IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ —¿Qué le parecen los cambios previstos en el PTI?

—Son responsabilidad del Consell. No tengo mucha opinión. Hay cosas que probablemente me gustaría que fueran de otra manera, como que se solucionara antes el tema de los [suelos] urbanizables. Los cambios en el PTI nos suponen un problema respecto a la tramitación de las Normas Subsidiarias, ya que al estar adaptándonos al que está en vigor, no sé hasta qué punto nos provocará un cierto retraso.

—Pero en cuanto al contenido de los cambios, ¿cómo ve que las masas forestales sean inedificables, al igual que las pendientes de más del 10%?

—Es absolutamente correcto que las zonas forestales sean inedificables. En Ibiza nunca se había edificado en el bosque. Otra cosa son los bosques de nueva creación por el abandono de fincas. Creo que para mantener el paisaje deberíamos tender a recuperar las zonas de cultivo, con sus elementos etnológicos tradicionales y las casas integradas en este conjunto. No debería haber la misma restricción para un bosque real, con su sotobosque, que para una zona invadida por pinos.

—¿Qué introduciría en el PTI?

—El PTI no puede hacerlo, pero en algún momento se debería plantear una redelimitación de las ANEI en Ibiza. Hay zonas que merecerían ser ANEI y no lo son y otras que deberían ser ARIP [Área Rural de Interés Paisajístico], como Benimussa. Siempre pensamos en el PTI como una ley urbanística cuando deberíamos acostumbrarnos a la gestión ambiental. El objetivo de una ANEI es que sea un espacio protegido con la mínima actividad humana y, por tanto, con más restricciones en sus usos. Los espacios agrícolas deben mantenerse como tales con una figura de gestión que podría ser la ARIP. Siempre hemos hecho urbanismo, nunca gestión ambiental y ahora por culpa de ello nos encontramos con el territorio un poco desordenado. Nos hemos pasado la vida discutiendo si en un terreno se puede construir con tantos metros y no en ver qué se puede hacer para mejorar los espacios protegidos.

—¿Qué tal es su relación con el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon?

—Correcta. No tengo mala relación con nadie en el mundo de la política. Eso creo y espero. Alguna vez hemos tenido alguna diferencia de criterio sobre cómo aplicar algo, pero eso es relativamente normal. Pienso que a veces las cosas desde el Consell se podrían hacer de otra manera, pero eso no implica que haya malas relaciones personales.

—¿Qué se podría hacer de otra manera?

—Más trabajo de colaboración y no tanto de persecución de lo que hacen los ayuntamientos. El Consell debería ofrecer ayuda y colaboración en vez de limitarse muchas veces a pedir un expediente y advertir de que, de lo contrario, se subrogará las competencias. Se debería ser consciente de la complicadísima situación urbanística de este municipio y tengo la sensación de que no siempre es así.

—¿Qué le parece la denuncia del GEN en Fiscalía contra el presidente Xico Tarrés por posible tráfico de influencias al negociar con los alcaldes del PP posibles cambios legislativos para solventar cuestiones de urbanismo?

—No la entiendo, la verdad. Tengo otra consideración del GEN. He colaborado con ellos muchas veces y les he ayudado en lo que he podido, pero hay cosas que no entiendo por qué las hacen. La obligación de los que gobiernan es buscar soluciones a los problemas.

—ExC ha introducido más cambios de los previstos por el PSOE. ¿Cree que puede ser contraproducente tensar demasiado la cuerda?

—Se han de cumplir los compromisos electorales, pero tampoco podemos suicidarnos políticamente. No podemos estar peleados continuamente y llegar a un posible acuerdo que implique que los sectores menos preocupados por el territorio estén molestos porque sólo se habla de eso y de que los más preocupados también estén molestos porque no se llegue tan lejos como ellos querrían. Creo que esto es un suicidio para los progresistas. Se debe relajar la situación, alcanzar un acuerdo pronto y demostrar que sabemos gobernar y que se puede llegar a pactos reales sobre esta cuestión

—¿Es posible legalizar los antiguos urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida sin declararlos urbanos, como defiende ExC?

—Yo entiendo que no. Estos terrenos tienen la consideración de urbano, con todos los servicios. Todo lo que se ha hecho allí está amparado en licencias. No entiendo dónde está la ilegalidad. Probablemente en que no se hicieron toda una serie de pasos previos, pero aquí [en el Ayuntamiento] había mucha documentación presentada que quizá no se tramitó. Se debe reconocer que son terrenos urbanos de hecho y los propietarios que en su momento no hicieron los deberes, si es posible, que los hagan: cesiones de terrenos, pagos de contribuciones especiales o los trámites previos que en su día no se hicieron. Esto se debe arreglar y centrarnos en proteger los territorios que valga la pena proteger. No entiendo cómo puede ser que estemos tres años discutiendo sobre si se debe declarar suelo rústico protegido un área llena de edificios.

—El conseller de Medio Ambiente, Albert Prats, asegura estar preocupado ante la posibilidad de que la recalificación de este espacio pueda dar pie a nuevos desarrollos en el área periférica de protección del Parque de ses Salines. ¿Existe este riesgo?

—Se ha de limitar bien qué espacio se declara urbano, que debe ser sólo aquello que esté consolidado. No se debe permitir que se crezca hacia el área del Parque. El Plan Parcial inicial iba mucho más allá, pero en nuestras Normas Subsidiarias ya prevemos que dichos terrenos sean de cesión pública y, por tanto, pasen a ser espacios libres para siempre, en el caso de que se apruebe nuestra normativa, claro.

—Se habla continuamente de la sentencia, pero antes el Consell aprobó una moratoria en la que ya especificaba que estos terrenos pasaban a ser rústicos. ¿Eran conscientes de las consecuencias?

—Se ha hablado mucho de la sentencia sin estudiarla ya que no dice que debe ser rústico sino que no se ha demostrado suficientemente que sean terrenos consolidados como urbanos y, por tanto, deja el tema un poco en el aire. Es cierto que la moratoria previa al PTI declara rústicos estos terrenos. Entonces presentamos un informe al Consell explicando el estado de consolidación de Platja d´en Bossa y Cala Tarida porque hay otras áreas afectadas sobre las que no tenemos nada que decir. Presentamos el informe para que lo tuvieran en cuenta, pero parece que no ha sido así.

—El PSOE mantiene una postura firme que coincide con la suya. ¿Se ha producido un cambio drástico o piensa que no era consciente de ello cuando se aprobó la moratoria?

—La conselleria de Territorio que redactó estas normas [la moratoria y ahora el PTI] no es del PSOE.

—Pero forman parte del mismo gobierno.

—Evidentemente. No puedo hablar por el PSOE. No lo sé. Puedo decir que todo el mundo en Sant Josep (ExC y el PSOE) ha tenido una posición unánime en torno a este tema.

—¿Cómo ve entonces la actitud que mantiene la coordinadora de ExC?

—Creo que en su momento no entendieron bien lo que se les proponía desde Sant Josep y poco a poco han ido comprendiéndolo.

—Pero ExC tiene muy claro que se debe arreglar sin declararlo urbano, en contra de su criterio y el del PSOE.

—Si son capaces de hallar una fórmula que permita que sin declararlos urbanos se arregle el problema sin generar el pago de posibles indemnizaciones, estaré encantado de escucharles. Pero de momento no he visto que nadie lo haya logrado.

—¿Estas diferencias han precipitado el distanciamiento de ERC con ExC?

—No. No ha habido acuerdo, pero no ha sido un tema fundamental. Las cuestiones más definitivas han sido de carácter general, más referentes al funcionamiento de la formación.

—¿Cuándo se aprobarán las Nomas Subsidiarias de Sant Josep?

—Me encantaría poder dar un calendario. Espero que se puedan aprobar antes del final de la legislatura, pero no puedo asegurarlo al cien por cien. Ahora estamos recibiendo los informes de todos los organismos. Todos tienen cosas que decir. Todo ello tiene que incorporarse a las normas y evaluar si implican o no cambios sustanciales para hacer una nueva exposición pública.

—¿Cree que se ha cometido una ilegalidad en la recalificación de los terrenos de Cala Molí vendidos por los hermanos Marí Tur? El GEN mantiene que podría haber un enriquecimiento ilícito.

—No opinaré sobre algo que está pendiente de una resolución judicial. El Ayuntamiento se halla ante un suelo con un PTI en vigor que dice que es urbanizable. No se discuten actuaciones del Ayuntamiento, sino del Consell a la hora de declarar estos terrenos urbanizables.

—¿Considera correcta la actuación del Consell?

—No lo sé. Si se ha abierto un proceso judicial será porque existen opiniones encontradas y debe ser suficientemente complicado. No me atrevo a dictaminar sobre algo así.

—Cuando se destapó el caso del ex arquitecto municipal Antonio Huerta se pensaba que se podía producir un colapso del urbanismo del municipio. ¿Al final ha sido así?

—Nos encontramos cierto colapso para resolver asuntos que habían quedado atascados ya que no se resolvían hacia un lado ni hacia otro.

—Me refiero a la herencia de posibles irregularidades que comprometan las decisiones del Ayuntamiento y a la amenaza de indemnizaciones.

—Siempre que encontramos una irregularidad, se abre un expediente, pero tampoco podemos ponernos a revisar todos los expedientes de hace 20 años. Ya nos cuesta suficiente tratar de poner al día el urbanismo... Huerta ha dejado una huella sobre el territorio que no se debería haber producido y que quedará para siempre. El urbanismo de Sant Josep siempre tendrá una cierta deuda negativa por lo que hizo este hombre. Huerta dejó un sistema de funcionamiento, que ya se estaba acabando al final del mandato del PP, de dividir las unidades de actuación en estudios de detalle para construir sin hacer cesiones urbanísticas, lo que ha llevado al caos a todas las zonas urbanas del municipio que no tienen equipamientos ni espacios verdes.

—¿Preocupa al Ayuntamiento el posible pago de indemnizaciones?

—Tenemos un montón de reclamaciones patrimoniales de personas con unas determinadas expectativas que eran desmesuradas y basadas en una situación irreal. En tiempo de crisis, nos encontramos con muchas promotoras que encuentran una posible salida para compensar sus pérdidas con la presentación de una denuncia contra la institución. Nosotros defenderemos el capital público e intentaremos no pagar. Bastaría que perdiésemos un juicio para tener un problema económico muy grave. Nos preocupa pero tenemos que convivir con ello. Nadie obtendrá una compensación [urbanística] más allá de lo que marca la ley porque algún día tuviera unas expectativas de lograr un beneficio mayor del que legalmente podía obtener.

—¿Por qué se ha dado ahora el paso de anunciar la desvinculación de ERC de ExC después de este mandato?

—Por muchas razones. Primero porque lo ha decidido el propio partido, pero también porque era el momento correcto. Nos mantendremos en ExC hasta 2011 y no crearemos ningún problema institucional. Pero queremos ser claros y si ExC no funciona, hay que decirlo con honestidad y comunicar a nuestros compañeros de viaje que nos encontraremos de otra manera, pero no con esta fórmula. En lo que queda de legislatura nos centraremos en el día a día dejando de lado las disputas de cómo debe ser ExC.

—¿Qué ha fallado?

—ExC no se ha consolidado como una fuerza autónoma y con proyección propia para Ibiza. Se ha quedado en una posición relativamente residual. Y la otra causa que nadie puede esconder es que ha habido enfrentamientos continuados entre gente que tenía otras visiones de cómo debía ser ExC. Esto acaba cansando y desgastando. No se puede estar continuamente en conflicto. No ha funcionado la necesidad de pactar las cosas previamente entre un grupo de gente que formaba la izquierda que luego discutía otra vez con el PSOE, con lo cual era una doble discusión algo absurda.

—Carod-Rovira asegura que sería un error que la izquierda al final no acabe sumando. ¿Lo ve así?

—Probablemente. Cada convocatoria electoral es un mundo y se debe evaluar qué opciones se presentan. Aún no sabemos cual será el escenario político en 2011, pero un camino posible, que espero, es que pueda volver a haber unidad de las fuerzas progresistas.