(Diario de Ibiza, 16/02/2011)

La Fiscalía pidió el sobreseimiento al descartar los delitos de estafa y prevaricación

IBIZA | E. R. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Robles, ha decidido archivar la investigación abierta por el caso de las vivendas ilegales del edificio Residencial Punta Pinet, en Sant Josep, que incumplen el retranqueo de una finca colindante. La juez ha dictado un auto en el que se acoge a «los razonamientos» formulados por el fiscal para acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

La Fiscalía abrió la investigación al apreciar un posible delito de prevaricación ante el incumplimiento de la sentencia judicial que obligaba a restituir la legalidad infringida, incluso con la demolición. También entendía inicialmente que se podía haber producido un delito de estafa por parte de la constructora sobre los propietarios de los pisos. La constructora (Anglobalear S.L.) conocía la existencia del procedimiento judicial sobre la posible invasión de parte del edificio sobre el terreno de un vecino y no informó de ello a los compradores de los pisos, al menos a los que denunciaron los hechos en la Fiscalía. De hecho, la constructora se comprometió ante el Ayuntamiento de Sant Josep a ejecutar de forma «voluntaria» el fallo judicial. Posteriormente, en mayo de 2002, la Junta de Gobierno concedió el certificado de final de obra.

En todo caso, el Ministerio Público descartó provisionalmente el delito de estafa ya que de momento no se ha ejecutado la demolición de los pisos ilegales y el Ayuntamiento ha iniciado de expediente de revisión de oficio de la certificación emitida en diciembre de 1994 que avalaba «indebidamente» la segregación de la parcela, lo que supone el origen de la ilegalidad, con la idea de resolver el problema y legalizar las viviendas.

Como ahora resulta «difícil de predecir o pronosticar» si las viviendas van a ser derribadas, el Ministerio Público entendió que no concurre el delito de estafa. En cuanto a al delito de prevaricación, el fiscal apuntaba que existen «intereses particulares ajenos al conflicto» y que por ello el Consistorio trata de salvar y conciliar los derechos de todos, aunque conlleve «el sacrificio del interés público». De todos modos, el fiscal sostenía que, pese al archivo de la causa penal, se pueden pedir responsabilidades civiles o disciplinarias a la constructora. Los propietarios afectados aún no han decidido si recurrirán el sobreseimiento, según dijo ayer su abogado, Eduard Clavell.