(Diario de Ibiza, 2/06/2017)

El exalcalde de Sant Josep deberá indemnizar a los vecinos por daños morales debido a su tolerancia hacia este negocio ilegal

eugenio rodríguez / joan lluís ferrer. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha obligado al exalcalde de Sant Josep José Serra Escandell (PP) a abonar de su bolsillo un total de 18.000 euros en concepto de indemnización por «daños morales» a los seis vecinos de la carretera de Sant Josep afectados por la antigua Carpintería Alba y por los 14 años que estos particulares denunciaron, sin éxito, ante el Ayuntamiento la ilegalidad de dicho negocio.

La Audiencia ha aceptado parcialmente un recurso presentado por los denunciantes contra la sentencia emitida el año pasado por la jueza de lo penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, que ya condenó a Serra Escandell a seis años de inhabilitación especial por «tolerar de forma caprichosa e irrazonada» el funcionamiento, durante años, de esta industria, pese a su manifiesta ilegalidad.

La resolución de la Audiencia confirma esta condena, pero añade la obligación de pagar 3.000 euros a cada uno de los denunciantes por los daños morales sufridos por «el sentimiento de frustración y desasosiego que pudo producir en ellos el hecho de que todas sus reclamaciones cayeran en saco roto, haciendo el alcalde oídos sordos a estas reclamaciones y que, por el contrario, la carpintería siguiera con su actividad, sabedores de que estaba funcionando sin licencia de actividad».

La Audiencia discrepa del criterio de la jueza Martina Rodríguez cuando rechazó en su sentencia la posibilidad de indemnizar a los afectados. La magistrada ibicenca consideró que no procedía ese pago porque el delito de prevaricación no generaría otra responsabilidad que la simple restauración de la legalidad infringida. «Este planteamiento es erróneo», proclama la Audiencia, que añade: «El comportamiento prevaricador, ya sea activo, ya sea omisivo, puede causar perjuicios a terceros que se hayan visto obligados a soportar consecuencias lesivas para ellos, que deriven de la actividad o de la inactividad ilícita de la Administración o de sus funcionarios».

En cuanto al posible derribo de la estructura de la antigua Carpintería Alba, la nueva sentencia confirma lo ya expresado por la resolución de la jueza de Ibiza, en el sentido de que debe ser el Ayuntamiento de Sant Josep el que adopte la decisión que considere. «Ha de ser la comisión de gobierno la que deba adoptar las medidas procedentes, una vez que la obra carece de licencia de legalización», señala la Audiencia.

Ya la jueza de lo penal destacó que Serra Escandell «toleró de forma caprichosa e irrazonada por motivos desconocidos» la actividad de la carpintería desde principios de los años 90, pese a no contar con licencia de apertura ni de actividad. Incluso, un cuñado del exalcalde vendió al dueño de la carpintería un trozo de tierra para facilitar su legalización.