(Diario de Ibiza, 23/11/2016)

El Ministerio Público apunta falta de pruebas y «errores» en la instrucción, que ha durado más de 10 años | Se investigaba una supuesta trama del exarquitecto municipal de Sant Josep, ya fallecido, para monopolizar los proyectos en este municipio

Nota de Disúrbia: encara que sovint es diu que el dret penal és la solució per a la ineficàcia administrativa a l'hora de perseguir les infraccions urbanístiques, també hi ha exemples d'actuacions penals que es mostren impotents per posar remei a aquestes il·legalitats.

Eugenio Rodríguez. La Fiscalía de Ibiza pide el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra todas las personas imputadas en el caso Huerta por «no existir indicios de la comisión de los delitos por los que se incoó el procedimiento». Así, la continuidad del proceso, la celebración de juicio, depende ahora de si el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Sant Josep, personados en la causa, presentan escrito de acusación.

La instrucción, que se ha prolongado «desgraciadamente», según destaca el Ministerio Público, durante más de una década, se inició en octubre de 2005 a raíz de una denuncia del grupo ecologista GEN-GOB por un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por una construcción en Cala Molí.

A partir de ese momento se inició una investigación contra el exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz (falleció el pasado 5 de enero) por supuestamente dirigir una trama, aprovechando su condición de funcionario, para monopolizar los proyectos arquitectónicos que se ejecutaban en Sant Josep. En seis años, se presentaron 52 proyectos en Sant Josep firmados por la que era pareja del hijo de Huerta.

Precisamente, el Colegio de Arquitectos, al sentirse perjudicado, se personó como acusación particular después de aportar un vídeo grabado por una agencia de detectives en el que se veía cómo Huerta Briz utilizaba su condición de arquitecto municipal para la venta y promoción de terrenos en Sant Josep pese a ser incompatible con su función.

Delitos contra Huerta y familia

A Huerta se le imputaban los delitos de prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Al fallecer, se extinguió su posible responsabilidad criminal. A su hijo, Antonio Huerta Chamorro, y a la pareja sentimental de este y madre de sus hijos, Pilar Fernández, se les consideraba presuntamente cooperadores necesarios de los delitos anteriores y blanqueo de capitales, mientras que a su esposa, Rosario Chamorro, se le atribuía el delito de blanqueo de capitales por ser la administradora de hecho de las sociedades.

Aparte de los tres familiares de Huerta, también figuraban en la causa como imputados el exaparejador municipal de Sant Josep Julio Blanco, el exconcejal de Urbanismo del PP José Marí Ribas, Reganes, y dos empresarios: el empresario Alberto Torres y el promotor Raimund Günter Schreck.

La Fiscalía apunta que el delito que se podría haber imputado a Fernández (no se hizo) con visos de prosperar, el de ordenación del territorio (por los proyectos de Cala Molí y Cala Carbó), habría prescrito, al tiempo que apunta una serie de deficiencias y «errores» durante la instrucción que imposibilitan «convertir las meras sospechas en indicios suficientes». Por ejemplo, en el caso de el hijo, la nuera o la esposa de Huerta, no se hizo una investigación patrimonial independiente para relacionarla con actividades delictivas del exarquitecto municipal, lo que echa por tierra, dice la fiscal, su posible acusación por blanqueo de capitales.

También apunta que algunos testimonios destacados «no han podido ser contrastados», como el de una delineante, empleada de Huerta, que declaró que los proyectos que se presentaban en Sant Josep los hacía el exarquitecto municipal, pero los firmaban otras personas, entre ellas Fernández. La fiscal argumenta que esta testigo «fue despedida, nunca se le dio de alta en la Seguridad Social por parte de Huerta y, por tanto, existen dudas acerca de la verosimilitud de su declaración».

Del mismo modo, la prueba caligráfica efectuada por la Guardia Civil concluye que algunas de las firmas analizadas de Huerta, su esposa, su hijo y su nuera «no fueron ellos sus autores», pero tampoco aclara quien pudo hacerlas.

12,9 millones de ingresos

Inicialmente, la Guardia Civil y la Agencia Tributara calcularon unos ingresos personales y de las sociedades vinculadas a la familia Huerta de 15,7 millones de euros en un periodo de «unos nueve o diez años». Posteriormente, a raíz de los recursos presentados por la defensa de los investigados, dicha cifra se rebajó a 12,9 millones, ya que el equipo que realizó el informe patrimonial aceptó que había habido un error de cálculo y lo rectificó, según relata la fiscal, que también apunta «pagos o entradas contabilizados erróneamente en más de una ocasión (traspasos del mismo dinero entre diversas cuentas)». Además de señalar que no se pidió en el Juzgado los soportes documentales de los movimientos bancarios, pese a que la Guardia Civil lo consideraba necesario, para verificar los cálculos, la Fiscalía apunta que durante la investigación se cometió «el error de suponer que todos los abonos eran ilícitos sin que se haya demostrado este extremo».

El Consell debe perseguir 26 infracciones urbanísticas

La fiscal solicita que se abra expediente de infracción por 8 licencias ilegales informadas por Huerta y 18 por Blanco

El Consell de Ibiza, a requerimiento del juzgado, hizo un informe sobre 38 expedientes urbanísticos incautados en octubre de 2008 durante las entradas y registros efectuados por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep y las viviendas y despachos de Huerta y su familia, en el que advertía de que se habían concedido 26 licencias «contrarias a la normativa urbanística», algunas informadas por el difunto Huerta Briz (ocho) y otras (18) por el exaparejador municipal Julio Blanco. Este último dejó hace unos años el Consistorio tras jubilarse.

La Fiscalía sostiene que los permisos de obra informados irregularmente por Huerta Briz, a causa de su fallecimiento, no pueden tener ninguna consecuencia penal, mientras que las que firmó Blanco tampoco ya que habrían prescrito tras haber pasado más de 10 años desde que firmó los informes favorables. Desde entonces ni se ha iniciado acción alguna contra él ni se le ha tomado declaración por estos hechos.

No obstante, la fiscal recuerda que, según la Ley de Disciplina Urbanística, «algunos actos de esta naturaleza no prescriben administrativamente». «Por ello se interesa que se dé cuenta de las mismas al Consell de Ibiza para que se inicien, si procede el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, ya que dichos actos podrían constituir infracciones urbanísticas graves», apunta el Ministerio Público.

Además, la fiscal pide que el Consell dé cuenta del desarrollo de dichos expedientes de infracción urbanística mediante informes «al menos semestrales».

La «sorprendente» imputación del exedil Marí Ribas del PP

La imputación del exconcejal de Urbanismo José Marí Ribas, ´Reganes´, del PP, como cooperador necesario de un delito de prevaricación urbanística al participar en una comida en es Boldadó con Huerta tras una visita de obra a la urbanización de Cala Molí fue «sorprendente», según la fiscal, «por lo vago e imprecisa» que resulta ya que «la única participación fue ´estar allí´, en la comida, sin que se practicara ninguna diligencia para esclarecer los hechos ni se precisara la conducta que supuestamente tuvo». En su declaración ante el juez, ´Reganes´ negó que en esa comida se hubiera abordado negocio alguno.

El hotelero Alberto Torres, al que se le imputaban los delitos de cohecho y tráfico de influencias, también estuvo en esa comida, en la que, según denunció un testigo, se negoció la recepción de las obras de Cala Molí. Su incriminación se fundamentaba en la acusación de un antiguo empleado, que no resulta creíble para la fiscal, ya que este tenía «sentimientos espurios» hacia Torres. De hecho, la fiscal apunta que «las fechas no cuadran y menos los tratos o negociaciones, por las que se le imputaba el cohecho, ya que las obras no fueron recepcionadas después de la comida e influyó el informe desfavorable de Huerta».