(Diario de Ibiza, 25/08/2008)

Las sociedades donde figuraban padre e hijo impulsaron 107 obras en el municipio, mientras Pilar Fernández proyectó otras 53, todas las de su vida profesional, según dice al juez el Colegio de Arquitectos

EIVISSA | J. LL. FERRER. La trama liderada por el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, que acaparaba proyectos urbanísticos en este municipio -en el que por ley no podía ejercer como profesional privado- desarrolló un volumen de trabajo de proporciones impresionantes, según han permitido conocer las recientes declaraciones de testigos ante el juez que instruye el caso. En total, en poco más de diez años, Antonio Huerta Briz, su hijo Antonio Huerta Chamorro y la esposa de éste, Pilar Fernández, impulsaron 160 proyectos en el municipio donde el primero era el máximo responsable técnico del Ayuntamiento.

El Colegio de Arquitectos de Balears, a través del profesional que dirige la investigación deontológica por este caso, explicó al juez Pablo Mendoza que también se ha abierto un expediente a Antonio Huerta Chamorro «por mantener obras en el municipio de Sant Josep en número de 107 con su padre, Antonio Huerta Briz, a través de las sociedades de arquitectura Arkimer y Antonio Huerta Asociados». Muchos de estos proyectos se encuentran todavía en ejecución y no están finalizados.

Otros 53 de la nuera

Estos 107 expedientes se suman a los 53 que tramitó Pilar Fernández entre los años 2000 y 2006. Esta cifra representa la totalidad de los proyectos que desarrolló Fernández en su vida profesional y todos estaban emplazados en el municipio donde su suegro era arquitecto municipal.

Además, el Colegio de Arquitectos examinó once de estos 53 proyectos y pudo comprobar que en todos ellos se había producido una manipulación de las superficies para poder construir más de lo permitido. Asimismo, también se solían contemplar locales comerciales anexos a los apartamentos que, en realidad, se acababan convirtiendo en más apartamentos. Al menos una parte de estos proyectos de Fernández, fue informada favorablemente por Antonio Huerta Briz.

La ex delineante del arquitecto aseguró al juez que la situación que se producía en el despacho de Huerta era conocida por todos, «autoridades oficiales incluidas».

«Alteración escandalosa»

Asimismo, señaló que era normal que en la redacción de proyectos en el despacho se hicieran redondeos de las cifras máximas permitidas, pero indicó que «una alteración tan evidente y escandalosa» como la del proyecto de Cala Carbó sólo la vio en este caso. En este proyecto, que la ex empleada atribuye a Huerta, se hizo una planta más, se aumentó su superficie de edificación y se invadió una zona protegida, según esta y otro testigo.

De hecho, la ex delineante -que no estaba contratada y mantenía sólo una relación laboral basada en un acuerdo verbal- dejó de trabajar con Huerta, según su propio testimonio, porque ella se consideraba «una persona honrada» y mantenía unos principios que le alejaban de su jefe.

El Colegio advirtió al ex arquitecto de la incompatibilidad

EIVISSA | J. LL. F. El Colegio de Arquitectos en Eivissa y Formentera empezó a detectar a mediados de la década anterior que un número inusualmente elevado de proyectos de obras eran absorbidos por profesionales del entorno de Antonio Huerta Briz y sospecharon que incluso él mismo redactaba, ocultándose bajo otras firmas, expedientes en este municipio.

A raíz de ello, y de las fuertes pérdidas económicas que ocasionaba a este colectivo, el Colegio inició varias acciones para investigar los hechos. Sin embargo, con carácter previo, hacia 1998 la entidad dirigió un escrito a Antonio Huerta en el que le recordaba la «total incompatibilidad» que le afectaba para el ejercicio privado de su profesión en el municipio de Sant Josep, por ser arquitecto municipal.

En otro momento, Huerta pidió determinadas aclaraciones al respecto al Ayuntamiento de Sant Josep y éste le contestó que tenía compatibilidad para el ejercicio profesional en otros municipios, y que, en el caso de Sant Josep, también la tenía, pero no podía informar expedientes con los cuales tuviera alguna vinculación. Sin embargo, la normativa establece la total imposibilidad de un colegiado de actuar en el municipio donde ejerce una responsabilidad pública.

Cinco posibles delitos

Precisamente, a raíz de las sospechas del Colegio de Arquitectos la Fiscalía de Eivissa abrió diligencias informativas y presentó denuncia ante los juzgados por un total de cinco posibles delitos. El propio Huerta y su nuera han declarado ya como imputados ante el juzgado que dirige Pablo Mendoza y se han producido también varias declaraciones de testigos relacionados con las actividades objeto de investigación.

Después de las últimas declaraciones, el juez deberá decididir si practica nuevas diligencias testificales o documentales, o si por el contrario, remite el caso de nuevo a la Fiscalía para que formule escrito de acusación.