(Menorca, 11/02/2009)

O.R.P. Maó. El Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico ha iniciado los trámites para mejorar los servicios de vigilancia y tramitación. La junta celebrada ayer, la primera a la que asiste el Ayuntamiento de Ciutadella, acordó ampliar la plantilla en un inspector y un asesor jurídico. Por otro lado, en lo que va de año, se han iniciado 32 expedientes nuevos y ya son 193 desde su puesta en funcionamiento en 2006.

Joan Marquès, presidente del Consorcio, explicó ayer que la plaza de funcionario para el nuevo inspector se tramitará de inmediato. Por el contrario, la de asesor jurídico, éste en régimen de contratación laboral, se pospondrá un par o tres de meses. La demora responde a la voluntad de “análisis previo de su urgencia”, detalló.

Uno de los motivos por los cuales se ha apostado por reforzar la plantilla radica en la entrada de Ciutadella como miembro de derecho del Consorcio. “El informe del interventor así lo ha avalado”, fundamentó Joan Marquès. La actual plantilla del Consorcio la conforman un inspector, un asesor jurídico, un gerente y un auxiliar administrativo.

45.000 euros de multa

Por otro lado, la junta del Consorcio ha fallado en cuatro nuevos expedientes. Desde su creación en 2006 se han resuelto 76 informes, de los cuales 51 han derivado en la correspondiente sanción. Ayer se conoció una multa por valor de 45.000 euros para un propietario de Alaior que ejecutó una rehabilitación sin licencia ligada a un posible cambio de usos de la edificación.

Asimismo, en el término municipal de Es Mercadal se ha resuelto archivar un expediente y pactar con los propietarios la restitución voluntaria de los terrenos que incluyen dos casetas de aperos. También, en Es Castell un propietario deberá demoler, en el plazo acordado, una piscina y una caseta.

Demolición con coste añadido

El Consorcio ha aprobado hacerse cargo, de manera subsidiaria, de los costes que pueda suponer el proyecto y obras de demolición de las construcciones ilegales. Este mecanismo sólo se ejecutará cuando el acuerdo con la propiedad sea nulo y al finalizar el periodo de defensa y alegación del proceso. Una vez restituido el terreno, el Consorcio pasará al propietario la factura correspondiente para que afronte los gastos por lo que “queda claro que la opción más beneficiosa para un ciudadano que ha cometido una ilegalidad urbanística en suelo rústico es acogerse al propio procedimiento”, señaló Joan Marquès.