(Diario de Ibiza, 13/05/2014)

El tribunal apremia a la juez a que marque un plazo máximo para elaborar el informe y finalice ya la instrucción de la causa

Eugenio Rodríguez | ibiza. Cuando los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep tienen prácticamente hecha la revisión de los expedientes relacionados con la supuesta trama delictiva dirigida por el exarquitecto municipal Antonio Huerta, la Audiencia Provincial ordena que este trabajo lo hagan funcionarios de otras corporaciones (ayuntamientos o el Consell) que no sea la de Sant Josep.

El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de apelación que interpuso Huerta y otros imputados contra un auto del pasado 27 de enero y rechaza que, en contra del mandato de la juez instructora, el Consistorio de Sant Josep, que está personado en la causa, analice los 45 expedientes apuntados en el informe del Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Guardia Civil con base en la documentación incautada en el año 2008. La defensa de Huerta alegó en su recurso que si la revisión de los expedientes era «improcedente» lo era aún más que lo hiciera el Ayuntamiento, que es parte en el procedimiento. «Nos parece incompatible con la imparcialidad, neutralidad y objetividad que ha de tener cualquier perito», defendió.

A Huerta, el juez le imputa una serie de delitos por supuestamente aprovechar su cargo de arquitecto municipal para redactar y dirigir a través de empresas de su entorno familiar proyectos en Sant Josep.

La Audiencia también atiende en parte el recurso de Huerta y señala que solo se revisen los expedientes urbanísticos que hubieran sido informados por Huerta o aquellos en que se concedió licencia de construcción sin previo informe de los técnicos municipales. De hecho, el abogado de Huerta también alegó que había «un número relevante» de expedientes incluidos en el informe de la Guardia Civil (15, una tercera parte) que fueron informados desfavorablemente por el exarquitecto municipal y que no obtuvieron licencia.

También mencionó tres casos que son anteriores a que Huerta ocupara el cargo municipal y otros tres en los que fue «especialmente escrupuloso», puesto que informó en contra y solo lo hizo favorablemente cuando se subsanaron las deficiencias. El letrado del arquitecto citó seis expedientes que fueron supervisados por otro técnico, el aparejador municipal, Julio Blanco, también imputado en el caso, con el que «no ha existido nunca ningún tipo de vínculo económico, comercial ni empresarial».

Otra de las cuestiones alegadas por Huerta en contra del informe de los agentes de la Guardia Civil fue que estos incurren «en errores técnicos palmarios que les conducen a especular sin fundamento». Citó siete ejemplos de ello y además apuntó que dicho informe también contenía «hechos inciertos o tergiversados para presentar como sospechoso lo que no lo es».

Ya es hora de cerrar el caso

Por otra parte, el auto de la Audiencia acuerda que debe establecerse un plazo máximo para la emisión del informe de revisión de los expedientes y apremia a la juez y a la Fiscalía a que concluya «lo antes posible» la instrucción.

Hace ya más de cinco años (la instrucción del caso comenzó antes) que se produjo la llamada operación Pitiusa con decenas de agentes llegados desde Mallorca para efectuar registros en el Consistorio y en el despacho y domicilios de Huerta y de su hijo y su nuera. Los tres fueron detenidos, pero los dos últimos salieron en libertad tras el pago de una fianza de 80.000 euros. El exarquitecto municipal estuvo unos meses en prisión preventiva. El GEN denunció la posible trama de corrupción urbanística, denuncia que fue ampliada por el Colegio de Arquitectos.

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Javier Marí, aseguró ayer que desconocía el auto del tribunal, pero dijo que la revisión de los expedientes ya está «casi acabada». Aunque inicialmente advirtió de que el mandato del juzgado podía «bloquear» el departamento de Urbanismo y que, por ello, quizá se verían obligados a contratar a alguna persona para efectuar este trabajo, finalmente lo han hecho «los técnicos de la casa». Marí asegura que alguno de los funcionarios ha ido a trabajar en horario de tarde para avanzar en la revisión de los expediente y no retrasar el trabajo del día a día.