(Diario de Ibiza, 9/04/2011)

El derribo de la vivienda ilegal ha sido adjudicado a la misma empresa que demolió la de Michael Cretu

IBIZA | J. LL. FERRER La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep acordó en su reunión de anteayer adjudicar provisionalmente a la empresa navarra Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL los trabajos de demolición de la vivienda construida de forma ilegal hace veinte años en la cima del Puig d´en Serra, cerca de es Cubells. Al propio tiempo, el Consistorio ordenó el desalojo de la casa antes del día 2 de mayo.

En un comunicado hecho público ayer, el equipo de gobierno informa de que se ha dirigido un requerimiento a la empresa propietaria, Goettinger Vertiebsgesellschaft, para que «con anterioridad al día 2 de mayo de 2011 proceda al total desalojo de la vivienda situada en la finca Puig d´en Serra y a partir de esa fecha facilite su disponibilidad a la empresa adjudicataria para que se produzca la ejecución del proyecto de demolición y restablecimiento de la legalidad urbanística».

En la nota municipal se advierte de que «en caso de no cumplirse estos plazos, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria del desalojo», empleando sus propios medios.

Por lo que se refiere a la adjudicación de la demolición, ésta será llevada a cabo por la misma empresa que ejecutó el derribo de la casa de Michael Cretu en Santa Agnès. El presupuesto del concurso era de 145.383 euros, pero Erri-Berri se ha comprometido a hacerlo por 94.400 euros y en un plazo de solo tres semanas, por lo que los técnicos del Ayuntamiento han considerado que era la oferta más ventajosa de las presentadas.

Ahora, el acuerdo de adjudicación provisional será sometido a quince días de exposición pública, tal y como fija la ley, terminados los cuales el contrato será definitivo.

El Ayuntamiento de Sant Josep, al dar a conocer este acuerdo, destacó que «a pesar de las innumerables actuaciones judiciales de la empresa propietaria de la edificación, destinadas todas ellas a entorpecer y retrasar el proceso de restauración de la legalidad urbanística, finalmente se ha podido llegar a la culminación de todo este proceso», por lo que confió que «en las próximas semanas se pueda hacer efectiva la demolición de la vivienda ilegal», concluye la nota.

La construcción, de más de 300 metros cuadrados de superficie, fue concedida en el año 1992 por la comisión de gobierno del Ayuntamiento presidido por José Serra Escandell, a pesar de que los informes técnicos y jurídicos advertían de que se trataba de un suelo no edificable y protegido, tanto por las propias Normas Subsidiarias como por el resto de la normativa aplicable. Los ecologistas del GEN denunciaron la ilegalidad de la casa y el Consell emitió luego informes que lo confirmaron hasta que una sentencia de 2002 anuló la licencia.