(Diario de Ibiza, 31/03/2009)

El ex asesor legal del ex alcalde, José María Roig Vich explica que desaconsejó dejar de aplicar el polémico PDSU para «evitar responsabilidades patrimoniales», a pesar de la sentencia que lo anuló

EIVISSA | ALBERTO FERRER. El juicio por la urbanización ilegal de ses Torres, en Jesús, que ha sentado en el banquillo al anterior alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, al ex concejal de Urbanismo, Vicent Riera, a tres técnicos municipales de su etapa al frente de la Corporación y al promotor de esta urbanización, Germán Vázquez, todos ellos acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio, comenzó ayer en Eivissa con el testimonio de los acusados y de dos testigos de la acusación particular que ofrecieron versiones bien distintas de los hechos, que examina el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, presidido por la juez Clara Ramírez.

Tanto Guasch como Riera negaron tener conocimientos de urbanismo y reiteraron que siempre se guiaron por los informes de los técnicos de la Corporación. El que fuera teniente de alcalde y presidente de la comisión informativa de Urbanismo aseguró que no tenía delegadas las competencias en esta área y culpó a la prensa de la confusión. Su cargo debería ser «el de concejal de Obras», dijo.

Lo más novedoso que se escuchó en el primer día de los tres que debe durar la vista oral lo dijo el ex alcalde y lo amplió el que entonces era su asesor legal, José María Roig Vich, también acusado. El ex cargo de confianza advirtió en sus informes a Guasch que, en caso de dejar de aplicar el Plan de Delimitación de los Suelos Urbanos (PDSU) del municipio, se incurrirían en posibles responsabilidades patrimoniales, «mayores que en la mansión de Cretu».

Buena parte de los interrogatorios se centraron en el amparo legal que tenía la urbanización de ses Torres. El PDSU, recordó Guasch, fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo y sólo podría suspenderlo el Consell, como heredero de las atribuciones de aquel órgano. Roig sostuvo que la máxima institución se conformó con enviar requerimientos a Santa Eulària, instándoles a que dejaran de aplicar el PDSU, en lugar de actuar de oficio y anularlo ellos «porque el primero que se moviera, pagaba».

El ordenamiento quedó en entredicho tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1997 que, entre sus fundamentos jurídicos, lo consideró «nulo de pleno derecho» tras varios años en vigor. El letrado dijo que esa sentencia causó «un problemón» en Santa Eulària, aumentando la «inseguridad jurídica». A pesar de ello, siguió defendiendo su vigencia en varios informes que avalaron la urbanización de ses Torres: «Se tenía que aplicar tanto si estaba bien hecho como si no», sostuvo. Roig Vich admitió que habría sido mejor que la nulidad apareciera en el fallo de la sentencia y no en su fundamento jurídico, porque habría clarificado la situación.

Tanto el ex asesor legal como la entonces arquitecta municipal, Raquel García, que también se sienta en el banquillo por este caso, declararon que el PDSU se siguió aplicando a pesar del pronunciamiento judicial. En el único informe que elaboró para ses Torres dictaminó que el estudio de detalle de la promotora tenía deficiencias subsanables, como los cuatro viales que se extendían a la parte rústica de los terrenos, pero que le consta que no se han llegado a abrir. García asegura que nunca se le notificó la anulación del PDSU y sostuvo que los arquitectos que trabajaban en Santa Eulària sólo tenían en cuenta esta normativa.

Esto lo contradijo el último compareciente de la sesión, el ex secretario de la Comisión Insular de Urbanismo que elaboró los requerimientos contra la urbanización, Ángel Navarro, que recordó que un PDSU «tiene vetado» calificar nuevos urbanos, como se hizo creando el sector UAU-2.1 en ses Torres, en unos terrenos que antes eran urbanizables y rústicos, sin un plan parcial que lo desarrollara.

Esquivando el plan parcial, según sostiene la acusación particular, el promotor se ahorró una cesión «mayor» de suelo: Un 15 por ciento para su aprovechamiento municipal, y terreno para centros educativos y zonas verdes, según definió Navarro. «El negocio habría sido menor», respondió el experto a preguntas del letrado de IU, Ignasi Ribas.

Esta primera jornada del juicio estuvo marcada también por los encontronazos entre Ribas y la juez Ramírez, a la que recriminó el tono de «hilaridad» que alcanzaron en ocasiones sus comentarios a las preguntas del letrado. El abogado, sensiblemente molesto, vio como a menudo se atajaban sus preguntas a los testigos. Sólo Guasch se negó a seguir contestando a mitad de su interrogatorio, por consejo de su abogado. El que fuera alcalde de Santa Eulària durante 28 años y uno de los barones del PP en la isla acudió sólo con su hijo. Ningún representante del partido le arropó entre el público, formado en su mayoría por familiares de los seis acusados.

 Discrepancias entre caballeros

Vicent Guasch negó que mantuviera un «pacto entre caballeros» con el promotor de la urbanización de ses Torres, Germán Vázquez, mientras que éste, que fue quien explicó en la prensa la existencia de un acuerdo con el ex primer edil, lo matizó ayer en su declaración ante la juez Clara Ramírez. El administrador de Lloma Talamanca explicó que, en un encuentro con varios técnicos municipales y Guasch para formalizar la donación de los terrenos del campo de futbol de Jesús, dijo que «como se daban más metros de los que correspondía», quería que se le tuviera en cuenta ese excedente «en una futura recalificación, aunque no hacía falta firmarlo por escrito» porque estaban «entre caballeros», declaró. El ex alcalde le contradijo, por su parte, asegurando que lo que respondió fue «que no se podía comprometer a ello». | A. F. F.

 Un urbano que todos reconocen que era «virgen» y se aprobó a pesar de las advertencias

EIVISSA | A. F. F. Los seis acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio por la aprobación de la urbanización de ses Torres, en Jesús, insistieron ayer en que la zona era urbana, a pesar de que también reconocieron que no disponía de servicios ni viales: Era «virgen», como admitió el aparejador municipal, Vicent Marí, que explicó que para declararlo urbano por consolidación, la condición que eximía de tramitar un plan parcial, «se miró al conjunto», sumando los terrenos colindantes que estaban desarrollados, a los que «se acumuló».

Por su parte, el ex alcalde de Santa Eulària insistió en varias ocasiones en que el PDSU, por el que se declaró urbana esta zona de Jesús, «es legal», a pesar de la sentencia judicial que lo anuló. El edil recalcó las bondades del documento, que calificó de restrictivo respecto al Plan General del municipio, de 1981 -cuando él ya era alcalde-, «que permitía construir hasta nueve alturas y el PDSU lo bajó a cuatro».

El ex primer edil negó estar informado de los requerimientos del Consell que pedían que se paralizara la urbanización y no aclaró si conocía las denuncias de la oposición en torno a este caso. Izquierda Unida le advirtió de las irregularidades por escrito antes de llevar el caso a la Fiscalía, que asumió la investigación. La parcelación de la urbanización se inició en 1999 y se aprobó definitivamente en 2001, aunque las obras se paralizaron en verano de 2002 por orden judicial.

El fiscal sólo ha presentado cargos contra cuatro de los encausados: el ex alcalde Guasch, el ex teniente de alcalde, Vicent Riera, el aparejador municipal, Vicent Marí, y el ex asesor legal del alcalde, José María Roig Vich. Para ellos pide una multa de 120.000 euros, además de su inhabilitación para cargo público durante ocho años y la exigencia de que asuman el coste de restituir la zona a su estado original. Por su parte, la acusación particular, que ejerce Izquierda Unida, reclama dos años de cárcel para todos los acusados, entre los que incluye a la ex arquitecta municipal, Raquel García, y al promotor Germán Vázquez.