(Diario de Ibiza, 27/01/2016)

Marí Ribas advierte del perjuicio económico que supondría para el Ayuntamiento si el juzgado ordenara la revisión de las licencias irregulares según el peritaje del Consell | Descarta actuar de oficio: «No es que no queramos, no nos corresponde»

eugenio rodríguez | ibiza. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, alerta de la posibilidad de que el caso Huerta pueda suponer «un quebranto económico o patrimonial» para el Ayuntamiento en el caso de que el juzgado ordenara la revisión de las licencias urbanísticas concedidas supuestamente de forma irregular entre 1998 y 2006.

El informe pericial elaborado por el Consell sobre 38 expedientes vinculados con la causa que se instruye contra el exarquitecto municipal Antonio Huerta, recientemente fallecido, constata que presuntamente se produjeron múltiples irregularidades, al amparo de los informes técnicos del Consistorio, en la concesión de los permisos de obra analizados.

En la mayoría de los casos, según revela el peritaje efectuado por el Consell, los promotores no habían cumplido los trámites necesarios previos para obtener la correspondiente licencia de obras: o no se habían aprobado definitivamente los estudios de detalle ni los proyectos de urbanización, entre otras cuestiones. En algunos casos se incumplían los parámetros de edificabilidad.

Marí Ribas puntualiza que no puede avanzar qué consecuencias judiciales puede tener el informe pericial del Consell, pero advierte del perjuicio económico que le supondría al Consistorio la revisión de las licencias otorgadas supuestamente de forma irregular. «Si se determinase que son ilegales, que no lo sé, y se tuviera que volver atrás... se supone que el señor que construyó [al amparo de un permiso de obras] pondría una demanda al Ayuntamiento porque se vería perjudicado. No sé si esto pasará», apunta no obstante...

Perjuicio a terceras personas

Aparte, el alcalde señala que «en muchos casos se solía construir de más [de lo autorizado] en una parcela», lo que afectaría a «terceras personas»; es decir, a aquellas que en su día, hace «muchos años», compraron su vivienda. «¿Y cómo arreglamos esto?», cuestionó Marí Ribas. «Esto es anticiparse mucho, y es un poco arriesgado. No sé qué dirá el juzgado. No sabemos a qué tendremos que enfrentarnos», agregó.

El Ayuntamiento, que está personado en el caso Huerta, recibió el lunes el informe pericial del Consell, aunque, según el alcalde, aún no se ha podido analizar su alcance. «No lo conozco en profundidad, pero se tendrán que extraer muchas conclusiones», dijo. En más de una decena de los expedientes analizados por las técnicas del Consell, Huerta informó a favor de los proyectos firmados por Pilar Fernández, pareja de su hijo y que está imputada en la causa. En casi todo ellos, Huerta emitió informes favorables a la concesión de la licencia, cuando, según el criterio de las técnicas del Consell, no tendría que haberse otorgado. Hay también casi una decena de proyectos de Fernández informados favorablemente por el exaparejador municipal Julio Blanco, que no está imputado, y que, según la pericial, tampoco deberían haberse autorizado por parte de la comisión de gobierno presidida entonces por José Serra Escandell.

El alcalde apunta que el Consistorio no puede revisar de oficio las licencias porque no cuenta con los expedientes. Todos ellos fueron requisados por la Guardia Civil, en octubre de 2008, cuando se registraron las dependencias municipales en la llamada Operación Pitiusa. Además, Marí Ribas puntualiza que en este momento no le corresponde al Ayuntamiento actuar por iniciativa propia porque el caso está pendiente de resolución judicial. «No es que no queramos, es que no nos corresponde», subraya.

«Se nos cae la cara de vergüenza, pido disculpas»
El alcalde lamenta lo que ha sucedido, aunque sea ajeno a su etapa de alcalde, y dice que hay «un antes y un después»

e. r. | ibiza Cuando Josep Marí Ribas se erigió por primera vez en alcalde de Sant Josep, en junio de 2007, hacía meses que Huerta había dejado su cargo de arquitecto municipal. Sin embargo, el alcalde socialista sufrió el registro que la Guardia Civil hizo en octubre de 2008 en las dependencias municipales en busca de pruebas de la actividad supuestamente ilegal de Huerta entre 1996 y 2006. «Esta causa nos ha hecho caer la cara de vergüenza a los josepins», indicó, al tiempo que pidió «disculpas a los ciudadanos» por todo lo sucedido, pese a ser ajeno a sus dos etapas como alcalde.

De hecho, Marí Ribas destacó que desde que asumió el mando en el Ayuntamiento, en 2007, se produjo «un antes y un después» en «el control y rigor» no solo en la concesión de licencias, sino también en la de los finales de obra. «Se dio un giro absoluto de 180 grados», subrayó.