(Diario de Ibiza, 18/05/2009)

El total de reclamaciones patrimoniales de empresas a las que se deniegan licencias equivale a toda la inversión municipal de un año. Sólo la promotora de sa Caixota exige el pago de 12 millones de euros

EIVISSA | J. LL. FERRER El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep, Josep Antoni Prats, aseguró ayer que los presupuestos municipales quedarían seriamente comprometidos si se aceptaran las reclamaciones patrimoniales que varias promotoras urbanísticas han presentado ante los juzgados por licencias que el Consistorio, en aplicación de la normativa vigente, les ha denegado. «Espero que no perdamos ni uno de estos casos, porque sólo con uno de ellos podríamos cerrar el Ayuntamiento», ironizó en alusión a la demanda interpuesta por los promotores de la urbanización de sa Caixota, que piden casi 12 millones de euros por las restricciones impuestas en el desarrollo de este sector. A título comparativo, Prats recordó que el presupuesto municipal para 2009 totaliza 24 millones de euros.

En unas jornadas sobre ´El urbanismo del futuro´ que organizó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el concejal de Sant Josep señaló que esta situación no es exclusiva del municipio de Sant Josep, y recalcó que gran parte de dicha situación se debe a la multiplicidad y disparidad de leyes que se han de aplicar, a veces «contradictorias» entre sí e interpretables en varios sentidos.

Otra de las reclamaciones patrimoniales más relevantes que están aún pendientes de resolver por los tribunales es la que ha presentado la promotora de la urbanización de Cala Molí que invadía una zona protegida y fue paralizada por el Consistorio, aún bajo mandato del PP.

A pesar del generoso crecimiento urbanístico que permitió el anterior equipo de gobierno, Prats dijo que Sant Josep «apenas tiene un metro cuadrado de suelo público», porque el PP se dedicó a eximir a los promotores de estas cesiones mediante la figura legal de los estudios de detalle. Fruto de esa situación, «en las nuevas Normas Subsidiarias tendremos que crear algún nuevo suelo urbano para poder tener solares de cesión pública», explicó.

Por ello, y pese a la expansión urbanística experimentada por Sant Josep, «hemos acabado siendo un municipio pobre, puesto que no hay una calidad de servicios comparable al dinero que entró en el Ayuntamiento por el pago de licencias de obras». «Por el contrario, hay barrios sin aceras, sin alcantarillado, sin alumbrado público...», relató. Ello obliga ahora al Ayuntamiento a dotar de estos servicios, lo que obligue probablemente a crear contribuciones especiales, según advirtió Prats.

En su intervención, el concejal consideró de la máxima prioridad «simplificar» la actual «multiplicidad de leyes urbanísticas» que son de aplicación sobre el territorio, y que, por la confusión que a veces crean, «son campo abonado para los especuladores». «Hay que hacer tabla rasa», señaló Prats, al objeto de terminar «con la judicialización del urbanismo que hay actualmente; al final, los que deciden son los jueces». «Alguien en el Parlament debería tomar la iniciativa», agregó.

El contrapunto de un pueblo catalán

EIVISSA | J. LL. F. La alcaldesa de la localidad barcelonesa de Santpedor y diputada en el Parlament de Catalunya, Laura Vilagrà, explicó en las jornadas de ERC de Eivissa y Formentera la gestión urbanística que se aplica en este pueblo de unos 7.000 habitantes.

Frente a la multiplicidad y confusión de leyes urbanísticas que había denunciado Prats en el caso de Eivissa, Laura Vilagrà señaló que en Catalunya en general y en Santpedor en concreto no existe este problema, pues se aplican una serie de normas claras, que hacen que «no haya problemas con las licencias» ni tampoco con los promotores urbanísticos.

La alcaldesa de ERC explicó la actual tramitación de su Plan General de Ordenación Urbanística, en el que ha habido «mucha participación pública» y en el que se han incluido las observaciones de la Agenda 21. «Es un municipio sostenible», afirmó Laura Vilagrà, quien se declaró «alucinada» por la descripción urbanística de Sant Josep realizada antes por el concejal de este municipio.

La política catalana recalcó su apuesta por desvincular el concepto de desarrollo económico con el de crecimiento urbanístico, al objeto de evitar la destrucción del territorio.

Por su parte, la diputada de ERC en el Parlament balear, Esperança Marí, señaló que «el urbanismo no se puede desligar de la defensa del país, en un todo coherente y cohesionado». Para Marí, «cualquier planificación que se se haga, cualquier gran proyecto, pasa por conseguir la financiación necesria y éste es uno de los aspectos que nos queda por cubrir aún en Balears».

La jornada incluyó una visita al Parque Natural de ses Salines.