(Diario de Ibiza, 6/06/2009)

Las denuncias se corresponden a revocaciones de licencia en las zonas más conflictivas del municipio y en casi una decena de casos los propietarios exigen responsabilidades económicas a la Corporación

EIVISSA | ALBERTO FERRER El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, explica que la Corporación se enfrenta a «más de 40 demandas», varias de ellas con «peticiones de responsabilidades patrimoniales», por las decisiones que ha tomado el equipo de gobierno del PSOE-ExC desde que tomó las riendas de esta Administración local. En la mayoría de casos, según detalla el primer edil, se trata de «actuaciones en suelo rústico por decisiones de privación de edificaciones» que se han adoptado en sus dos años de mandato «por moratorias, denegaciones o revocaciones de licencia en aplicación de los nuevos criterios urbanísticos del equipo de Gobierno».

Además del recurso contencioso para que los tribunales deroguen resoluciones municipales contrarias a sus intereses, el Ayuntamiento se enfrenta a ocho demandas judiciales en las que directamente se reclaman indemnizaciones al Consistorio por un supuesto lucro cesante, según explicaba el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats.

La lista seguramente se ampliará en los próximos meses, porque además de las querellas formales, el Ayuntamiento ha recibido «varios escritos de reposición» como paso formal previo a la exigencia de responsabilidades patrimoniales por vía judicial, detalló Prats. La querella se sustanciará si el Consistorio ratifica su decisión inicial y desestima las pretensiones del particular que alega un supuesto perjuicio.

La mayoría de estas demandas se corresponden con las zonas que más conflictos urbanísticos han desencadenado en el término municipal: «en Cala Molí, Cala Tarida, Cala Vadella, sa Caixota o es Cubells». Se trata de actuaciones en áreas que ya fueron motivo de enfrentamiento entre el equipo que entonces presidía José Serra Escandell (PP), que permitió su desarrollo, y los progresistas, que ocupaban la oposición y denunciaron la ilegalidad de construir en estos espacios.

En varias de estas zonas se alegan perjuicios ocasionados por la moratoria urbanística decretada para la tramitación de las nuevas Normas Subsidiarias. En algunos casos la Corporación considera que no puede autorizar la edificación y en otros casos se ha estimado que el solar afectado no es construible por la ausencia de algún trámite en los intrumentos de ordenación.

Con todo, Marí Ribas considera que la Corporación se enfrenta a un número de demandas «exagerado», aunque confía en la labor de los servicios jurídicos municipiales para que ninguna de estas querellas le acabe costando nada a las arcas municipales.

La nueva política urbanística que aplicarán los progresistas se sustancia en las Normas Subsidiarias. El alcalde no cree que la nueva delimitación de suelos urbanos acarree mayor conflictividad, ya que se trata de aplicar lo existente y ordenar el crecimiento previsto, «haciendo lo que manda la ley y recibiendo las compensaciones previstas» en el entorno de «urbanos consolidados».

En terreno rústico se aplican «restricciones importantes» para la construcción de nuevas promociones. Por último, en los urbanos consolidados, Marí Ribas asume que se tendrá que realizar «una inversión importante» para arreglar los desaguisados del pasado y evitar un deterioro de estas zonas indeseado por el Consistorio.

Indemnizaciones de ida y vuelta

EIVISSA | A. F. F. El Ayuntamiento de Sant Josep ha derivado al juez instructor de la presunta trama de corrupción urbanística orquestada por el ex arquitecto municipal Antonio Huerta las reclamaciones patrimoniales que les exige la promotora de uno de los edificios informado favorablemente por Huerta en contra de la normativa territorial vigente.

La empresa, Medi SL, formalizó su querella recientemente. Según explicó el alcalde, Josep Marí Ribas, cuando se le dio cuenta de esta actuación al Ayuntamiento, se decidió trasladar la reclamación al juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa para que dirija la reclamación patrimonial a Huerta, a pesar de que no emitió ningún informe en este caso. Su nuera, Pilar Fernández, también imputada en esta trama, es la arquitecta que firmaba el proyecto, una promoción en Cala Molí que invadía parcialmente una zona de máxima protección territorial, clasificada como ANEI.

Las obras fueron paralizadas parcialmente por el Ayuntamiento en 2006 –la orden sólo afectó a las obras en área protegida–, cuando todavía gobernaba el PP y tras la denuncia de los ecologistas del GEN formalizada en 2005.

En un primer momento, el Consistorio justificó la legalidad de las obras. Tras un informe topográfico inicial, ratificado en un segundo dictamen, se confirmó que la promoción superaba las previsiones del proyecto autorizado en 2002. En 2004 la promotora intentó ampliar ese diseño aunque el equipo de gobierno de entonces lo denegó.