(Diario de Ibiza, 7/10/2008)

El operativo `Pitiusa´, con decenas de agentes llegados desde Palma, se incauta de abundante documentación tras registrar durante todo el día el Ayuntamiento de Sant Josep y el despacho privado del ex arquitecto municipal, que se halla fuera de Eivissa

Eivissa | E. Rodríguez / J. LL Ferrer. Un contingente de unos treinta guardias civiles llegados desde Palma de Mallorca al mando de un teniente y siguiendo instrucciones del titular del juzgado número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, y de la fiscalía efectuó ayer dos detenciones en la isla en el transcurso de sendos registros en dependencias públicas y privadas, en relación con la trama urbanística del ex arquitecto de Sant Josep, Antonio Huerta Briz. Al cierre de esta edición, el balance de la `Operación Pitiusa´ contra la corrupción urbanística -sin precedentes en la isla- era de dos personas detenidas y dos locales registrados, incluyendo el departamento de obras del Ayuntamiento de Sant Josep. Los detenidos son Antonio Huerta Chamorro, hijo del ex arquitecto, y Pilar Fernández, nuera del mismo, ambos de 37 años.

El hermetismo que acompañó el operativo, cuidadosamente planificado durante las últimas semanas y que todavía podría no haber terminado, impidió conocer muchos detalles de las detenciones, pero fuentes de la investigación explicaron a Diario de Ibiza que el contingente policial llegó a la isla con la orden de practicar cuatro detenciones en relación al caso Huerta. De éstas, dos corresponden a las antes citadas y otras dos podrían ser las del propio ex arquitecto, Antonio Huerta Briz, y su esposa, Rosario Chamorro -que llegó a ser presidenta del PP de Sant Josep-, que ayer se encontraban de viaje fuera de Eivissa, por lo que no se habría podido materializar su arresto, como estaba previsto. Las mismas fuentes indicaron que ahora podría dictarse una orden de busca y captura contra ambos.

Los cargos que se les imputan, a falta de confirmación oficial, serían los de malversación, cohecho y falsificación de documentos, entre otros.

La única información que aportó la Guardia Civil consistió en una nota emitida por la tarde en la que se indica que la `Operación Pitiusa´ tenía «el fin de esclarecer unos supuestos delitos de corrupción urbanística ocurridos entre los años 1998 y 2007 en la localidad de Sant Josep (Eivissa)».

Registro en el Ayuntamiento

Los hechos por los que se han practicado estas detenciones se refieren a la posible trama de corrupción urbanística que denunciaron primero los ecologistas del GEN y amplió luego el Colegio de Arquitectos, lo que dio a pie a la Fiscalía de Eivissa a abrir diligencias penales, actualmente en curso. Huerta y sus familiares, según las denuncias, habrían montado una trama para hacerse con un gran número de proyectos urbanísticos en este municipio, aprovechando la condición de Huerta de arquitecto municipal.

La jornada de ayer comenzó sobre las nueve de la mañana, cuando parte del contingente policial se personó por sorpresa en el despacho de los arquitectos Huerta, padre e hijo, al final del Paseo Joan Carles I. Allí fueron detenidos Antonio Huerta Chamorro y Pilar Fernández, aunque los agentes les conminaron a estar presentes en los registros, que se prolongaron durante todo el día. También se practicó un registro de cuentas corrientes que Huerta tiene en la sucursal bancaria de la Caixa situada al lado de su despacho.

Apenas dos horas después, y mientras proseguía el registro en el despacho profesional de los arquitectos, otros efectivos de la Guardia Civil llegaban al Ayuntamiento de Sant Josep. Allí, los mandos de la Benemérita se presentaron ante el alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, a quien exhibieron la orden judicial de registro y le instaron a que hiciera los preparativos para proceder a la consulta de los documentos y archivos relativos al ex arquitecto municipal en el departamento de Obras, que quedó cerrado al público.

En compañía de funcionarios de la Corporación, agentes de la Guardia Civil procedieron a analizar estos expedientes y a las nueve de la noche todavía continuaban haciéndolo. La orden judicial tenía vigencia hasta las diez de la noche.

Tres años de denuncias contra Huerta

• Octubre de 2005.- Aunque el nombre de Antonio Huerta Briz ya se había asociado a varias obras polémicas y desde 2001 habían trascendido sus conexiones profesionales con Pilar Fernández, fue en octubre de 2005 cuando se intensificaron las denuncias sobre los vínculos entre ambos y las sospechas sobre la posible actuación ilegal de Antonio Huerta, a través de su nuera. El 18 de noviembre, por ejemplo, se desvela que el entonces arquitecto municipal emitió dictámenes favorables a un proyecto de su nuera en una obra ilegal de Cala Carbó.
• 24 de noviembre de 2005.- Antonio Huerta, tras desvelarse que intervino en el proyecto de su nuera, pone su cargo a disposición del alcalde, José Serra Escandell (PP), que de momento lo mantiene en el puesto.
• 26 de noviembre de 2005.- El Colegio de Arquitectos de Balears, a iniciativa de su delegación pitiusa, abre expediente disciplinario a Huerta e inicia una investigación sobre su vinculación ilegal a varios proyectos del municipio.
• 21 de diciembre de 2005.- La Fiscalía de Eivissa denuncia a Antonio Huerta ante el juez por cinco posibles delitos en la obra de Cala Carbó y pide su imputación.
• 4 de marzo de 2006.- El titular del juzgado número 1 de Eivissa abre diligencias penales sobre la obra de Cala Carbó.
• 19 de mayo de 2006.- Otro juez, el del juzgado número 3, cita como imputado a Huerta en otro caso, el de la urbanización de Cala Molí, que invadió una zona protegida y también fue proyectada por su nuera. El juez Pablo Mendoza reclama al Ayuntamiento 40 expedientes de otros tantos proyectos.
• 26 de octubre de 2006.- Huerta declara ante el juez Mendoza y admite que dictaminó un proyecto de su nuera, el de Cala Molí, pese a prohibírselo la ley de incompatibilidades.
• 9 de diciembre de 2006.- Diario de Ibiza desvela el contenido del trabajo de un gabinete de detectives, encargado por el Colegio de Arquitectos, para demostrar que Huerta usaba el despacho municipal para negociar acuerdos privados en el mismo municipio.
• 12 de diciembre de 2006.- Huerta cesa como arquitecto municipal, después de la divulgación de los vídeos del Colegio de Arquitectos. El alcalde, José Serra, asegura que se enteró de todo «por la prensa» y afirma que no abrirá ningún expediente de investigación contra él.
• 14 de diciembre de 2006.- Diario de Ibiza da a conocer que todos los proyectos que ha elaborado la nuera de Huerta a lo largo de toda su vida profesional corresponden al municipio de Sant Josep. En seis años no ha realizado ninguno en ningún otro municipio.
• 21 de diciembre de 2006.- Pilar Fernández, la nuera de Huerta, declara como imputada ante el juez por el caso de Cala Molí y se desmarca de la actividad de su suegro. Las dos causas penales abiertas en dos juzgados distintos quedan unificadas en uno solo, el de Pablo Mendoza.
• 24 de agosto de 2008.- Trascienden las declaraciones hechas por varios testigos ante el juez sobre el caso Huerta. Ex empleados suyos y otros arquitectos confirman que él mismo elaboraba proyectos en Sant Josep, pero que se los hacía firmar a otros profesionales. También le acusan de vulnear las normativas urbanísticas. Los mismos testigos desvelan ante el magistrado que Huerta, su hijo y su nuera están detrás de 160 proyectos en el municipio y copaban casi toda la actividad constructora.