(Diario de Ibiza, 7/06/2013)

Un operativo conjunto de la Benemérita y la Policía Local inutiliza las cuatro puertas de entrada a la finca y solo se deja apto para el uso un pequeño paso para personas La propiedad alega la presencia de un enfermo para negarse a abrir

JOAN LLUÍS FERRER | SANT JOSEP. Un dispositivo formado por cinco números de la Guardia Civil y tres agentes de la Policía Local de Sant Josep, acompañados por técnicos del Ayuntamiento de este municipio, procedió ayer por la mañana a precintar y bloquear todas las vías de entrada a la finca de Can Lola y a inutilizar sus puertas mediante la colocación de cadenas, salvo una portezuela apta únicamente para la entrada y salida de personas, pero no de vehículos. De este modo, y dado que el perímetro de la finca está rodeado por una tapia, queda impedido físicamente el acceso de maquinaria o coches a Can Lola, salvo en el caso de la eventual rotura de los precintos, lo cual acarrearía automáticamente a la dueña del terreno responsabilidades delictivas penadas con prisión.

En una nueva muestra de la actitud desafiante que viene mostrando la propiedad, esta impidió el paso a los agentes de la autoridad y se negó a abrir la puerta de acceso principal cuando a las once de la mañana la Guardia Civil y la Policía Local, a bordo de cinco vehículos, se personaron en la finca para entrar en el interior y proceder a la retirada de la maquinaria y examen de las obras realizadas.

Con palabras cordiales pero categóricas, una persona que se identificó como «un empleado» comunicó a través del interfono que entendía la labor y el trabajo de las fuerzas de seguridad, pero que no iba a abrir. Además, alegó que en el interior había una persona que se encontraba enferma. Las fuerzas policiales le requirieron para que se identificara tanto él como la persona supuestamente enferma, a lo que este interlocutor se negó. En este momento, los agentes le anunciaron que iban a proceder al precinto de todas las entradas y le pidieron que si alguien debía abandonar la finca lo hiciera en ese momento, instante en el que salió una ambulancia y abandonó el lugar.

A partir de entonces, el dispositivo policial y los técnicos del Ayuntamiento fueron colocando precintos bien visibles y sellados oficialmente en todas y cada una de las puertas, al tiempo que instalaban cadenas de mediano calibre en el mecanismo de apertura para bloquearlo y dejar fuera de servicio estos accesos. La operación se repitió en las cuatro entradas de la finca y, una vez finalizada, hacia las doce del mediodía, el operativo se dio por finalizado.

Esta no es la primera vez que las entradas de Can Lola son precintadas por la autoridad. En todas las ocasiones anteriores, en que los precintos fueron colocados por la Policía Local, la propiedad los rompió y por ello fue denunciada por el Ayuntamiento ante los juzgados de Ibiza, que siguen diligencias contra ella.

El Consistorio de Sant Josep firmó el lunes una resolución por la que decreta la ejecución subsidiaria –es decir, por parte del propio Ayuntamiento– del derribo de todas las obras ilegalmente construidas en el interior de esta finca y que, por lo que se sabe, consisten al menos en cinco edificaciones, dos piscinas y una terraza.

Esta decisión municipal es fruto y consecuencia de la resolución del expediente sancionador 17/2010 que venía tramitándose desde ese año por las obras realizadas en Can Lola sin licencia municipal. Ese expediente ordena el derribo de todas las construcciones, al no ser legalizables. El Ayuntamiento desestimó en mayo un último recurso de la propiedad, aunque ahora ha acudido al contencioso-administrativo.

Precintos: El precedente de es Pouet de Talamanca

La actuación desarrollada ayer en Can Lola guarda numerosos paralelismos con el caso de es Pouet de Talamanca. En 2000, el Consell dirigido por Pilar Costa observaba impotente cómo la promotora de esa urbanización se negaba a acatar la moratoria urbanística dictada en la isla, y que también afectaba a ese sector. Finalmente, hubo de solicitarse el auxilio de la Guardia Civil para hacer efectiva la paralización. No obstante, esta fue violada y por ello los promotores fueron juzgados por un delito de desobediencia. Únicamente un fallo procedimental (enviar a Madrid una notificación en catalán, en vez de en castellano) les libró de las penas de cárcel previstas en el Código Penal.