(Diario de Ibiza, 5/04/2012)

El abogado del Residencial afirma que solo se permitió derribar «cascotes y restos de fábrica de ladrillo» para ejecutar los anclajes de un muro • «No está en el proyecto ni tiene licencia», dice

E. RODRÍGUEZ | IBIZA El edificio en ruina de 26 apartamentos Residencial Vista Alebre, ubicado en la zona de sa Caixota donde en septiembre de 2005 se produjo un deslave del terreno, ya no existe. Ha sido borrado del mapa. Pero sin autorización de la propiedad ni proyecto ni licencia de demolición, según indica el abogado Josep Lluís Río, representante legal de los propietarios, que explica que comprobó por «sorpresa» a mediados de febrero que las máquinas estaban echando abajo la estructura del edificio.

La Junta de Compensación de la urbanización Vista Alegre encargó un proyecto de consolidación del terreno, presupuestado en casi 1,2 millones de euros, pero que, recuerda Ríos, no contemplaba el derribo del edificio. El Consistorio lo había declarado en ruina y había exigido a los propietarios que lo derribaran, pero accedió a posponer esta obra hasta que el terreno de la ladera estuviera consolidado. Los propietarios tienen interpuesto un recurso en los tribunales en contra del expediente en ruina. Defendían que el edificio se podía rehabilitar sin la necesidad de derribarlo.

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Javier Marí, desconoce si la demolición del edificio figuraba en el proyecto de consolidación de la ladera y contaba con la preceptiva licencia, pero, en contra de lo que manifiesta el abogado del Residencial, sostiene que el presidente de la Junta de Compensación, Fernando Corominas, le mostró un documento firmado por Ríos en el que éste autorizaba el derribo. «No sé si era para tirar todo el edificio entero», indica Marí. Este periódico trató ayer infructuosamente de recabar la opinión de la abogada de la Junta de Compensación.

Josep Lluís Ríos explica que el pasado mes de noviembre Fernando Corominas le informó de que para desarrollar las tareas de anclaje del muro de contención paralelo a la calle donde se encuentra el Residencial se precisaba derribar «la zona de trasteros y los aparcamientos». El abogado sostiene que el documento que firmó, y que este facilitó ayer a este diario, autorizaba a la Junta de Compensación «a acceder a la finca del Residencial para realizar, según las notas del director de la obra y el geólogo, una demolición controlada de los cascotes o restos de fábrica de ladrillo próximos a la plataforma de trabajo que pudieran caer sobre esta durante la ejecución de los anclajes». El resultado de esta demolición parcial se puede apreciar en la imagen de abajo a la izquierda. «No autorizamos el derribo de todo el edificio», recalca el representante del Residencial.

En todo caso, la nota adjunta del director de la obra, de 18 de noviembre, apuntaba que después de ejecutar los anclajes se recomendaba proceder a «la demolición de la totalidad de las ruinas existentes con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la actuación de consolidación realizada». «Solo tras la demolición, con resultado en las lecturas satisfactorio o con la introducción de las medidas correctoras en caso contrario, se podrá dar por terminada la actuación y emitir así el certificado final de obra», añadía.

No obstante, diez días después, la consultora de geotecnia contratada por la propiedad del Residencial, emitía un informe en el que consideraba conveniente ejecutar «una pequeña demolición en las proximidades de la plataforma de trabajo para los anclajes», pero no consideraba «técnicamente necesario proceder con rapidez a la demolición de la totalidad del edificio.