(Diario de Ibiza, 5/03/2015)

El juez dicta apertura de juicio oral y la Fiscalía acusa tanto al promotor alemán como al constructor por la supuesta comisión de sendos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio

e. rodríguez | ibiza. El promotor alemán Matthias Kühn, pareja de la artista Norma Duval, se sentará en el banquillo de los acusados y se enfrentará a una pena de dos años de prisión por la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales (un año por ello) y otro contra la ordenación del territorio (otro año) por unas obras ilegales llevadas a cabo en el entorno de la casa del islote de Tagomago entre diciembre del año 2007 y julio de 2008. La Fiscalía también reclama que se condene al promotor alemán al pago de una multa de 10.800 euros (5.400 euros por cada delito) e inhabilitación para ejercer de promotor durante cuatro años (dos años por cada infracción del Código Penal).

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, José Espinosa, ha dictado auto de apertura de juicio contra Matthias Kühn y Guido H. N., el constructor que ejecutó las obras. A este último la Fiscalía también le pide una pena de prisión de dos años por los presuntos delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, más una sanción económica de 16.200 euros e inhabilitación para actuar como promotor y constructor durante dos años.

A petición del fiscal, el juez ordena en el auto de apertura de juicio que cada uno de los dos acusados preste una fianza de 10.000 euros al objeto de garantizar las responsabilidades pecuniarias ante una posible condena y otra de 10.000 euros más para cubrir los gastos de demolición de las obras.

Zona de alta protección

En cambio, finalmente el arquitecto técnico Eugenio F. C. no se sentará en el banquillo de los acusados después de que el Ministerio Público pidiera el sobreseimiento provisional respecto a él porque, pese a que fue quien redactó el proyecto de rehabilitación de la vivienda, «todo indica que en última instancia fue una tercera persona» la que dirigió las obras.

Las obras se ejecutaron sin autorización previa a pesar de que el islote, aparte de Área Natural de Especial Interés (ANEI) del más alto nivel de protección, también es Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

En concreto, los acusados pavimentaron un área de 470 metros cuadrados adyacente a la vivienda donde antes solo había campo (se incluye una rampa de 40 metros cuadrados de piedra seca junto a la piscina) y construyeron un muro de cemento de nueve metros de longitud y tres de altura y un camino de piedra y cemento de 1,5 metros de ancho y 20 metros de largo para unir la casa principal con otras edificaciones donde se ubicaban los aparatos de aire acondicionado, lavadoras y otros electrodomésticos y grupos electrógenos. También ampliaron con tres filas de bloques de hormigón la contrucción donde se instaló el grupo electrógeno y se almacenaba el combustible, y construyeron un vial empedrado de 80 metros para unir la vivienda con el camino del faro así como, en la zona del puerto, una caseta de piedra y cemento (1,2 metros de alto por 1,2 de ancho) en cuyo interior se guardaba un «motocarro».

Además de llevar a cabo todas estas obras sin la preceptiva licencia, el Ministerio Fiscal destaca que «no pueden ser legalizadas» ya que, según el Plan Territorial Insular (PTI), en las áreas de especial protección como las de Tagomago «solo se permitirán aquellas obras de conservación, restauración y consolidación de edificios e instalaciones existentes que no supongan aumento de volumen, siempre que no hayan sido edificados en contra del planeamiento urbanístico vigente en el momento de ser construidos».

«Grave daño» por la extracción de tierra en un área de 1.400 m2

e. r. | ibiza. Pese a que inicialmente el juez instructor archivó el delito contra el medio ambiente porque existen dos informes periciales «contradictorios», finalmente, a petición del fiscal, los dos acusados tendrán que responder en el juicio por el supuesto daño causado a los recursos naturales. En concreto, el fiscal destaca que los movimientos de tierra que se efectuaron para extraer áridos afectaron a un área de 1.400 metros cuadrados, donde había un número indeterminado de sabinas y especies protegidas de flora y fauna, catalogadas algunas de ellas de especial interés en el catálogo de especies amenazadas de desaparición. «Con dichos movimientos se ha producido una alteración muy significativa de las condiciones del LIC y ZEPA y ha ocasionado un grave daño extensivo, intenso, perdurable e irreversible a corto y medio plazo», describe el fiscal en su escrito de acusación. Además, los acusados instalaron una pasarela de madera de 70 metros y una plataforma que se empleaba de helipuerto, que «afectaba a las zonas de nidificación de aves existentes». Esta pasarela fue retirada hace unos meses.