(Diario de Mallorca, 27/01/2016)

La consellera de Territorio, Mercedes Garrido, acusa a María Salom de falta de voluntad política para evitar el colapso en la Agencia de Disciplina Urbanística

Miquel Adrover Palma. El Consell de Mallorca ha detectado un verdadero colapso en la Agencia de Disciplina Urbanística. 1.206 expedientes de obras ilegales en suelo rústico sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin ejecutar y más de 70 recursos de alzada presentados por presuntos infractores contra los expedientes incoados que tampoco se han resuelto. La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, acusó directamente al PP de "falta de voluntad política" para evitar el atasco en la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell, ya que buena parte de los expedientes de obras irregulares se remontan a antes de 2009.

Garrido, junto con el gerente de la Agencia de Disciplina Urbanística, Bartomeu Tugores, anunciaron un plan de choque para hacer frente a el colapso de expedientes que dejó el PP sin tramitar. Para ello se contratarán 11 personas más, especialmente juristas y urbanistas que resuelvan los expedientes y ejecuten las obras de demolición.

La consellera insular aseguró literalmente que las 150 órdenes de demolición "estaban en un cajón", y acusó al PP de "haber tenido guardados estos expedientes y no haberlos comunicado a nadie porque no ha creído nunca en la disciplina urbanística". La titular del Territorio del Consell comentó también que la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) en el año 2009 tenía 20 trabajadores y en estos momentos cuenta con unos 11. Ello quiere decir que durante el mandato del PP se redujo el personal de este departamento para luchar contra el urbanismo irregular en el suelo rústico de Mallorca y que tiene competencia para actuar en todos los municipios de la isla.

"La ADU –indicó Garrido– no tenía ni material para precintar una obra ilegal. Hemos tenido que comprar para que los inspectores puedan ejercer su competencia de precintar una presunta construcción irregular". Ello, según Garrido, ha imposibilitado que los inspectores puedan paralizar de forma inmediata las edificaciones irregulares. Asimismo, la consellera de Territorio denunció que durante 2014 no se ejecutó ninguna demolición de una construcción ilegal en fora vila.

En este sentido, el Consell ha decidido poner en marcha un protocolo de actuaciones para paralizar de forma urgente las obras irregulares. "Hay que tener en cuenta que los costes de demolición y la sanción de una obra son mucho más elevados si ya está acabada. Por consiguiente, la paralización inmediata de la construcción es la mejor solución", aseveró la titular de Territorio del Consell de Mallorca.

De los 1.206 expedientes pendientes de iniciar los trámites de sanción y demolición, 562 no han pasado el llamado Índice de Calificación de Actuaciones. Este baremo es utilizado por los técnicos para priorizar la demolición de la vivienda irregular, en base a criterios como el tipos suelo (rústico normal o protegido), valor de las obras o reincidencia del infractor, entre otros. Este baremo solo ha sido calculado en las infracciones cometidas a partir del año 2010.

150 demoliciones en los cajones

Además de los 1.206 expedientes sin tramitar, la cifra más llamativa es la de las 150 órdenes de demolición de infracciones urbanísticas que no se han ejecutado. Se trata de construcciones que ya se ha verificado en toda su tramitación que son del todo ilegales e ilegalizables y no fueron comunicadas a los infractores para que procedan al derribo. Sobre esta cuestión, Mercedes Garrido apuntó que la ADU "pondrá en marcha las multas coercitivas con el objetivo de forzar a los propietarios de infracciones a proceder a la demolición". Este tipo de sanciones están contempladas en la Ley de Suelo y consisten en aplicarlas a los infracciones que no cumplan. El Consell ya trabaja en hacer efectivas estas órdenes de derribo a los propietarios, algunas de ellas han tenido que ser reiteradas hasta en dos ocasiones ante la falta de cumplimiento.

Por otra parte, los 70 recursos de alzada presentados por los infractores que no fueron resueltos durante la época del PP han creado un problema administrativo en la ADU. "Su paralización ha impedido que no se pueda comenzar a recaudar las sanciones y tampoco proceder a su demolición hasta que no estén administrativamente dictaminados", afirmó Garrido.

Todas estos cifras de expedientes, órdenes de demolición y recursos corresponden a construcciones en suelo rústico, que es donde tiene competencias el Consell de Mallorca y que teóricamente se encarga de controlar mediante la Agencia de Disciplina Urbanística. El suelo urbano es competencia de los ayuntamientos. En estos momentos hay 8 localidades de la isla que tienen cedida a la ADU la disciplina urbanística. En este caso el Consell actúa de forma directa. En el resto, incluidos los grandes como Palma, Manacor o Calvià, cuando el Consell detecta una construcción irregular la comunica al departamento de urbanismo municipal y también puede actuar de oficio.

Para solventar el colapso que sufre este departamento insular se contratará a tres juristas, aumento del personal de administración general con especialidad jurídica, así como dos inspectores más. Las infracciones también llegan al Consell mediante denuncias de particulares, de la conselleria de Medio Ambiente o del Seprona de la Guardia Civil.