(Diario de Ibiza, 4/12/2009)

Un juzgado de Palma le insta a demoler parte del Residencial Cala Pinet en cuatro meses. Marí Ribas dice que esperará a que se le envíe una aclaración

SANT JOSEP | J. LL. FERRER. La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca, Sonsoles Lloría Gómez, ha emitido un auto en el que requiere al alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, a que «en el plazo de cuatro meses» adopte las medidas necesarias para «el cumplimiento íntegro» de una sentencia emitida en 2006 que obligaba a demoler la parte de los apartamentos Residencial Cala Pinet que invaden un retranqueo.

Si en ese plazo no se ha producido la demolición, la juez advierte de que se actuará «sobre la persona del alcalde de Sant Josep y, en su caso, demás miembros del consistorio municipal», mediante «la imposición de multas pecuniarias coercitivas sobre su patrimonio particular, previa audiencia a los afectados, a razón de 1.000 euros mensuales los tres primeros meses de incumplimiento, y a razón de 600 euros semanales los siguientes, hasta el total cumplimiento de lo acordado».

Al propio tiempo, el auto requiere a la secretaria municipal para que «dé cuenta ante la corporación y pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que haya, del contenido de esta resolución». El auto lleva fecha del 24 de noviembre pasado, pero fue recibido anteayer en el Consistorio.

Esta es la segunda vez en los últimos meses que un alcalde ibicenco es requerido por los juzgados a derribar una obra ilegal, con apercibimiento de fuertes sanciones sobre su patrimonio particular. El precedente de este caso es el de José Sala, alcalde de Sant Antoni, que demoró el derribo de la vivienda ilegal de Michael Cretu en Santa Agnès, y por ello llegó a hacer efectivo el pago de varias multas.

Convenio entre las partes

Los hechos que originaron esta situación arrancan de la anterior etapa municipal presidida por José Serra Escandell. Bajo su mandato se aprobó un convenio mediante el cual todas las partes implicadas acordaron la regularización de la situación creada por la infracción cometida al ocupar los apartamentos un retranqueo que debía quedar libre.

Sin embargo, los tribunales consideraron que ese convenio no debía impedir el derribo de lo construido ilegalmente. Aunque el actual Ayuntamiento de Sant Josep no había adoptado ninguna medida para llevar a cabo el derribo solicitado, el nuevo auto viene a zanjar la controversia, al obligar de manera categórica la ejecución de ese derribo, que afecta a varios apartamentos ya habitados en ese bloque.

Marí Ribas anuncia que recurrirá

SANT JOSEP | J. LL. F. El alcalde de Sant Josep admitió ayer su «preocupación» por el contenido del auto que le advierte de posibles multas periódicas si no lleva a cabo el derribo de los apartamentos ilegalmente construidos en este bloque de Punta Pinet. «No me gusta», admitió.

El alcalde aseguró que en 2008 remitió al juzgado una petición solicitando «una aclaración» sobre la forma de solucionar el conflicto. Según explicó ayer Marí Ribas a los periodistas, el Ayuntamiento se dirigió al juzgado para preguntar si con la revisión de oficio de la segregación efectuada en su día en esta parcela podría considerarse ejecutada la sentencia. Sin embargo, el alcalde afirma que todavía no ha recibido respuesta. «Vamos al juez y le preguntamos: ¿nos puede decir usted si cumpliremos la sentencia haciendo esto? Y resulta que sin contestarnos a esto nos envía el auto de ahora» [Nota de Disúrbia: Idò està ben clar que ja ha contestat, no?].

El equipo de gobierno señaló que cabe la presentación de un recurso, que será redactado y elevado dentro del plazo establecido. A la pregunta de si dicho recurso detendrá la obligación de cumplir el derribo en los plazos establecidos en el auto, Marí Ribas confió en que sí lo detenga.

«Habrá que acatarla, aunque creemos que estamos en una cierta indefensión, porque tenemos derecho a que se nos conteste a lo que presentamos» ante los juzgados, manifestó.