(Menorca, 4/06/2010)

El conseller de Ordenación del Territorio dice que el organismo insular no ha tramitado ningún caso de disciplina urbanística que haya caducado en el Consistorio de Ponent

El presidente del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico, Joan Marquès, niega que el organismo insular haya asumido la tramitación de ningún expediente procedente del Ayuntamiento de Ciutadella. De hecho, el también conseller de Ordenación del Territorio niega la existencia de casos que hayan pasado al Consorcio después de que haya caducado en el Ayuntamiento de Ciutadella. “Desde que el Consistorio entró en el Consorcio, se han abierto expedientes en Ciutadella, pero no hemos asumido ningún caso que tramitara el Consistorio con anterioridad a su ingreso en el organismo”, explica Marquès [Nota de Disúrbia: ja explicàrem ahir que no és el mateix un expedient caducat que un expedient tramitat pel Consorci per passivitat de l'ajuntament].

Joan Triay, concejal de UPCM, explicó el martes -y reiteró ayer- que tiene constancia de varios expedientes de disciplina urbanística tramitados por el Ayuntamiento que han caducado, y alertó de que si se reabren estos casos, deberán ser tramitados por el organismo insular, con lo que los ingresos que se pudieran generar por las sanciones económicas no recaerían en el Consistorio, sino en el ente supramunicipal. Ante esta posibilidad, Triay pidió que se derivara el dinero recaudado al Ayuntamiento de Ciutadella, algo que no procede, según Joan Marquès. “El Consorcio es un ente con personalidad jurídica propia, en el que se separa la procedencia y el destino de una sanción, es decir, que si la infracción se comete en Ciutadella, el dinero de la sanción no se destina a esta población, sino a los objetivos genéricos del Consorcio, que son la restitución ambiental y paisajística”, comenta el conseller.

JOAN TRIAY INSISTE

Por su parte, Joan Triay reiteró ayer que “hay expedientes que han caducado, más de lo que sería normal y deseable”. Además, el concejal de UPCM insiste en que “el problema es que si se quieren reabrir estos casos, las posibles sanciones las cobrará el Consorcio y no el Ayuntamiento de Ciutadella, y esto podría producir un agujero económico importante en el Consistorio, que tiene presupuestado este año 1,2 millones de euros en este concepto”. Triay insta a la alcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero, a que explique “cuánto espera ingresar este año en concepto de sanciones urbanísticas, y cuánto el próximo año”.