(Diario de Ibiza, 7/01/2011)

La última apelación se basa en la nueva delimitación de los conjuntos históricos que deja sin protección el terreno

El Consell de Formentera está haciendo todo lo posible por la vía judicial para evitar demoler los tres edificios del centro comercial Sant Ferran, situado en el solar de Ca ses Castellones, donde existía una casa payesa catalogada y derruida. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del 4 de febrero de 2009 estima, de forma parcial, un recurso presentado por el arquitecto Salvador Roig, que anula el acuerdo del entonces Ayuntamiento de Formentera por el que se concedió la licencia de obras. La promotora pide una indemnización de cerca de 5 millones de euros como compensación que la institución insular quiere eludir.

FORMENTERA | CARMELO CONVALIA El Consell de Formentera está recurriendo a todas las vías legales posibles para no ejecutar la sentencia judicial que dicta la demolición de los tres edificios que componen el centro comercial Sant Ferran, levantado en el solar denominado Ca ses Castellones. La última actuación, tras al aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico en el pleno del 30 de septiembre de 2010, ha sido recurrir el auto del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma de Mallorca, que desestima la solicitud de «inejecución» de la sentencia de demolición dictada el 4 de febrero de 2009.

El Consell pidió en la primera quincena de octubre de 2010 a la sala de lo contencioso administrativo paralizar la ejecución de la sentencia, en base al cambio en la delimitación de los conjuntos históricos que afectan al entorno de las tres parroquias de la isla, recogido en el nuevo planeamiento urbano. Para introducir esos cambios, el equipo de gobierno de GxF-PSOE aprovechó el decreto 5/2009 de medidas especiales, aprobado por el Govern balear, que daba vía libre para fijar los distintos grados de protección en el entorno de las iglesias. En esa regulación el solar de Ca ses Castellones quedaba fuera de protección, y por lo tanto edificable, a pesar de estar a poco más de cincuenta metros del centro del conjunto histórico.

Ya no existe

Los argumentos esgrimidos por la administración insular para realizar esa modificación concreta se basan en que en ese terreno ya no existe (salvo una cisterna) ningún elemento patrimonial que deba ser protegido, ya que la antigua casa payesa fue demolida en 2006 con una licencia que otorgó el entonces Ayuntamiento de Formentera, siendo alcalde Juanma Costa (PP). Al mismo tiempo la comisión de gobierno municipal aprobó la licencia de construcción a favor de la promotora, Plaça Sant Ferran S.L., que liquidó la correspondiente tasa en base a un presupuesto de ejecución de obra de 507.586 euros.

Las autoridades locales justificaron entonces la concesión de la licencia en base al informe favorable emitido por la extinta Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico de Ibiza y Formentera.

Tanto el permiso para demoler la antigua casa como el emitido para levantar el centro comercial fue llevado a los tribunales por el arquitecto Salvador Roig. Roig mantiene el pleito abierto y ha solicitado la ejecución de la sentencia que le da la razón y que dicta «nulos los acuerdos» tomados al respecto por el Ayuntamiento de Formentera y declara que «procede la reposición de las cosas a la realidad anterior al amparo de la licencia anulada».

El conseller de Urbanismo, Bartomeu Escandell, reconoció que el Consell pretende, con esta nueva apelación pendiente de resolución, evitar el desembolso de dinero público para hacer frente a una indemnización millonaria que la promotora, Plaça Sant Ferran S.L., cifra en casi 5 millones de euros.

Escandell insistió en que el equipo de gobierno no se opone a la demolición de los edificios, sino que quiere evitar la repercusión económica que dejaría en una situación precaria a la primera institución insular. El conseller recordó que la realidad es que ya no existe ninguna casa que proteger en el citado terreno y que por ese motivo han dejado fuera del ámbito del conjunto histórico de Sant Ferran el terreno donde se levantan los edificios a demoler.

El demandante solicita medidas judiciales contra el presidente del Consell

FORMENTERA | C. C. En su firme decisión de llevar hasta las últimas consecuencias la sentencia de demolición de Ca ses Castellones, el demandante, Salvador Roig, ha solicitado al Juzgado que aplique medidas en contra del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer (como representante de la Administración), por no ejecutar la sentencia. Su abogado, Vital Gómez, explica que la reclamación se basa a un artículo de la Ley de lo contencioso administrativo que establece que en caso de que una persona sea «renuente» en la ejecución de una sentencia firme se le puedan aplicar «cualquier tipo de medidas» para que lo haga. Sin embargo, deberá ser el Juzgado el que establezca la magnitud de las mismas, si lo considera oportuno. Esa decisión podría traducirse en una sanción pecunaria, tal y como ocurrió con el alcalde de Sant Antoni en el caso Cretu.

Paralelamente, Roig ha presentado un recurso contencioso administrativo en contra de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias aprobadas por el pleno del 30 de septiembre del pasado año. Su impugnación tiene que ver con el tratamiento que reciben los conjuntos históricos de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola, al considerar que puede vulnerar la Ley de Patrimonio Nacional, que establece en el conjunto histórico una protección uniforme en un radio de 250 metros desde las iglesias.

El criterio seguido por el Consell de Formentera para redelimitar esas zonas en la nueva normativa urbanística ha sido establecer distintos grados de protección en los edificios y espacios del entorno de las iglesias. Para determinar el grado de importancia de los distintos elementos arquitectónicos ha aprobado un catálogo de los bienes patrimoniales declarados Bien de Interés Cultural (BIC).