(Diario de Ibiza, 31/10/2008)

Mañana expira el plazo dado por el juzgado para la demolición, pero el periodo de ejecución previsto en la licitación es de tres meses. Sala alega dificultades técnicas, pero reitera que «se están dando todos los pasos»

Eivissa |Joan Lluís Ferrer. El Ayuntamiento de Sant Antoni publicó ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) y en su página web el pliego de condiciones para el concurso público destinado a adjudicar la demolición de la mansión ilegal de Michael Cretu en un monte protegido de Santa Agnès. Dicho pliego prevé a partir de ahora un plazo de 13 días para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. El periodo de ejecución que ha fijado el Ayuntamiento para la demolición de la casa es de tres meses. Se da la circunstancia de que mañana mismo, día 1 de noviembre, expira el plazo concedido por el juzgado que lleva el caso para que dicha demolición estuviera completada, so pena de sanciones económicas contra el alcalde.El anuncio publicado ayer es el paso más firme dado hasta ahora por el Ayuntamiento de Sant Antoni para hacer efectiva la sentencia que obliga al derribo de esta mansión. El alcalde, José Sala, afirmó: «Estamos dando todos los pasos para cumplir la orden judicial», aunque reiteró su discrepancia con la misma.

El concurso para la adjudicación del derribo se tramita por el procedimiento urgente y, a la hora de valorar las distintas ofertas, se otorgará la mayor parte de puntos al plazo de ejecución de la obra, mientras que otros factores, como la oferta económica o el programa de trabajo, se valorarán en menor medida. El plazo para presentar ofertas finaliza de aquí a trece días naturales.

El presupuesto base de la licitación es de 853.539 euros, además de 136.566 correspondientes al IVA, lo que totaliza casi un millón de euros.

El proyecto de demolición, que ha estado redactándose por parte de los técnicos municipales durante más de un año, ocupa un centenar de páginas. El capítulo titulado `Solución adoptada´ explica: «El procedimiento a emplear para el derribo será el desmontaje de los elementos por unidades, en general en orden inverso al seguido para la construcción. Las primeras operaciones consistirán en la desconexión de las acometidas de electricidad, agua, telefonía, etcétera, por personal técnico especializado». Posteriormente, «deberán vaciarse y quedar inútiles las fosas sépticas, caso de existir en la parcela. Se rellenarán con bolos y tierra bien compactada para evitar riesgos posteriores».

Proceso de demolición

Al acometer la demolición propiamente dicha, se empezará por las cubiertas, se continuará por los muros y tabiques, se seguirá por la carpintería y cerrajerías y se terminará con las partes inferiores de la edificación. El derribo se hará «por empuje mecánico», es decir, por la presión ejercida por las máquinas excavadoras sobre el inmueble. Los escombros serán transportados a vertederos autorizados para acoger este tipo de materiales.

En todo caso, el alcalde de Sant Antoni afirmó que «los problemas que había para demoler la casa permanecen irresolutos». En concreto, se preguntó: «¿Cómo nos encontraremos la casa? ¿Estará amueblada y tendremos que sacar todos los muebles? ¿Estarán todas las instalaciones aprovechables y habrá que desmantelarlo todo?». Aseguró que el juez todavía no ha aclarado estos conceptos y los técnicos aún no lo tienen claro. «Y alguien tendrá que decidir cómo echamos fuera a esta familia, que aún está ahí», agregó.

En todo caso, reiteró su disposición a acatar la sentencia y confió en que los días de retraso que se acumularán sobre el plazo máximo fijado por la juez no supongan sanciones de ningún tipo. Dicha demora es producto, según aseguró, de las dificultades técnicas para llevar a cabo el proyecto y de su envergadura. Reiteró que «hay que deslindar» su discrepancia con el derribo y la obligación legal de acometerla.

La construcción tiene 3.110 m2, el triple de lo autorizado

EIVISSA |J.LL.F. Los planos que acompañan el proyecto de demolición revelan que la construcción de Michael Cretu sobrepasa ampliamente la superficie que obtuvo licencia en su día. En concreto, la planta sótano tiene 1.369 metros cuadrados; la planta baja, 1.146, y la planta piso, 211. Si se suma la superficie de la piscina y sus niveles inferiores, el total es de 3.115 metros cuadrados, cuando la licencia autorizó una superficie total inferior a los 900 metros cuadrados. El volumen que tiene la casa es de 7.000 metros cúbicos, mucho más de los 1.500 autorizados.

Los ecologistas del GEN, al comprobar estos datos, aseguraron que esta diferencia permitirá al Ayuntamiento de Sant Antoni «conseguir ingresos millonarios» en concepto de la multa que deberá aplicar por este cúmulo de infracciones. El GEN calcula que el Consistorio puede ingresar entre 2,5 y tres millones de euros en concepto de sanción.

Además, el GEN considera que cuando Cretu presentó un proyecto de legalización en 2004 renunció voluntariamente a la licencia de obras obtenida, lo que anularía «cualquier posibilidad de pedir indemnización en base a la misma».

Por su parte, José Sala, en relación a la diferencia de superficies de la casa de Cretu, admitió este hecho y dijo que hay abierto un expediente de disciplina urbanística: «Pero no soy tan optimista como el GEN», afirmó.