(Diario de Ibiza, 31/12/2016)

Ni el Colegio de Arquitectos de Balears ni la Fiscalía han presentado escrito de acusación contra los siete imputados

Eugenio Rodríguez. Once años y un mes después de que se abrieran diligencias en el juzgado de Instrucción número 3 por el caso del ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz, que falleció a principios de este año, la magistrada-jueza Carmen Martín da carpetazo a este asunto y decreta el sobreseimiento provisional del mismo. Lo hace después de que ni la Fiscalía ni el Colegio de Arquitectos de Balears, que ejerce la acusación particular, hayan presentado escrito de acusación en contra de las siete personas imputadas: Antonio Huerta Chamorro (hijo del exarquitecto municipal, cuya responsabilidad penal se extinguió tras su fallecimiento), María del Rosario Chamorro, Pilar Fernández, el exaparejador municipal Julio Blanco, el exconcejal de Urbanismo Josep Marí Ribas, Reganes, del PP, Raimund Gunther y Alberto Torres.

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa por «no existir indicios de la comisión de los delitos por los que se incoó el procedimiento». Se inició la investigación a raíz de una denuncia inicial del GEN por una construcción ilegal en Cala Molí, que posteriormente fue ampliada por el Colegio de Arquitectos. La Fiscalía situaba a Huerta al frente de una supuesta trama, aprovechando su condición de funcionario en el Ayuntamiento de Sant Josep, para monopolizar los proyectos arquitectónicos que se ejecutaban en Sant Josep. Sin embargo, la fiscal que ha pedido el archivo (esta no inició el proceso) apuntaba en su escrito la falta de pruebas para sentar en el banquillo de los acusados a las personas investigadas y «errores» en la «desgraciadamente» larga instrucción.

Renuncia del letrado

El letrado del Colegio de Arquitectos de Balears presentó su renuncia el pasado día 1 (la petición de archivo de la Fiscalía entró en el juzgado el 9 de noviembre) y pidió «la suspensión» del procedimiento hasta que este colectivo de profesionales designara a un sustituto para la defensa de sus intereses.

No obstante, en el auto en el que se decreta el archivo (del pasado día 21), la jueza señala que recibió el escrito de desestimiento del abogado de los arquitectos «sin que, a día de hoy, conste nueva personación ni, en su caso, presentación de escrito de acusación». «En atención a esta circunstancia procede acordar lo interesado por el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones», justifica. Contra esta resolución cabe recurso de reforma por parte del Colegio de Arquitectos.

En el auto, la jueza también ordena dar cuenta al Consell para que, tal como solicitó la Fiscalía, revise 26 expedientes urbanísticos irregulares y, si procede, inicie el procedimiento para restablecer la legalidad, ya que «dichos actos podrían constituir infracciones urbanísticas graves», según el Ministerio Público [Nota de Disúrbia: Sra. jutgessa: poden els consells insulars revisar actes administratius municipals?]. El Consell revisó 38 expedientes urbanísticos incautados en octubre de 2008 durante las entradas y registros efectuados por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep y las viviendas y despachos de Huerta y su familia. La institución insular concluyó que se habían concedido 26 licencias «contrarias a la normativa urbanística», algunas informadas por el difunto Huerta (ocho) y otras (las 18 restantes) por el exaparejador municipal Julio Blanco. Estas irregularidades no pueden tener ninguna consecuencia penal ya que habrían prescrito tras haber pasado más de 10 años desde que Blanco firmó los informes favorables. Pero la fiscal recuerda que según la Ley de Disciplina Urbanística, «algunos actos de esta naturaleza no prescriben administrativamente».

La Guardia Civil tardó 5 años en redactar su informe

El peritaje sobre los 45 expedientes urbanísticos incautados en los registros se alargó otros dos años más

El Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Balears tardó cinco años en entregar el informe sobre toda la documentación incautada durante los registros que se efectuaron en octubre de 2008 durante la llamada Operación Pitiusa. Aparte de solicitar que se interrogase al exalcalde José Serra Escandell (no se hizo), los agentes pidieron la revisión de 45 expedientes urbanísticos.

Este trámite se alargó más de dos años más desde que la jueza de instrucción lo solicitó. Inicialmente se pidió al Ayuntamiento de Sant Josep que llevara a cabo esta tarea, pero, tras un recurso de la defensa de Huerta que fue estimado al «no poder considerarse neutral ni objetivo», se pasó la pelota al Consell de Ibiza, marcando además un plazo de dos meses para hacerlo. Sin embargo, la resolución no se notificó a la institución insular hasta cuatro meses después.