(Diario de Ibiza, 24/08/2008)

El ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, no sólo redactaba proyectos privados en este municipio sin poder hacerlo, sino que además transgredía la normativa urbanística para poder edificar más y, finalmente, él mismo emitía dictámenes favorables como técnico del Ayuntamiento a esos proyectos. Así lo han declarado ante el juez que instruye las diligencias penales del caso varios testigos, entre ellos la delineante que trabajaba con el ex arquitecto. Su nuera y posible colaboradora en la aprobación de proyectos irregulares, Pilar Fernández, falseaba también los datos para construir más de lo permitido.

Eivissa | Joan Lluís Ferrer. La reanudación de las diligencias penales abiertas contra el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, por corrupción urbanística, está poniendo al descubierto un variado surtido de actividades presuntamente delictivas, que ahora deberán ser investigadas por el juez que instruye el caso. Testigos citados a declarar por el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, han revelado que Huerta no sólo vulneró su incompatibilidad como arquitecto del Ayuntamiento redactando proyectos privados en el mismo municipio de Sant Josep, sino que intentó ocultar este hecho haciéndoselos firmar a otros profesionales. Acto seguido, él mismo, como técnico municipal, emitía dictámenes favorables que le permitían obtener licencia. Y todo ello, a pesar de que eran ilegales porque manipulaba las superficies de los planos para poder construir más.

Estas son algunas de las cuestiones puestas de manifiesto en la nueva tanda de declaraciones de testigos en el caso Huerta después de que se hubieran aplazado en dos ocasiones por distintos motivos. Una delineante que trabajó en el despacho de Huerta Briz en 1997 y 1998 ha admitido ante el juez que los proyectos privados que hacía este arquitecto los firmaba con su nombre si estaban fuera del municipio de Sant Josep, mientras que los de este término «los firmaban los arquitectos José Juan Ibarra y Yolanda Gardí». Ambos tenían sus propios despachos, y «simplemente venían a firmar los proyectos previamente hechos en el estudio de Huerta», señaló esta delineante. Cuando el juez le pregunta si todo esto lo hacían así porque Huerta era consciente de que, como arquitecto municipal, no podía elaborar proyectos en Sant Josep, esta testigo respondió afirmativamente.

Cala Carbó

En un caso concreto, Huerta redactó un proyecto privado en Cala Carbó, pero el firmante del mismo fue Yolanda Gardí, siempre según esta testigo. «El proyecto se redactó en el estudio y ella vino a firmarlo», señaló la ex delineante, quien además confirmó que se levantó una planta más de la autorizada en este inmueble y, por otra parte, se alteraron los datos urbanísticos de la edificación para que se pudiera construir más superficie de la permitida por el planeamiento. La propia delineante admitió haber participado en esta manipulación. Todo ello no impidió que este proyecto fuera informado favorablemente por el propio Huerta en calidad de técnico del Ayuntamiento, quien certificó que el proyecto cumplía con los parámetros exigidos.

Sin embargo, este tipo de manipulaciones se repitieron de forma sistemática en los proyectos que se tramitaban en el municipio de Sant Josep por la nuera de su ex arquitecto municipal, Pilar Fernández, y que se cuentan por docenas. Según declaró un profesional designado por el Colegio de Arquitectos para investigar los expedientes de Huerta dentro del proceso deontológico que se sigue sobre él, se observó «el mismo procedimiento de falsificación documental de superficies» en todos los proyectos de Pilar Fernández examinados. Esa falsificación de superficies daba como resultado un mayor número de viviendas del permitido legalmente.

Además, de los cuatro proyectos que examinó este testigo correspondientes a Pilar Fernández, tres fueron dictaminados por su suegro, Antonio Huerta.

«Huerta lo acaparaba todo en Sant Josep»

Eivissa | J. LL. F. El arquitecto del Colegio que instruye el expediente deontológico sobre Huerta afirmó ante el juez que las manipulaciones y falsificaciones observadas en los proyectos presentados por Pilar Fernández «eran tan burdas que precisaban la connivencia del técnico que las informaba favorablemente», es decir, su suegro, Antonio Huerta.

En concreto, la manipulación a la que se alude en las diligencias consistiría en dibujar unas superficies edificables más grandes de las que aparecían en número en los planos, lo que permitía luego incrementar su intensidad de uso.

Cala Molí
Por otra parte, el proyecto de construcción de unos apartamentos en Cala Molí, invadiendo un Área Natural de Especial Interés (ANEI) declarada inedificable, fue tramitado también por Pilar Fernández. El Ayuntamiento dio la licencia a pesar de que tenía constancia de que dicho proyecto no podía llevarse a cabo. Uno de los testigos citó documentos que prueban que técnicos del Consell Insular explicaron «pormenorizadamente» en una sesión informativa las consecuencias de la Ley de Espacios Naturales (LEN), que hacían inviable la urbanización de Cala Molí. En esa reunión estuvo presente el arquitecto municipal, Antonio Huerta. Incluso, el aparejador del Ayuntamiento, Julio Blanco, había emitido un informe en septiembre de 2005 constatando que el lugar estaba afectado por un área protegida.

Otro arquitecto que ha declarado en los juzgados, en concreto el que hizo el proyecto de la primera fase de la urbanización de Cala Molí -fuera de área protegida-, relató que un constructor le comentó que «era raro» que le hubieran contratado a él ese trabajo, ya que «Antonio Huerta lo acaparaba todo en Sant Josep».