(Diario de Ibiza, 14/11/2015)

Cuando los empleados municipales se presentaron en la propiedad no había nadie y no pudieron entrar en el complejo

c. roig | ibiza. ­El Ayuntamiento de Sant Josep ha tenido que volver a recurrir a los Juzgados en un nuevo capítulo de obras ilegales en el complejo de más de 20 habitaciones Casa Lola, situado en Davall sa Serra y pendiente de derribo. Esta vez se trata de unos trabajos de construcción de una especie de almacén en semi-sótano de unos 70 metros cuadrados, según explicó el concejal de Urbanismo, Francisco Ramon, Palleva.

En el mes de septiembre el Ayuntamiento de Sant Josep dictó un decreto de orden para paralizar estas nuevas obras y posteriormente otro de precinto por incumplimiento de orden de paralización.

Según explicó el concejal de Urbanismo, el precinto estaba previsto el 14 de octubre y así se comunicó a los abogados de la propiedad de Casa Lola. Sin embargo, cuando se presentaron allí los empleados municipales no había nadie y no pudieron entrar dentro del complejo para precintar esta nueva construcción.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto el tema en manos de los abogados para pedir a los Juzgados un permiso para entrar en el domicilio.

Este nuevo capítulo se suma a las numerosas ilegalidades que acumula la propietaria de la vivienda, la empresaria malagueña Francisca Sánchez Ordóñez (Inversiones Hoteleras Faro S. L.), que estuvo en la cárcel por delito fiscal. Sánchez debe derribar las construcciones que ha levantado sin licencia en este complejo. Entre otras cosas, debe suprimir viviendas con una superficie total de 930 metros cuadrados, dos terrazas de 340 y 414 metros cada una de ellas y dos piscinas, una de 84 metros y otra de 62.

En el mes de febrero, el Consistorio entonces gobernado por el PP, aseguró que las edificaciones ilegales levantadas en Casa Lola están presupuestadas en 1,4 millones, por lo que la sanción económica del expediente urbanístico abierto por el Ayuntamiento puede ser como mínimo de esta cantidad o puede alcanzar hasta un 250% de la misma. Josep Marí Ribas, Agustinet, en su anterior etapa como alcalde también abrió un expediente y en 2011 dio diez días a la empresaria para derribar las obras ilegales, que entonces eran menos cuantiosas. La sanción económica ascendía a 192.000 euros.

A la espera de la Justicia

Actualmente el Ayuntamiento de Sant Josep está a la espera de que los Juzgados se pronuncien para poder avanzar. «Estamos atados», lamentó el concejal de Urbanismo.

Hay dos expedientes abiertos, uno de 2010 que obligaba al derribo de las obras ilegales y cuya autorización judicial de entrada fue denegada en 2013 sin que se hayan resuelto los recursos, y otro de 2013, que fue el que terminó llevándose a Fiscalía por los incumplimientos de la orden de paralización. La Fiscalía lo archivó porque ya se seguían diligencias por los mismos hechos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa. En marzo de 2013 Sant Josep dio un nuevo plazo a la propiedad e hizo la advertencia de ejecutaría el derribo subsidiariamente.