(Última Hora, 8/12/2015)

Cristina Polls. La Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca ha detectado una proliferación de las construcciones ilegales destinadas a uso turístico. Según fuentes de este organismo, que el 72,85 % de expedientes de 2014 se abrieran a parcelas de menos de 14.000 metros cuadrados demuestra el incremento de este tipo de reformas, ampliaciones o nuevas construcciones, destinadas a la explotación turística. Y añaden que «todas tienen algo en común: que incluyen una piscina porque así la finca es más atractiva para alquilar». Sólo en el 27,14 % de los casos se registraron ilegalidades en fincas de más de 14.000 m2 y donde sí se pueden levantar determinadas construcciones.

Las inspecciones en 2014 descendieron en relación a 2013, de 326 a 318, si bien la recaudación por sanciones se incrementó de 762.771 euros a 1.500.137 euros. Los ingresos no tienen por qué coincidir directamente con el número de casos que se sancionan durante el año, ya que la elevada cuantía de las multas hace que en la mayoría de los casos se fraccionen los pagos durante varios años. Las sanciones descendieron de 33 a 28 en 2014. Y de éstas, 18 también incluían una orden de demolición.

Si hasta ahora las personas sancionadas tenían problemas para pagar y en los dos últimos años la recaudación se había visto afectada por la crisis, con la nueva Ley de Ordenación y Uso del Suelo que entró en vigor en 2014 la cosa podría agravarse. Si con la Ley de Disciplina Urbanística (1990) se tenía que pagar de multa el 100% del valor de las obras, ahora se deberá abonar entre el 100 y el 250% del coste de éstas.

Otra de las cuestiones controvertidas de la nueva ley es el de las demoliciones, que hasta ahora iban a cargo de los propietarios y, en caso de declararse insolventes, asumía el Consell [Nota de Disúrbia: no necessàriament per això, l'execució subsidiària procedeix sempre que l'infractor no acati l'ordre de demolició, pels motius que siguin]. Ahora, todo aquel propietario que no derribe la obra se expondrá a hasta doce multas coercitivas por el 10% del valor de las obras. En el caso de tratarse de una vivienda habitual se podrán interponer un máximo de tres multas.

Siete municipios

De los siete municipios que contaron en 2014 con un convenio de colaboración con la Agència, Algaida y Campanet son los núcleos con las sanciones más importantes. En el caso de Algaida se realizaron 51 inspecciones, de las cuales 8 terminaron en sanción, 6 con orden de demolición y un total de 539.934 euros en sanciones. En Campanet, de las 7 inspecciones, dos se cerraron con sanción, una con orden de demolición y las sanciones ascendieron a 503.740 euros. [Nota de Disúrbia: no pensam que existeixi correlació entre aquestes xifres, perquè entre la inspecció i la resolució dels procediments sol passar ben bé un any]

Desde la creación de la Agencia en 2009 no se actúa sólo por denuncia, sino que también se actúa de oficio, y de ello se encargan los cuatro técnicos que comprueban sobre el terreno las posibles construcciones ilegales. Otra forma de controlar el territorio es comparando fotos aéreas cada dos años para detectar las nuevas edificaciones.

Para 2016, la Agència contará con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Entre sus proyectos hay la puesta en marcha de un plan de inspección.