(Diario de Ibiza, 17/01/2009)

El funcionario está acusado de cohecho, prevaricación, blanqueo de dinero y un delito contra la ordenación del territorio. Ocultaba deliberadamente a sus superiores las ilegalidades que observaba

Sant Antoni | Joan Lluís Ferrer. Un celador de obras del Ayuntamiento de Sant Antoni fue ayer detenido por la Guardia Civil y enviado a prisión por el juez, acusado de aceptar sobornos para ocultar irregularidades urbanísticas. La detención de este funcionario es el resultado de las denuncias presentadas por el propio Ayuntamiento de Sant Antoni y de las diligencias de la Fiscalía de Eivissa. El juez que instruye el caso ha decretado el secreto del sumario, dado que la operación todavía no está completamente cerrada, por lo que el caso estuvo rodeado ayer de un total hermetismo.

Según los datos obtenidos por Diario de Ibiza de varias fuentes conocedoras del caso, el celador es uno de los dos con que cuenta el Ayuntamiento y no es el que ostenta el cargo de jefe, sino su subordinado. Al parecer, el equipo de gobierno se percató de comportamientos extraños y se hizo también eco de «numerosos rumores» que circulaban por Sant Antoni sobre las actividades de este funcionario, que lleva en el puesto «muchos años», indicaron estas fuentes.

En un momento dado, «se produjo una evidencia muy fuerte» que desencadenó la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía y la detención del celador. De momento, no habría más funcionarios implicados en los hechos.

El detenido declaró ayer mismo en el juzgado, donde estaba de guardia el magistrado Juan Carlos Torres, quien tras escuchar las explicaciones del funcionario decretó su ingreso provisional en prisión sin fianza.

La Fiscalía de Eivissa, por su parte, le imputa la comisión de cuatro presuntos delitos: cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y blanqueo de dinero, todos ellos tipificados con severas penas en el vigente Código Penal. En el escrito de denuncia se detallan de forma pormenorizada todos los indicios delictivos que pesan sobre el acusado, que deberá responder de estos hechos en la vista oral que se convoque en su momento.

Silenciar las ilegalidades

Según las explicaciones ofrecidas por fuentes de la investigación, el detenido aceptaba presuntamente sobornos por parte de promotores que levantaban obras ilegales en el municipio de Sant Antoni. Con estas cantidades, los constructores de dichas obras se aseguraban el silencio y la complicidad del celador, de modo que nunca sufrían las consecuencias de su proceder ilegal, pues al Ayuntamiento no le llegaban a constar.
Desde ayer, este funcionario se encuentra suspendido de empleo y sueldo en el Ayuntamiento.

De momento, se desconoce a cuánto asciende la cantidad que habría percibido el celador de forma indebida, dado el secreto que pesa sobre las actuaciones judiciales.

Aunque la operación seguía ayer abierta, el alcalde de Sant Antoni consideró poco probable que haya más funcionarios implicados en el caso. De todos modos, la investigación deberá determinar ahora el origen de estos presuntos sobornos, el modo en que se materializaban, la cuantía de los mismos y el número de expedientes a los que afectaban.

Sala: «No afecta al Consistorio; sólo a una persona»

Sant Antoni | J. LL. F. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, expresó su convencimiento de que no habrá más funcionarios implicados en este caso de presuntos sobornos urbanísticos en su departamento de Obras: «Por lo que sabemos, así es», señaló.

Sala señaló que este episodio «no afecta al Ayuntamiento, sino a una persona concreta, la que está implicada», y explicó que la situación en el departamento «está normalizada, como en realidad lo ha estado siempre».

En todo caso, admitió que el hecho de que se haya prescindido de uno de los dos celadores urbanísticos del Consistorio podría obligar a contratar una nuevo para no desatender el volumen de trabajo que tiene dicha oficina.

Denuncia ante la Fiscalía
La detención se produjo el miércoles por la tarde, según explicó el alcalde, aunque declinó facilitar mayores detalles. Sí confirmó que «llegó a conocimiento del Ayuntamiento que había una serie de ilegalidades» en su comportamiento, por lo que se procedió a «presentar una denuncia ante la Fiscalía de Eivissa», que finalmente desarrolló las averiguaciones pertinentes, que desembocaron en la detención del celador.

Otras fuentes indicaron a este periódico que el funcionario supuestamente implicado en este caso de corrupción era conocido por una conducta «compleja» que en ocasiones le situaban en medio de «situaciones problemáticas».

La Fiscalía deberá completar los datos de que dispone con los que obtenga a partir de ahora para formular escrito de acusación ante el juicio que, de no archivarse la causa, se celebrará para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. La investigación no descarta además que puedan producirse más imputaciones de personas relacionadas con el caso para que expliquen qué relación guardaban con el ya ex celador de Sant Antoni y qué conocían de este caso.

No más implicados
El alcalde de Sant Antoni considera que no habrá más funcionarios del Ayuntamiento implicados en este caso. También dijo que hay normalidad en la oficina de Obras.