(Diario de Ibiza, 17/12/2014)

Ha requerido al Consistorio las actas del celador desde diciembre de 2011 y los expedientes abiertos | El edil de Urbanismo dice estar «muy tranquilo»

La Fiscalía de Ibiza inició hace algo más de dos meses una investigación sobre el cumplimiento de la disciplina urbanística en el municipio de Sant Josep. El Ministerio Público recibió una denuncia anónima y genérica, sin concretar ningún caso específico, que atribuye al Ayuntamiento una supuesta dejación de funciones en su obligación de velar por la legalidad urbanística y perseguir a los infractores; es decir, una inactividad en la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística.

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía abrió diligencias y requirió al Ayuntamiento, a finales de octubre, información sobre todas las acciones de disciplina urbanística que el equipo de gobierno ha llevado a cabo desde diciembre de 2011, tras la moción de censura que llevó al PP y Alternativa Insular a recuperar el gobierno municipal.

La Fiscalía ya ha recibido la información solicitada al Consistorio, pero, según las fuentes consultadas, aún no ha resuelto si esta es suficiente y si la investigación debe o no seguir adelante.

En concreto, la Fiscalía solicitó al equipo de gobierno las actas levantadas por el celador de urbanismo desde diciembre de 2011 por obras presuntamente ilegales o ejecutadas sin licencia, un listado de los decretos de paralización de las mismas y las actas de la Policía Local sobre el cumplimiento de dichos decretos, así como una relación de los expedientes de infracción urbanística abiertos durante el mismo periodo y de los que han caducado desde 2012 «de hecho o por decreto» y los motivos.

Dos meses de plazo

En su escrito, la Fiscalía justificaba que dicha información tenía por objeto «investigar la irregular tramitación de expedientes de legalidad urbanística, la no incoación de los respectivos expedientes y la caducidad de los mismos». El Ministerio Público daba dos meses al Consistorio para facilitarle dicha información. La Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si presenta una denuncia en el juzgado o archiva las diligencias.

El concejal de Urbanismo, Javier Marí, asegura desconocer las causas por las que la Fiscalía ha requerido al Consistorio toda esta información, pero afirma estar «muy tranquilo» porque «se está haciendo bien el trabajo». Marí recuerda que se ha creado un departamento exclusivamente de disciplina urbanística y que durante un año se contrataron a unos abogados para acelerar la tramitación de expedientes. «A veces cuesta, pero el trabajo va saliendo».

El grupo de PSOE-Pacte ha presentado una moción de control en el pleno de mañana para que el equipo de gobierno explique los motivos por los que la Fiscalía ha abierto esta investigación.