(Diario de Ibiza, 27/03/2010)

Cuando está a punto de terminar el plazo de cuatro meses para que se restableciera la legalidad en este grupo de apartamentos, el alcalde afirma que está «dispuesto a cumplir la sentencia»

IBIZA | J. LL. F. A pocos días de que venza el plazo concedido por un juzgado de Palma para que el Ayuntamiento de Sant Josep restablezca la legalidad jurídica infringida en el Residencial Cala Pinet, en la bahía de Portmany, los vecinos de la zona anunciaron que tienen previsto pedir a dicho juzgado que empiece a aplicar las sanciones de 1.000 euros mensuales con que amenazó al alcalde si no ponía fin a la situación de estos apartamentos.

El plazo de cuatro meses otorgado por el juez vencerá la próxima semana y los vecinos aseguran que de momento no se ha cumplido el auto del 24 de noviembre –notificado pocos días después– en el que se ordenaba cumplir una sentencia anterior de 2006. Ese fallo declaraba ilegal parte de esos apartamentos y emplazaba a restablecer la legalidad, incluyendo, si fuera el caso, la posible demolición.

«El juez lo que dice es que el Ayuntamiento tiene que tramitar un expediente de disciplina urbanística de forma inmediata y, en cambio, lo que está haciendo el Consistorio es todo lo contrario, pues llevan retrasando este tema cerca de un año», afirmó Eduard Clavell, abogado que representa a los afectados.

Clavell afirmó que sus clientes prefieren que se derribe lo afectado por la sentencia –parte de cuatro apartamentos de este grupo residencial–, pero reiteró que en cualquier caso el Ayuntamiento debe abrir un expediente «con la máxima urgencia».

Una de las vecinas explicó a este periódico que el equipo de gobierno «ha demostrado una desidia total, porque el auto dice que tenían que llamar a las partes y no ha habido ninguna reunión».

«Quieren legalizar algo ilegalizable, pero les ha pillado el tiempo y se les ha terminado», afirmó la misma afectada.

"Queremos cumplir la sentencia"

El alcalde de Sant Josep afirmó ayer: «Queremos cumplir la sentencia». Y añadió: «Si hemos de iniciar un expediente urbanístico para tirar parte de la edificación, tendremos que hacerlo», aunque advirtió de que entonces podrían aparecer nuevos conflictos. «Me gustaría cumplir esta sentencia, pero intentaré hacerlo de la forma que resulte menos perjudicial para los intereses del municipio», agregó el alcalde, quien recordó que toda esta controversia arranca de la anterior etapa del PP. Josep Marí Ribas dijo que «el edificio se construyó legalmente, lo que fue ilegal fue segregarle un trozo de parcela». Añadió que ha pedido un informe al Consell Consultiu de Balears, pero afirmó que aún no se ha recibido contestación, como tampoco tiene constancia de novedad alguna desde el juzgado. | j. ll. f.