(Diario de Ibiza, 21/07/2009)

La construcción sin licencia de un inmueble de más de mil metros en Cala Mestella, que incumple la Ley de Costas, la LEN, el PTI y el plan municipal, podría suponer un delito contra la ordenación del territorio

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ. La Fiscalía de Ibiza ha solicitado en los juzgados que se abra una investigación en torno a la construcción ilegal de una mansión en Cala Mestella vinculada a las amenazas denunciadas por el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, y el teniente de alcalde, Mariano Juan. Se trata de una vivienda unifamiliar de 556 metros cuadrados en planta baja y unos 467 metros más en el piso superior con una altura de ocho metros y una piscina exterior de 150 metros cuadrados construida sin licencia tras la demolición de otra preexistente de 450 metros cuadrados en zona de dominio público de la Demarcación de Costas.

El Ayuntamiento de Santa Eulària y Amics de la Terra denunciaron estas obras en la Fiscalía, que considera que, al tratarse de un espacio protegido, podrían ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio. La parcela en la que se ubica la construcción ocupa parte de suelo rústico común y forestal y un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), aparte de invadir el límite de servidumbre de protección de Costas. El Consistorio, que llegó a precintar las obras, impuso una cuantiosa sanción económica al promotor de la edificación por ejecutarlas sin la correspondiente autorización.

Vivienda ilegalizable

El fiscal entiende que se ha construido una nueva vivienda, y no una ampliación de la preexistente, y apunta que el informe de la arquitecta de Santa Eulària señala que la casa es ilegalizable por incumplir la Ley de Costas, la Ley de Espacios Naturales (LEN), el Plan Territorial Insular (PTI) y las Normas Subsidiarias del municipio. El Ministerio Público solicita la imputación del administrador de la sociedad que ha llevado a cabo las obras y la de todas aquellas personas que hayan participado, así como una inspección ocular de la edificación.

Al parecer, las amenazas que el alcalde y del teniente de alcalde de Santa Eulària denunciaron haber recibido estarían relacionadas con la paralización de estas obras. La Guardia Civil llegó a detener a dos personas por este asunto, una de ellas agente de la Policía Local de Sant Antoni. El constructor, que se encontraba en la República Dominicana cuando se produjeron las detenciones, declaró como imputado al regresar a la isla y quedó libre con cargos. Se le retiró el pasaporte.

La investigación de este caso, que sigue su curso y que es independiente de la que abre ahora la Fiscalía, salió a la luz en enero. El constructor había trabajado en varios proyectos con un ingeniero que estuvo contratado puntualmente por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Este último, según fuentes del caso, descubrió que el constructor hacía, presuntamente, «trabajos ilegales» relacionados con la reforma de viviendas sin licencia.

Al parecer, el constructor le amenazó y exigió 120.000 euros o haría público un expediente cuyo contenido no ha trascendido todavía. Motivado quizá por la paralización de la obra de Cala Mestella, según algunas fuentes, el constructor orquestó, presuntamente, una trama de amenazas contra Vicent Marí y Mariano Juan. Ambos recibieron una carta supuestamente remitida por el ingeniero que decía: «Estamos con la mierda hasta el cuello», además de un CD con una grabación en la que Marí, Juan y el ingeniero, presuntamente, comentaban la existencia de alguna licencia a la que faltaban trámites.

Otra vivienda ilegal en Sant Mateu

IBIZA | E. R. El Ministerio Público también ha abierto otra investigación por la construcción ilegal de otra vivienda unifamiliar en la finca de Can Pou, en Sant Mateu, en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). En este caso se trata de la construcción de un inmueble nuevo sin licencia de obra en una parcela de 9.435 metros cuando la superficie mínima para edificar en esta ámbito de protección es de 25.000 metros cuadrados.

La propiedad alega que las obras consisten en la ampliación de una vivienda anterior, pero la Fiscalía entiende que no es así, dado que partiendo de una casa inicial de 55 metros cuadrados, legalizada en el año 2006, se levantó otra con planta baja de 127 metros, sótano de 152 y piscina de 55 metros. El fiscal recuerda que el PTI señala que no tendrán la consideración de ampliación de una vivienda «aquellas que supongan edificios en configuración, distribución y funcionalidad que desvirtúen la edificación preexistente».

Se da la circunstancia de que un técnico del Ayuntamiento de Sant Antoni informó favorablemente a la concesión de la licencia. El fiscal cree que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, por lo que solicita al juez que lo cite a declarar en calidad de imputado. No obstante, los servicios jurídicos del Ayuntamiento entendieron que se trataba de una construcción nueva, por lo que el expediente se remitió al Consell de Ibiza, que es al que compete autorizar obras en suelo protegido. El celador del Consell hizo un informe en el que advertía de que el cartel identificador de la licencia de obra municipal, entre otras cosas, se refería a otra autorización, la que fue concedida en 2006 para legalizar la vivienda de 52 metros cuadrados preexistentes, pero no a las obras en marcha.

Al tratarse de una ARIP, el fiscal considera que se podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, por lo que también solicita al juez que el promotor declare en los juzgados en calidad de imputado. Asimismo, pide que se requiera a una arquitecta del Consell para que emita un informe que ayude a resolver si las obras pueden considerarse una ampliación o, por el contrario, la construcción de una vivienda de nueva planta.