(Diario de Ibiza, 17/01/2013)

El arquitecto técnico del Ayuntamiento de Sant Antoni se enfrenta además a una petición fiscal ocho años de inhabilitación

RAÚL SÁNCHEZ | IBIZA. El arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Sant Antoni fue juzgado ayer por informar favorablemente el 18 de junio de 2008, «con el más absoluto desprecio a la normativa aplicable» según el fiscal, unas obras proyectadas en una vivienda situada en suelo calificado como no urbanizable, en un terreno rústico protegido en un área rural de interés paisajístico (SRP-ARIP) en Sant Mateu.

El representante del Ministerio Público solicitó para el aparejador, el valenciano de 66 años M. A. M. M., dos años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. No tiene antecedentes penales.

Según la acusación, el propietario de la finca de Can Pou, situada en el polígono 3.1, 51 de Sant Mateu, el holandés de 41 años F. W. L. H., promovió entre marzo de 2005 y octubre de 2008 una obra sin ningún tipo de licencia. Para ello se amparó en un proyecto de reforma y ampliación de vivienda redactado por otra arquitecta ibicenca.

En la propiedad de F. W. L. H., que tiene una extensión de 9.435 metros cuadrados, existía una vivienda inicial de 52,50 metros cuadrados. El primer informe preveía una ampliación de 117,50 metros cuadrados sobre la rasante (habitación, cocina, baño, sala y un anexo) y 137,95 metros en el sótano. «Sí, F. W. L. H. tenía una licencia que debería ser de reforma y de ampliación de una vivienda unifamiliar aislada», explicó la arquitecta que concendió la primera licencia, que declaró en calidad de testigo. Su compañero y los otros dos acusados defendieron sus argumentos en la primera sesión del juicio, que se celebró el 12 de diciembre.

El fiscal pide tres años de prisión para F. W. L. H., el pago de una multa de 60.000 euros y que sea inhabilitado para profesión u oficio de promotor durante el mismo periodo de tiempo. Carece de antecedentes penales.

La ampliación de la casa se hizo, según explica el fiscal en el escrito de acusación, bajo la dirección técnica del también acusado F. N. R., ibicenco de 70 años de edad. Este hombre, cuyos antecedentes no constan en la causa, planificó una planta baja de 127,66 metros cuadrados y un sótano de 152,70 metros.

Parcela de menor superficie

Las obras, además de suponer una alteración de la configuración, distribución y funcionalidad, «que desvirtuaba por completo el proyecto inicial suponiendo una nueva vivienda respecto a la inicialmente planeada», según la acusación, no podían ejectutarse. El motivo, que la parcela no cumplía el requisito mínimo de tener 25.000 metros cuadrados. El fiscal recordó en sus conclusiones que esta condición está recogida en la Ley 1/91 de Espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de especial protección de Balears y en la norma 10, punto 1.3 b del Plan Territorial de Ibiza y Formentera.

F. N. R. se enfrenta a una condena de tres años de prisión, a ser inhabilitado para profesión u oficio de técnico director durante el mismo tiempo y al pago de una multa de 60.000 euros.

El fiscal apunta además que el aparejador autorizó el proyecto a sabiendas de que la finca tenía menos de 25.000 metros y de que no contaba con el informe previo y vinculante de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Ibiza. El 16 de junio de 2005, «de nuevo con el más absoluto desprecio a la normativa aplicable que obligatoriamente debía de conocer por razón de su cargo», autorizó este segundo informe, según la acusación.

En el juicio, un celador del Consell comentó además que, cuando inspeccionó las obras, observó un agujero en el que podrían estar planificando hacer una piscina. «No se trata de una construcción furtiva. Mi cliente (F. W. L H.) solicitó hasta tres licencias», alegó la defensa del propietario.