(Diario de Mallorca, 24/02/2014)

El ayuntamiento le dio todas las licencias pero el ente insular alega que no se ajusta a la LEN

Redacción. ­Una orden de demolición de la vivienda en la que viven seis personas tiene en vilo a una familia de Puigpunyent, a la que la Agencia de disciplina urbanística del Consell ha abierto un expediente en el que se comunica la imposición de una sanción de 600.000 euros y que debe derribar la casa en la que viven desde hace casi 20 años

El propietario actual adquirió la propiedad en el año 1995 tras obtener un certificado del ayuntamiento en el que se le notificaba que en la parcela de 15.000 metros había una casa desde hacía más de 10 años, a efectos de renovar la cédula de habitabilidad para una vivienda de más de seis personas. Tres años después, se dio de alta en el catastro y el ayuntamiento comunicó al propietario que la superficie de los planos de la vivienda no concordaban con los datos del ayuntamiento, por lo que le instaba a presentar un proyecto de obras para legalizar un porche y una ampliación del primer piso. En esas mismas fechas, un técnico municipal, tras la correspondiente visita, emitió un informe en el que se asegura que la casa se podía ampliar en base a las normas subsidiarias del municipio, por lo que se dio la legalización a las mismas. En ese momento se obtuvo la cédula de habitabilidad. Con posterioridad, ya en el año 2003, hubo una pequeña alineación de la fachada de 25 metros cuadrados, pero sin aumento de volumen.

En zona ANEI

La sorpresa ha venido ahora 11 años después cuando al propietario se le notifica que se le ha abierto un expediente urbanístico en el que se le asegura que la casa está construida en parte en zona ANEI, por lo que ordena la demolición de toda la casa, tanto lo legalmente ampliado en 1998 como la obra del 2003, en base a la Ley de Espacios Naturales del año 1991. Además, se acompaña con una propuesta de multa de 600.000 euros

En ese momento, el propietario puso el caso en manos de sus abogados, que comprobaron que la vivienda en cuestión contaba con todos los permisos y que en la ficha de legalización, el suelo estaba clasificado como rústico. Así aparece también en el visado emitido por el Colegio de Arquitectos, que certificó en su día que se podía edificar, como figuraba en las Nomas Subsidiarias de Puigpunyent, por los que se daban por ajustados a la legalidad los planos de la casa.

En el expediente, el Consell señala que en el año 2003 se corrigieron las NNSS de Puigpunyent ya que habían sido aprobadas con prescripciones. En esas correcciones la línea de la zona ANEI afecta a una parte de la casa, un punto de discrepancia ya el que el abogado de la propiedad tiene unos informes de ESTOP en los que se contempla la casa fuera de esta zona, por lo que han recurrido esta inclusión en ANEI. El propietario asegura estar viviendo con angustia esta situación, debido a que la casa es su única propiedad, adquirida con la cédula de habitabilidad correspondiente, y tras comprobar la legalidad de todo el proceso en la Administración a las que tiene acceso el ciudadano corriente. "Es increíble que tengas todos los permisos municipales y que después te digan que no vale. En esta casa viven seis personas, no se trata de un caso de especulación urbanística, ni de un chalet de fin de semana comprado para venderlo después. Por si fuera poco, la sanción de 600.000 euros es claramente desproporcionada e inasumible, para una familia normal. Comprobamos todos los procesos en el municipio, en el Colegio de Arquitectos, en el catastro. No podíamos pensar que hubiera una Ley de Espacios Naturales que afectara a la zona". Estos problemas urbanísticos sobrevenidos afectarían a otras propiedades de Puigpunyent, hay unos quince casos, algo que ha sorprendido al ayuntamiento que ha pedido que se le devuelvan los expedientes y que se paralice todos los procesos para su estudio.

"Lo que está fuera de lugar", asegura el abogado, "es que se pueda ordenar demoler una casa después de 15 años. Los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad,vandalismo en tiempo de guerra y los de terrorismo con resultado de muerte. Resulta absurdo que una infracción administrativa, como es edificación en un espacio protegido tampoco prescriba en Balears. Tiene un tratamiento, en este sentido, peor que un delito penal como por ejemplo un asesinato". [Nota de Disúrbia: tal volta sigui perquè, a diferència d'aquests delictes, el seu resultat perdura en el temps indefinidament...]