(Diario de Ibiza, 20/04/2018)

El hijo del exarquitecto municipal de Sant Josep y la que era su pareja se sentarán en el banquillo como cooperadores necesarios de un supuesto delito de actividades prohibidas a los funcionarios

Eugenio Rodríguez. La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha ordenado la apertura de juicio oral por el caso Huerta, el de la supuesta trama que dirigía el exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz, que falleció en enero de 2016, para monopolizar, pese a ser incompatible, los proyectos urbanísticos que se desarrollaban en el municipio en el que ejercía su función pública. Huerta fue arquitecto municipal de Sant Josep una década, entre 1996 y 2006.

El hijo de Huerta, Antonio Huerta Chamorro, arquitecto de profesión, y la que era su pareja, Pilar Fernández, también arquitecta, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones del Colegio de Arquitectos de Balears. La Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa al entender que «no ha quedado acreditado» que Fernández, según la denuncia, «simplemente firmara» los proyectos redactados por el exarquitecto municipal en el despacho que compartía con su hijo, quien «habría puesto todos los medios materiales necesarios, en connivencia con Fernández, para evitar la incompatibilidad que recaía sobre su padre». En seis años se presentaron 52 proyectos en Sant Josep firmados por Fernández o una sociedad suya.

La acusación de los arquitectos

El Colegio de Arquitectos de Balears, que ejerce la acusación particular, pide una pena de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de arquitecto y el pago de una multa de 54.000 euros (cada uno) para los dos acusados por la comisión de un supuesto delito de actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, como cooperadores necesarios. Para Pilar Fernández, también solicita una condena de año y medio de prisión, inhabilitación de tres años para ejercer su profesión y sanción de 54.000 euros por un presunto delito contra la ordenación del territorio y, alternativamente (una o la otra), una pena de dos años de cárcel, tres años de inhabilitación y la misma multa apuntada por un supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La Fiscalía sostiene que los hechos por los que se le imputa el delito contra la ordenación del territorio o del Medio Ambiente (la firma del proyectos de Cala Molí, que afectaba a una zona ANEI), habría prescrito. También se refería a una serie de deficiencias y «errores» durante la instrucción que imposibilitaban «convertir las meras sospechas en indicios suficientes».

Finalmente, han quedado fuera de la causa el resto de personas investigadas durante la instrucción, entre ellos el exconcejal de Urbanismo Josep Marí Ribas, Reganes, del PP, y el exaparejador municipal Julio Blanco.

La jueza decretó a finales de 2016 el sobreseimiento de la causa a raíz de la petición de archivo del Ministerio Público. El Colegio de Arquitectos, que fue el que impulsó la investigación, no se pronunció porque su abogado renunció al caso en ese momento. Por ello, la nueva letrada presentó un recurso para tener la oportunidad de presentar escrito de acusación. Inicialmente, la jueza de instrucción lo rechazó, pero la Audiencia Provincial aceptó el recurso de reforma y obligó a reabrir el caso.

Fianza de 72.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades

La magistrada ha requerido a los dos acusados, Antonio Huerta Chamorro y a Pilar Fernández, el pago de una fianza de 72.000 euros (cada uno) para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan imponérseles tras el juicio. En el auto de apertura de juicio oral, la jueza daba un plazo de un día para prestar la fianza fijada con la advertencia de que, de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes. La defensa de los acusados recurrió dicho auto alegando, entre otras cosas, que la cuantía de la fianza es «desproporcionada a las condiciones económicas del procesado». La jueza, que lo ha desestimado, sostiene que a la hora de fijar la fianza no se ha de tener en cuenta la capacidad económica de los afectados.