(Diario de Ibiza, 18/11/2010)

El exarquitecto y el exconseller comparecen como imputados por la reconversión, en una zona inedificable, de unos corrales en ruina en vivienda

IBIZA | E. RODRÍGUEZ El exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta declaró el martes, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, José Espinosa, que informó favorablemente a la concesión de una licencia al exconseller y exdiputado Joan Marí Tur para ampliar en zona inedificable unos corrales de una finca de su propiedad (Can Geroni), situada en el camino de acceso a sa Talaia de Sant Josep, porque lo veía todo bien y así lo apuntaban, además, los informes de otros órganos de la Administración.

El exconseller que también compareció ante el juez como imputado se negó a declarar, según fuentes judiciales. El arquitecto contratado por Marí Tur para desarrollar el proyecto también declaró como imputado el martes en el juzgado y explicó, según las mismas fuentes, que la obra se ejecutó conforme a la licencia otorgada por el Consistorio.

La investigación se remonta a marzo de 2004 cuando los grupos del Pacto en el Consell y Sant Josep presentaron ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears una denuncia por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental continuada presentada contra Marí Tur por las obras presuntamente ilegales efectuadas en su finca.

La denuncia también implicaba al equipo de gobierno de Sant Josep, aunque solo se ha imputado al exarquitecto municipal Antonio Huerta, quien en 2009 pasó medio año en prisión provisional tras su detención en la llamada ´Operación Pitiusa´. En esta causa, que sigue en fase de instrucción, se investiga a Huerta por el supuesto uso de su cargo público en Sant Josep para lograr proyectos para su despacho privado y configurar una especie de monopolio del urbanismo de este municipio. También figuran como imputados por estos hechos la esposa de Huerta, su hijo y su nuera, entre otras personas, a los que se considera miembros de la supuesta trama montada por el ex arquitecto municipal para acaparar los proyectos arquitectónicos privados de Sant Josep. El Colegio de Arquitectos de las Pitiusas denunció los hechos y está personado en la causa.

El Pacto denunció en su momento que en 1997 Joan Marí Tur amplió más del doble la superficie inicial de unos corrales en ruina para reconvertirlos en una vivienda al amparo de una licencia de obra menor. La denuncia apuntaba que «casualmente», posteriormente, el conseller obtuvo licencia de obra mayor el mismo día en que la oposición denunció los hechos, lo que llevó a los denunciantes a afirmar que dicho permiso fue «fabricado presuntamente por la comisión de gobierno de Sant Josep».

Por encima de la cota 200

Transcurridos unos años, en 2003, según el relato de la denuncia, Joan Marí Tur volvió a solicitar una nueva autorización para ampliar de nuevo los corrales. El Consistorio concedió el permiso a pesar de que la zona se encuentra en un espacio protegido (ANEI) «por encima de la cota de 200 metros de altura, declarada absolutamente inedificable por la Ley de Espacios Naturales», según la denuncia.

Por estos hechos, el exconseller declaró en el juzgado en 2004, pero en calidad de testigo. El martes, en cambio, que lo hacía como imputado, se acogió a su derecho a no declarar, según fuentes judiciales. Este periódico trató ayer infructuosamente de recabar la opinión de Marí Tur, quien también figura como imputado en el caso del Plan Territorial Insular.

La investigación del caso de la casa de Marí Tur quedó bloqueada algunos años por los problemas del juzgado para encargar un peritaje de las obras. Varios expertos se negaron a hacerlo por el tiempo que se tarda en cobrar el trabajo. Un técnico que sí aceptó el encargo pidió el cobro por anticipado, un extremo no previsto en las causas penales. En todo caso, el informe pericial ya está hecho, lo cual ha permitido reactivar el caso con la declaración de los imputados.