(Menorca, 11/03/2015)

Se ampara en sus «criterios» para justificar que no actúe desde que en septiembre el GOB lo denunció

David Marquès. El Consorcio insular de Disciplina Urbanística en Rústico lleva más de medio año sin inspeccionar las siete ampliaciones de edificios en el suelo de «máxima protección» del parque natural de S’Albufera des Grau de las que el GOB le alertó en septiembre, sin que todavía haya mandado a nadie para corroborar la denuncia ni incoar los expedientes preceptivos.

El GOB, que ha mostrado su sorpresa por la inacción administrativa en este caso, no entiende que el Consorcio se ampare en sus «criterios de inspección» para justificar que, como le anuncia en un comunicado remitido el pasado mes de enero, «las presuntas irregularidades denunciadas aún no hayan podido ser objeto de las correspondientes actuaciones de inspección». Es por ello que la solicitud que cursó en diciembre, un mes antes, para tener acceso a la documentación alusiva a las obras no ha podido ser atendida, sencillamente porque nada se ha hecho desde el Consorcio. Aún así, la entidad ecologista ha reiterado su petición.

Cuatro veces protegido

«Que un Consorcio dedicado al control de la disciplina urbanística no haya inspeccionado todavía un caso que afecta a edificios situados en una zona con cuatro niveles de protección (ANEI, LIC, ZEPA y parque natural) dispara todas las alarmas», remarca. Y se pregunta «¿qué criterios ha aprobado el Consorcio para que no se estén inspeccionando las posibles irregularidades? ¿A qué se ha dedicado en estos seis meses?». Y es más, «¿qué nivel de protección requieren los terrenos como para ser inspeccionados en un tiempo razonable?».

El GOB pide «transparencia y responsabilidad en un tema tan estratégico» como la disciplina urbanística y advierte que el Consorcio insular de Disciplina «es un órgano fundamental para evitar el descontrol en suelo rústico». Asimismo, recuerda que el Código Penal castiga desde hace dos décadas los delitos contra la ordenación del territorio en aquellos casos en que se construya sin autorización en terreno de especial protección. Y, desde hace cinco, también contempla que se impongan penas a los políticos y funcionarios que «omitan la realización de inspecciones».