(Diario de Ibiza, 17/07/2013)

El fiscal pide 18 meses de cárcel, una multa de 4.500 € y que devuelva la construcción a su estado original

r. s. | ibiza. Un hombre fue juzgado ayer por reformar, supuestamente para uso residencial, una pequeña caseta varadero en Porroig, en la costa de Sant Josep, situada a apenas tres metros del mar en una zona de servidumbre de protección en dominio público marítimo terrestre. Según el fiscal, las obras se hicieron además sin solicitar ningún tipo de licencia. El representante del Ministerio Público acusa a G. P. J. A., un francés que pasa los veranos de vacaciones en la isla desde hace muchos años, de un delito contra la ordenación del territorio. En la vista, celebrada en el Juzgado de lo Penal 2 de Ibiza, pidió un año y medio de prisión, una multa de 4.500 euros (diez euros al día durante 15 meses), que retire la cubierta de piedra que colocó y que restituya la original de madera, que desmonte la terraza y que deje de darle uso residencial a la caseta.

Tiene una casa en es Cubells

El acusado alegó, con ayuda de una intérprete de francés, que acometió las obras por seguridad, para evitar que la construcción se viniese abajo. La abogada que le defendió, que pidió su absolución, comentó que no ha visto en su carrera ningún caso de este tipo que se tramite por la vía penal. Según ella, debería haberse juzgado por lo civil, como mucho con el pago de una multa, nunca con una posible condena de prisión. Además, la letrada dio a entender que su cliente no tenía necesidad de reformar una caseta para uso residencial puesto que tiene una casa de 450 metros cuadrados en es Cubells y un barco con los que disfrutar del verano en Ibiza.

La profesional pidió a la magistrada Martina Rodríguez, que será la encargada de dictar sentencia, que introduzca la circunstancia atenuante de las dilaciones indebidas del proceso, puesto que el juicio se ha suspendido tres veces y los hechos juzgados ocurrieron hace seis años.

Fuentes conocedoras del caso explicaron, fuera de la sala de vistas, que el francés compró la caseta varadero, una de las muchas que hay en Porroig, a un payés por un precio de 12.000 euros. La transacción se realizó hace más de siete años. Después, acometió presuntamente la reforma e incluso llegó a presentarse en el Ayuntamiento de Sant Josep, donde pagó el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la caseta, según las mismas fuentes, aunque este punto no se abordó en el juicio.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil descubrieron que la caseta había sido modificada, sin haber solicitado ningún permiso y en una zona de dominio público. Por ese motivo, el 18 de septiembre de 2007 presentaron una denuncia contra G. P. J. A., por lo que comenzó un proceso judicial que concluyó con el juicio de ayer.

Una terraza de 25 metros

El anterior propietario de la caseta varadero la usaba para guardar una pequeña embarcación y aperos de pesca. Según explicó el fiscal en la vista, la reforma acometida por el comprador conllevó además un aumento de volumen de la construcción. El representante del Ministerio Público explicó que G. P. J. A. extrajo áridos de la playa, forjó con piedra la caseta y construyó en el techo una terraza de 24,6 metros cuadrados. «Hizo una obra nueva, una habitación para pasar las tardes de verano», concluyó el fiscal. En su alegato apuntó que el acusado vulneró varios artículos de la anterior Ley de Costas, entre ellos los que prohíben extraer materiales rocosos naturales de una zona protegida y forrar con piedra una construcción de este tipo.

Además, recordó que la zona de servidumbre de protección es de 20 metros en la nueva ley y que era de cien metros en la antigua, en cualquier caso muy superior al lugar en el que se encontraba la caseta, a apenas tres metros del mar.

El juicio se celebra después de tres suspensiones

r. s. | ibiza. El juicio se celebró ayer por fin, después de suspenderse las otras tres veces que se había señalado. En una de ellas, el 12 de septiembre de 2011, fue la abogada la que solicitó el aplazamiento, puesto que alegó que faltaban por aportar unos documentos que habían pedido a la Demarcación de Costas y aún no habían llegado. El 27 de noviembre del año pasado el acusado regresó de nuevo a Francia sin ser juzgado, debido a que no se presentó ningún intérprete para traducir su declaración. La empresa Seprotec, que se encarga del servicio de traducción en los juzgados de Balears desde hace aproximadamente un año y medio, ofreció el servicio por teléfono, pero la magistrada Martina Rodríguez rechazó esta propuesta y pospuso la vista hasta ayer, cuando dejó la causa vista para sentencia. El responsable de comunicación de Seprotec aseguró entonces que la Gerencia de Justicia estaba satisfecha con sus servicios. Ayer, con la presencia de una traductora de francés, se celebró la vista, con lo que, a la espera del fallo, concluye un proceso judicial que comenzó hace seis años.