(Diario de Ibiza, 19/02/2009)

Remite el expediente al juzgado con un informe en el que apunta que no parece que haya nada anómalo en el certificado de final de obra de una reforma. Constata que hubo un ampliación sin autorización posterior

EIVISSA |E. R. El Ayuntamiento de Sant Josep no ve, en principio, sobre los papeles que obraban en la institución ninguna actuación irregular del ex arquitecto municipal Antonio Huerta en la certificación del final de obra de una vivienda en ses Salines. El titular del Juzgado de Instrucción número 3, Pablo Mendoza, ha abierto una nueva causa contra Huerta por un posible delito de falsedad documental al certificar presuntamente el final de una obra ilegal e ilegalizable tres años antes de su finalización y al amparo de una licencia de obras de reforma y no de ampliación, según la denuncia de la Fiscalía.

El nuevo arquitecto de Sant Josep se desplazó hace unos días para comprobar el alcance de las obras realizadas y hacer un informe, que ya ha sido remitido al juzgado junto al expediente tramitado por el Consistorio. El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, explicó que el informe del nuevo técnico señala que las obras por las cuales en su día se solicitó una licencia (para la sustitución de las baldosas del porche, las ventanas y otras cuestiones menores más) ya habían concluido, lo cual estaba certificado con el correspondiente final de obra, firmado por Huerta en 2004. Prats asegura que probablemente hubo «una ampliación posterior», constatada ahora por el nuevo arquitecto del Ayuntamiento, que se ejecutó sin ninguna autorización municipal. No consta en el expediente ninguna actuación más del ex arquitecto municipal ni del Consistorio sobre esta vivienda en el expediente, según el edil.

Prats asegura que hasta ahora no había tenido ningún conocimiento sobre las obras ilegales de ampliación de esta vivienda y que, como el expediente forma parte de una investigación judicial, se deberá encargar un informe jurídico a los servicios técnicos de la casa antes de decidir si procede o no instruir un expediente de infracción urbanística. «Tenemos que esperar las indicaciones que nos hagan desde el juzgado», justifica el edil.

La denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears se basa en la información facilitada por la conselleria balear de Medio Ambiente que aporta, además, la copia de la licencia de obras otorgada por el Consistorio, la copia de la solicitud del propietario del certificado de final de obra y cédula de habitabilidad, entre otros documentos. El fiscal también argumenta en su denuncia que la casa se encuentra en zona ANEI. Sin embargo, Prats señala que se encuentra en suelo urbano. «La casa cuya referencia nos ha remitido el juzgado se encuentra en suelo urbano», dice el concejal de Urbanismo, que asegura, además, que la ampliación de la casa se ha hecho dentro de la misma parcela y no afecta al área de máxima protección que la rodea.