(Diario de Ibiza, 11/10/2008)

La familia Huerta se niega a reconocer ninguno de los supuestos delitos que el juez y la Fiscalía le imputan. El ex arquitecto municipal de Sant Josep defendió la noche del miércoles en los juzgados su inocencia, al igual que su hijo y su nuera, los arquitectos Antonio Huerta y Pilar Fernández. La esposa de Huerta, Rosario Chamorro, también negó ser autora de un posible delito de blanqueo de capitales. No obstante, el juez cree que Fernández podría haber actuado de «testaferro» al firmar proyectos promovidos por el padre de su pareja en Sant Josep. Así lo expresaba hace ya un año cuando daba luz verde a la investigación policial.

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ. El ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta negó la noche del miércoles en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa ser el cerebro de una trama, con el apoyo de su entorno familiar, para monopolizar el desarrollo de proyectos urbanísticos en el municipio en el que ejercía su función pública. También se declaró inocente del resto de delitos que el juez y el Ministerio Público le imputan. Según ha podido saber este periódico, lo mismo hicieron su hijo y su nuera, los arquitectos Antonio Huerta Chamorro y Pilar Fernández, y su esposa, Rosario Chamorro, a la que se le atribuye la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.La mujer del ex arquitecto municipal figura como administradora en algunas de las sociedades investigadas por la Agencia Tributaria y en las que se ha comprobado la existencia de cuantiosos ingresos. Entre seis y siete sociedades participadas por la familia Huerta han ingresado durante los últimos 10 años más de 12 millones de euros.

Antonio Huerta, que la noche del jueves ingresó en prisión con carácter provisional sin fianza, también negó ser el autor de los proyectos de su nuera, Pilar Fernández, a la que se considera cooperadora necesaria de algunos de los supuestos delitos que se le atribuyen al ex arquitecto municipal. La actividad profesional de Fernández se ha desarrollado exclusivamente en los últimos años en Sant Josep, donde el padre de su pareja sentimental ejercía de arquitecto municipal. En total, Fernández realizó medio centenar de proyectos a su nombre o a través de la sociedad Keltike S.L en Sant Josep.

El juez instructor del caso, Pablo Mendoza, considera, a raíz del vídeo grabado por una empresa de detectives en el que Huerta aparece vulnerando sus incompatibilidades profesionales, que el ex arquitecto municipal podría haberse aprovechado de las relaciones que le ofrecía el cargo público que ostentaba para obtener encargos de proyectos de obras en Sant Josep, valiéndose, como «testaferro», de la compañera sentimental de su hijo. Así lo expresaba el año pasado en el momento en que dio el visto bueno a la investigación solicitada por la Fiscalía y el Colegio de Arquitectos, declarando el secreto de la actuaciones, que ha culminado con la Operación Pitiusa y el ingreso en prisión de Huerta, su hijo y su nuera. Los dos últimos ya han salido tras abonar cada uno 80.000 euros de fianza (ver página 4).

El magistrado reconocía entonces que Huerta no mencionaba a Fernández en la grabación audiovisual, pero apuntaba que cuando se desarrolla una actividad ilegal suelen ponerse los medios necesarios para ocultarlo y agregaba lo siguiente: «El hecho de que la señora Fernández haya tenido un volumen de trabajo elevado y poco frecuente para un arquitecto novel es circunstancia a tener muy en cuenta como indicio de la posible existencia de delito». De hecho, este es uno de los argumentos que esgrimía el juez instructor a la hora de autorizar las detenciones y los registros efectuados por la Guardia Civil, aparte de los elevados ingresos de Huerta, excesivos, a su entender, por la actividad profesional que desarrollaba.

Por otra parte, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, aseguraba a mediados de diciembre de 2006 en Eivissa, pocos días después de la publicación del vídeo y de la dimisión de Huerta, que esta cuestión no le causaba «ninguna preocupación» porque el Ayuntamiento, según él, había actuado «correctamente». Matas hacía estas declaraciones en la presentación de la candidatura de Antoni Marí, Carraca, a la alcaldía de Sant Joan y con la presencia en el acto del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell.

Varapalo al expediente abierto por Serra Escandell

EIVISSA | E. R. Cuando el juez dio luz verde a la investigación de las cuentas bancarias y las conexiones entre las sociedades de la familia Huerta, hace ya algo más de un año, también rechazaba las alegaciones que presentaba la defensa del ex arquitecto municipal para tratar de demostrar la inexistencia de indicios de un posible delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. El abogado de Huerta apuntaba, entre otras cosas, que el expediente abierto (diligencias informativas) por el anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, en noviembre de 2005, después de que el arquitecto pusiera por primera vez su puesto a disposición del alcalde alegando «razones personales», se cerró sin consecuencias. Huerta amagó entonces con su renuncia después de que Diario de Ibiza revelara que un informe suyo sirvió para levantar la paralización de un bloque de apartamentos de Cala Carbó denunciado por sobrepasar la altura máxima autorizada y cuyo proyecto firmaba su nuera, Pilar Fernández.

El juez entiende que este expediente no prueba nada y, además, da un tirón de orejas al alcalde. «Sobran comentarios, pues en el mismo el alcalde se limitó a recoger la alegaciones del señor Huerta, sin hacer comprobación alguna, por lo que carece de ninguna sustancia, debiendo recordarse que, en cualquier caso, sus conclusiones no serían vinculantes en esta sede penal», indicaba Mendoza en el auto.

Precisamente, Huerta negaba, en las alegaciones presentadas al alcalde, que existiera alguna relación que pudiera ser causa de incompatibilidad con Fernández, según explicaba el portavoz del equipo de gobierno, y que atribuía las denuncias a una campaña urdida por el GEN. El alcalde decidió dar carpetazo al asunto, aludiendo a la existencia de diligencias abiertas sobre este caso por parte de la Fiscalía y el Colegio de Arquitectos. Un año más tarde, después de que se divulgara el contenido del vídeo, el alcalde sí aceptaba la renuncia de Huerta, pero se negaba a abrir una investigación de las irregularidades.