Maó: Tur se declara «harto» de que se juzgue el proceso y no la infracción de Reynés |
(Menorca, 14/02/2014)
El portavoz del PSOE niega que el gobierno anterior impulsara el expediente sobre la casa de la alcaldesa
Fela Saborit. El portavoz del PSOE y exalcalde de Maó, Vicenç Tur, cortó ayer en seco las insinuaciones del PP de que el expediente urbanístico abierto por las obras en la casa de Águeda Reynés se hubiera impulsado por el anterior equipo de gobierno, buscando un provecho electoral.
«Comienzo a estar harto, la inspección se hizo a raíz de la información sobre volumetría de Regestril y ha quedado demostrado que existía una ilegalidad», afirmó Tur, muy molesto por las acusaciones veladas -y no tanto, ya que la propia alcaldesa habló ayer en su perfil de las redes sociales de «juego sucio» del gobierno del PSOE en la campaña electoral de 2011-, realizadas por los ‘populares’ a raíz de la demolición de parte de la vivienda de Reynés en la zona residencial de Cala Llonga.
El concejal socialista afirmó entender «la parte personal» en toda la polémica suscitada por este caso urbanístico, pero «era candidata y ahora es alcaldesa, y se ha demostrado que había una ilegalidad, la gente no quería que lo tirara abajo -remarcó, en alusión a las declaraciones de Reynés-, lo que la gente quería era que no hiciera la obra». Para Tur resulta inaudito que se esté juzgando el procedimiento por el que se detectó la construcción ilegal «y no el objeto de la infracción, que es lo que se debe juzgar», afirmó.
Proceso
El portavoz de la oposición en el Ayuntamiento también señaló, sobre la realización de la inspección y el acta correspondiente, que ésta correspondía «al gobierno anterior o al siguiente». En este sentido se sorprendió de que el gobierno del PP hable de celeridad en la tramitación del expediente de la obra de Reynés, «han tardado casi tres años para el proyecto de legalización, que cada uno valore si eso es rápido o no», señaló.
Sobre el acta de la inspección, el concejal del PSOE asegura que si la irregularidad se detectó a finales de abril de 2011, no se podía completar todo el trabajo urbanístico que conlleva la detección de una infracción en un mes. «Si ellos han dedicado tres años como querían que el anterior gobierno lo hiciera en un mes», afirmó ayer el exalcalde.
En cuanto a la multa, Tur cree que debe ser más elevada, del 50 por ciento del presupuesto de demolición, ya que existen dos infracciones: la realización de obras sin licencia y la imposibilidad de legalizarlas por contemplar aumentos de volumen no permitidos por el Plan General. Si la infracción únicamente consistía en carecer del permiso municipal necesario, y se podía legalizar «¿por qué entonces se ha demolido?», se pregunta el portavoz socialista, quien insiste en que su grupo no ha visto ningún informe sobre el caso.
Regestril
Desde que se conoció que el Ayuntamiento de Maó, en abril de 2011, había requerido información a Águeda Reynés sobre la ampliación de su casa, siempre se apuntó a la empresa Recaudación y Gestión de Tributos Locales (Regestril) como el origen de todo el expediente.
Las diferentes versiones políticas no han aportado mucha luz sobre el inicio de todo el procedimiento que ha obligado a Reynés a derruir la parte sin licencia de su vivienda. Ayer, fuentes de la empresa concesionaria del servicio de recaudación negaron cualquier relación con temas urbanísticos y uno de sus responsables, que prefirió guardar el anonimato, afirmó que «este caso no nos afecta ni nos influye para nada».
El trabajo de Regestril, insistió, consiste en el apoyo y verificación de los datos catastrales y en la colaboración con la gestión tributaria y recaudatoria del Ayuntamiento. «No nos ocupamos de la disciplina urbanística, comprobamos los elementos construidos siempre a efectos catastrales y con vistas a su repercusión tributaria en el ámbito del Impuesto de Bienes Inmuebles», señalaron desde Regestril.
Los datos que recaba la empresa, mediante ortofotos, imágenes aéreas y otros sistemas, se reportan al área económica y a la Oficina del Catastro «en colaboración con el propio interesado, para que amplíe información sobre su propiedad».
Regestril considera que se «ha distorsionado» su papel en todo este proceso.
Por otra parte, los miembros del equipo de gobierno del PP declinaron ayer realizar más declaraciones sobre este asunto.