(Diario de Mallorca, 1/07/2009)

Los residentes de las obras ilegales de Son Anglada se sienten desamparados ante la precipitación de los hechos

F. HORRACH/ J. CAPÓ. PALMA. Una pareja de policías llegaba hace una semana al número 14 de la calle Tarragona, en Son Anglada, para elaborar un censo de las viviendas que hay repartidas en parcelaciones ilegales de este terreno. "Desde entonces estamos en vilo, no sabemos nada", reconocía uno de los residentes que vive aquí con sus padres, desde hace 22 años. "No entendemos por qué ahora nos vienen con esto. ¿Por qué nos tiene que tocar a nosotros con la cantidad de casas que hay en la misma situación?", se lamentaba.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictaba a principios del pasado junio una orden de demolición para las obras que dividieron ilegalmente este suelo rústico en 1987. Pero tras tanta demora, estas porciones de tierra ya se han convertido en hogares con historia propia, cuyos personajes se han quedado ahora en suspenso.

"Sabía que no era muy legal cuando la compré, pero como la mayoría de casas por aquí. No se me ocurrió que me pudiera pasar nada", reconocía otro de los propietarios que apenas lleva un año residiendo en una de estas casas. No obstante, se muestra indignado cuando piensa que la denuncia que ha motivado todo este revuelo proviene de la asociación de vecinos de Ses Cases de Son Anglada. "No los conocemos, nunca hemos tenido problemas con ellos. Pero no es justo. En esta zona no hay ningún propietario antiguo que no haya hecho ampliaciones ilegales", sentenciaba.

Lo curioso es que este expediente de infracción contaba desde el año 2000 con sentencia firme del TSJB. Aunque, tras el retraso de aplicación municipal, se ha convertido en una orden de obligado cumplimento coercitivo para la alcaldesa, Aina Calvo, quien deberá pagar con su patrimonio personal una multa de 1.000 euros mensuales durante los tres primeros meses, y de 600 euros semanales, posteriormente, si no se ejecuta lo acordado antes de un plazo de 24 meses.

"Estamos muy asustados. Todo está siendo muy precipitado", se apenaba, Crimilda R. que desde hace siete años vive con su marido y tres hijos en una casa afectada. "Nos sentimos engañados. Nos ofrecieron una propiedad, pero no sabíamos bien dónde nos metíamos. Nos sentimos desamparados". Por esta ignorancia, no entiende por qué la sentencia va contra gente trabajadora. "Vivimos aquí porque no podemos permitirnos otra cosa", alegaba. Ahora, se siente una víctima indirecta del especulador de este terreno. "El derribo es por la parcelación, pero ahora irá contra nuestras casas", auguraba.

Esta desesperación se mezclaba también con el disgusto de Mariano Martínez. "Ningún propietario sabía nada de esta sentencia. No han contado con nosotros", comentaba. Fue de los primeros en construir su casa en una de estas parcelas, en 1987. Ahora ha cedido la casa a su hijo, pero continúa viniendo a cuidar del huerto y de los animales. "Aquí todos cultivamos algo, lo hemos regenerado. Si derriban nuestras casas quedará yermo, sin nada".

Como presidente de la asociación de vecinos –legalmente constituida– hasta esta misma semana guarda los papeles de su lucha burocrática: estudio de impacto ambiental, permisos de instalación eléctrica, alegaciones al PGOU, impuestos.... "En aquella época todos hacían parcelas ilegales. No éramos tontos, pero desde el primer día hemos luchado por legalizarlo, no nos hemos dormido, no hemos pasado de todo". Ahora no entiende por qué se han mezclado las cosas, pues las casas han tenido sanciones por expedientes de infracción, pero a ninguna le había llegado el punto de ordenar el derribo. "Es muy turbio, no sé quién ha querido levantar todo esto ahora", protestaba.

Calvo critica que la aplicación se haya retrasado ocho años

La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, críticó ayer que la orden de derribo para la parcela de la calle Tarragona, en Son Anglada, se haya parado durante ocho años desde la sentencia del año 2000, y tratándose de un expediente abierto en 1987. "Una buena gestión municipal debe hacer un esfuerzo de agilización administrativa", criticó.

En este sentido, informó de que Cort presentará un recurso de súplica para aclarar "lo más rápido posible" el alcance de la sentencia: si la orden para la parcelación afecta también a las construcciones de su interior. Calvo aclaró que este recurso implicará una demora de ejecución, pero no es para atrasar su aplicación, sino para actuar con "completa seguridad jurídica".