(Diario de Ibiza, 17/11/2015)

Sant Josep dejó en suspenso en mayo el expediente del exalcalde para evitar que este caduque

e. rodríguez | ibiza. ­La sociedad Tecnomarina Roselló S.L., de la que el exalcalde de Sant Josep José Serra Escandell era administrador único hasta el pasado mes de julio, cuando cedió el cargo a un hijo, pidió el pasado mes de abril al Ayuntamiento el levantamiento de la paralización de las obras de vallado y acondicionamiento del terreno que se encuentra justo detrás del molino de la rotonda del hipódromo de Sant Jordi, en el sentido de circulación hacia el aeropuerto. La segunda teniente de alcalde, Paquita Ribas, explicó ayer a este diario que el promotor justifica dicha demanda en el hecho de que, según su criterio, ya «se ha restituido la legalidad», pero «obvia» que en junio del año pasado se arrasó sin autorización el safareig y el pozo de Can Pere Arabí, que figura en el Inventari del Patrimoni Hidràulic de les Pitiusas.

El Consistorio ordenó en octubre de 2013 la paralización de las obras de vallado de la finca al constatar que se estaban haciendo «más obras de las permitidas»; en concreto, movimientos de tierra y explanación de la superficie. Posteriormente, a mediados de 2014, el grupo de PSOE-Pacte denunció también la destrucción, en la misma parcela, del safareig y el pozo de Can Pere Arabí, lo que motivó que se ampliara el expediente de infracción urbanística abierto.

Según el relato de la segunda teniente de alcalde de Sant Josep, el pasado 30 de abril la promotora presentó un escrito de alegaciones en el que reclamaba que se levantara la suspensión de las obras del vallado argumentando que «se había restituido la legalidad» al retirar la tierra que se aportó sin autorización y haber dejado el terreno en «su estado inicial», aunque no se decía nada, según Ribas, de la demolición del conjunto hidrológico inventariado, objeto también del mismo expediente de infracción.

Evitar que el expediente caduque

En todo caso, el Consistorio, aún bajo el anterior gobierno del PP, resolvió el pasado 27 de mayo, dos días después de las elecciones, remitir dicha demanda al Consell para que sus técnicos evaluasen si las obras habían afectado al drenaje de la autovía del aeropuerto. El equipo de gobierno también decretó dejar en suspenso el expediente de disciplina urbanística para evitar que, mientras aguardaba la respuesta de la institución insular, este «pudiera caducar» por superar los plazos que marca la ley para su resolución.

Casi seis meses después, el Consell aún no se ha pronunciado. Sin embargo, Paquita Ribas asegura que, al haberse tumbado el pozo y el safareig, en este caso «nunca se podrá restituir la legalidad». La segunda teniente de alcalde de Sant Josep cree que el departamento de Patrimonio del Consell tendrá en cuenta esta circunstancia.

El Consistorio dio licencia de obra menor para el vallado de la finca, en la que se aparcaban vehículos, en octubre de 2013 y dos semanas después, a requerimiento del departamento de Carreteras del Consell, un técnico municipal hizo una inspección de obra (para comprobar que el relleno del terreno no hubiera afectado al drenaje de la carretera) y comprobó que no se estaba ejecutando el vallado autorizado sino «un terraplenado de tierras» que por «su envergadura no podía considerarse que fuera el acondicionamiento del firme autorizado», sino una modificación del mismo. El día 25 de ese mes se ordenó la paralización de las obras. Meses después, el Consell dio el visto bueno a la continuación de las obras, pero el Ayuntamiento no accedió a levantar la paralización.