(Diario de Ibiza, 9/12/2008)

El fiscal transmite al juez sus sospechas de que parte de los dividendos del ex arquitecto de Sant Josep puedan estar fuera de España. Su abogado alegó que para pagar las fianzas se tuvo que recurrir a amigos o familiares

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ La Fiscalía sospecha que parte o gran parte de los dividendos de la actividad económica de la familia del ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta se halla en el extranjero, puesto que tras las retenciones y depósitos ordenados por el juez en la llamada Operación Pitiusa sólo se encontraron en territorio español entre 60.000 y 70.000 euros.

Estas cifras se alejan, y mucho, de los movimientos financieros superiores a los 15 millones de euros detectados en los últimos 10 años en las cuentas personales y societarias de los implicados en la causa (Antonio Huerta; su esposa, María Rosario Chamorro; su hijo, Antonio Huerta, y su nuera, María del Pilar Fernández), según sostiene el Ministerio Público en el informe que remitió al juez para defender que Huerta siguiera en prisión preventiva en contra de los argumentos de la defensa.

El hijo y la nuera de hecho eludieron la prisión preventiva tras abonar cada uno de ellos una fianza de 80.000 euros. La defensa sostiene, según fuentes judiciales, que para abonar esta cantidad se tuvo que recurrir a la colaboración de amigos o familiares.

También alega la defensa que no se pueden contabilizar los movimientos bancarios registrados en los últimos 10 años como ingresos y que, además, por la vía de sumar estos dividendos, duplicando, triplicando o cuatriplicando cantidades, se podrían alcanzar cifras astronómicas (los 15,7 millones) que no tienen nada que ver ni con los ingresos del ex arquitecto municipal de Sant Josep ni de sus sociedades.

El juez decretó el bloqueo de cuentas y bienes inmuebles por valor de 15,7 millones, que es la cantidad en la que cuantifica la responsabilidad por los supuestos delitos que se les imputa. La defensa lo rechaza de plano y ha recurrido a la Audiencia Provincial para que anule esta medida cautelar.

Cuando Antonio Huerta, su hijo y su nuera declararon por primera vez en los juzgados como imputados, mucho antes de que tuviera lugar la Operación Pitiusa y su detención, negaron que existiera ninguna relación entre la sociedad de María del Pilar Fernández (Keltike) y las del resto de la familia Huerta ni tampoco actividad profesional alguna común.

Incluso, Huerta Briz señaló en el informe que entregó al Ayuntamiento, tras incoarse un expediente informativo sobre su actividad, que no tenía ninguna relación, salvo la personal, con Fernández, afirmando, además, que ella carecía de vinculación con Arkimer S.A., empresa que llevaba varios años inactiva en el plano profesional. Sin embargo, el fiscal recuerda en su informe que la investigación patrimonial de la familia Huerta arroja «datos incontestables»: unos trasvases bancarios documentados superiores a los 700.000 euros en un periodo de cinco años entre Keltike S.L. y Arkimer S.A.

No obstante, el abogado de Huerta sostiene que es «perfectamente lícito» que Antonio Huerta Arquitectos S.L. o Arkimer S.A. realizasen para Keltike S.L. «trabajos de apoyo y cálculo de estructuras o le facilitasen a dicha entidad medios materiales y técnicos para desarrollar sus proyectos en Sant Josep». «Mucho más cuando se trataban de servicios o labores de colaboración prestadas en fases del proyecto posteriores a la obtención y concesión de la licencia», agrega. El trasvase económico de Antonio Huerta Arquitectos S.L. a Keltike registrado es de 139.999 euros.

Los proyectos de la nuera

La defensa abunda en que «en muchas ocasiones» quien informaba los proyectos realizados por Keltike S.L. no era Antonio Huerta sino el aparejador municipal, Julio Blanco. Sobre este punto, el letrado destaca que de la investigación patrimonial realizada no ha podido constatarse «la más mínima relación dineraria entre Blanco y Huerta o alguna de sus sociedades».

Va más allá al afirmar que también figura acreditado cómo en «no pocas ocasiones» el informe emitido por Antonio Huerta hacia proyectos de Keltike o de Fernández fue desfavorable. «El caso más ilustrativo lo constituye una obra proyectada por Fernández que fue paralizada por Huerta», añade, obviando que, tal como recuerda el Ministerio Público, las obras de Cala Carbó fueron paralizadas pero luego pudieron continuar gracias a los informes del suegro.

El Ministerio Público entiende que la intervención profesional de Fernández en 52 proyectos, todos ellos en Sant Josep, en siete años de carrera, con la particularidad de que las mismas empresas que la contrataban para trabajar en este municipio solían contratar a su suegro y a su pareja (Huerta Asociados) cuando se trataba de otra localidad, no puede considerarse normal, «sino insólito y excepcional», y que, a falta de explicaciones racionales y creíbles, no puede obedecer sino al supuesto control y casi monopolio que Huerta ejercía sobre la actividad urbanística de Sant Josep.

El fiscal destaca que la actividad profesional de Fernández en Sant Josep cesó después de que Huerta dejara de ser el arquitecto municipal. De los 52 proyectos (7,4 por año), se pasó a dos solicitudes de visado, ambas relacionados con el mismo proyecto, desde mediados de 2006 hasta 2008.

Perito judicial

A finales de noviembre se personó en el juzgado el arquitecto que salió elegido en el sorteo efectuado en abril para aceptar el cargo de perito. El fiscal había solicitado desde hace ya tiempo un informe pericial sobre la construcción de Cala Carbó.

Resolución de la Audiencia

La Audiencia Provincial debe resolver el recurso presentado por la defensa de Huerta en el que pide su salida de la cárcel. La vista se celebró el pasado jueves.

La defensa matiza al juez que Arkirent no dispone de ningún depósito en el extranjero

EIVISSA | E. R. La defensa del ex arquitecto municipal de Sant Josep aclara en el recurso que ha elevado a la Audiencia Provincial para tratar de que se anule el bloqueo y embargo sobre cuentas y bienes, que la sociedad Arkirent S.L. no tiene ninguna cuenta en el extranjero.

En el auto del juez instructor que desestimaba el recurso de reforma del letrado de Huerta se explicaba que se habían descubierto las cuentas de dicha empresa en entidades extranjeras (Baring HK China Units y UBS Equity Brazil), circunstancia que, decía, fueron negadas por el arquitecto cuando prestó declaración.

El abogado de Huerta matiza que esta apreciación se debe a «una mala interpretación de una información que el juzgado tiene desde hace tiempo» y que «en absoluto puede sustentar la afirmación de que Huerta tiene cuentas ocultas en el extranjero».

Explica que Baring HK China Units y UBS Equity Brazil no se corresponden con ninguna entidad bancaria, sino dos productos financieros contratados de «forma transparente» a través de una de las cuentas que Arkirent dispone en un banco español (UBS España S.A.).

«No se trata de una cuenta en Suiza ni abierta en una entidad suiza, como dice el auto, sino de una cuenta en una sucursal de una entidad española que opera como filial de la entidad extranjera UBS AG», explica la defensa.

El valor de las participaciones de Arkirent S.L. en uno y otro fondo son de 53.120 y 57.600 euros. La defensa explica que, en contra de lo que afirma el auto judicial, no son cantidades depositadas, sino el valor que a determinada fecha tenía o tiene la inversión realizada a través de UBS España S.A.