant Josep apunta que en 2008 se emitió un informe jurídico que concluía que «el Ayuntamiento no puede sancionar un hecho preventivo antes de que se haya producido [el uso de vivienda]». «En todo caso, sí que podría estar produciéndose un caso de publicidad engañosa. Como el Ayuntamiento no tiene competencias para actuar en este ámbito, el Consell presentó una denuncia ante las oficinas de Consumo del Govern balear», agrega.

La licencia de obras se otorgó en el año 2003, durante el gobierno del PP, según destaca la nota del Ayuntamiento. «Los estudios se autorizaron para un uso comercial y el Ayuntamiento en ningún momento ha autorizado un uso residencial», señala la nota de prensa.

El Plan Parcial aprobado en 1971 sitúa los terrenos de esta promoción dentro de «la zona comercial, de administración y de equipo», que es la destinada a «tiendas, bares, restaurantes y cualquier clase de servicios (se permite la instalación y funcionamiento de laboratorios, talleres, estudio, almacenes e instalaciones de carácter artesano)», según el Consell.

Cédulas de habitabilidad

A finales del año pasado, la junta de gobierno de Sant Josep concedió el final de obra parcial. El promotor solicitó en el Consell la cédula de habitabilidad para 15 viviendas, pero este lo denegó tras constatar que en esa parcela no está permitido el uso de vivienda. En la visita que se hizo a la obra el pasado 19 de enero, los técnicos constataron la existencia de un piso piloto amueblado con mobiliario propio de una casa, además de que la distribución de los estudios es la propia de una vivienda.

En su informe, el Consell describe la información que diversas webs de viviendas ofrecen sobre esta promoción y en la que se refieren a «apartamentos espaciosos, con unas vistas magníficas y acabados modernos de alta calidad». El complejo se divide en cuatro fases. Todas las unidades disponen de terrazas privadas, aparcamiento interior y trastero. Los apartamentos cuentan con una, dos o tres habitaciones y uno o dos baños.

También se ofrecen «12 exclusivos áticos con una superficie total de 261 metros cuadrados», que incluyen tres o cuatro habitaciones, distribuidas en dos plantas con 30 metros cuadrados de terraza privada por planta y «un solárium de 50 metros cuadrados con jacuzzi, cocina y zona de barbacoa, mini frigo y ducha». «En las zonas comunes disponemos de piscina, spa y un gimnasio con equipamiento de alta calidad», se ofrece, a lo que se añade que «este complejo residencial completamente cerrado dispone de un servicio de conserjería y vigilancia durante las 24 horas y circuito cerrado de cámaras».

Las obras debían estar ejecutadas en diciembre de 2005, según la licencia concedida en junio de 2003, inicialmente a Urbanizadora Mediterránea S.A., pero esta la transmitió, en abril de 2005, a Cobblestone S. L., la actual promotora. Desde el año 2006 el Ayuntamiento recibió numerosas denuncias contra esta promoción.

Paralización y demolición parcial

En junio de 2007, el Consistorio ordenó la paralización de los trabajos y el inicio de un expediente de infracción urbanística contra Cobbelstone S.L. al constatar que la obra ejecutada no se correspondía con la autorizada. En febrero de 2009 la promotora presentó el proyecto para derribar el exceso de obra y solicitó el levantamiento de la orden de paralización de los trabajos. Seis años después, en noviembre de 2015, un celador municipal constató que no se había ejecutado la orden de demolición. En febrero de ese año se desplomaron dos grúas de construcción en la parcela y el Ayuntamiento no sólo ordenó su retirada sino el vallado del perímetro de la parcela.

Hasta octubre de 2016, el celador no constató que se estaba derribando el exceso de construcción. Anteriormente, en mayo de ese año, la junta de gobierno había acordado iniciar un expediente de caducidad de la licencia de 2003.

El afectado alegó, en contra de la extinción de la licencia (por no haberla ejecutado en plazo), que la crisis económica de 2008, entre otras cosas, le había forzado a paralizar los trabajos (hasta 2015). Finalmente, el Consistorio archivó el expediente de caducidad con base al informe de un técnico, que argumentaba que, pese a que hubo «una ejecución anormal o retraso en la finalización de la edificación», el conjunto de las circunstancias no permitían apreciar «la total voluntad de abandono», que ha de «servir de premisa para declarar la caducidad de la licencia».