(Última Hora, 4/08/2008)

Desde 1999 hasta 2008, sólo ha habido diez propietarios que hayan acatado y cumplido la sanción de derribo

LAURA MOYÀ. Las diez demoliciones realizadas van desde el derribo de un chiringuito en Cala Tuent hasta un refugio para gatos y perros de Andratx que no contaba con los pertinentes permisos. También se tiraron abajo una piscina, unas dependencias anexas y un trastero que ocupaban unos 28 metros cuadrados en Andratx; una vivienda de 88,40 metros cuadrados con un porche de 13,20 metros cuadrados, una fosa séptica y un aljibe de 15 metros cuadrados en Sant Llorenç des Cardassar, o la estructura del Hotel Monnàber de Fornalutx. Durante estos años se han dado casos curiosos como el de dos propietarios, uno en Algaida y otro en Búger, que decidieron demoler voluntariamente las obras ilegales, pero que luego las volvieron a construir y, posteriormente, a derribar.

Los expedientes tenían en común un factor: el prolongado tiempo transcurrido entre que se levantó la sanción y su ejecución. La media se sitúa en los 6,5 años, habiendo casos en los que se tardó dos años y, otros, 14 años. Para la consellera insular de Territori, Maria Lluïsa Dubon, la tramitación y su prolongación en el tiempo es uno de los principales problemas que motivan la indisciplina urbanística. «Unas obras ilegales pueden suponer entre 6 y 7 años para poder derribarlas», asegura Dubon. Sin embargo, Dubon señala que, «en comparación con otras comunidades autónomas, la cifra no es tan mala como parece ya que algunos no han hecho ninguna demolición».

El principal motivo por el que la tramitación se alarga en el tiempo son las denuncias [Nota de Disúrbia: més bé seran els recursos, no?] que los particulares interponen contra el expediente sancionador. Cuando las instituciones dan el visto bueno a una demolición una vez pasados todos los trámites administrativos, la mayoría de los ciudadanos opta por recurrir a la justicia, circunstancia que prolonga la situación.

Los ayuntamientos son los encargados de iniciar el expediente contra unas obras ilegales en suelo rústico. Si no actúan, el Consell de Mallorca lo hace de forma subsidiaria. En la actualidad, la institución insular ha llegado a un acuerdo con la Associació de Constructors, tras quedar desierto la pasada legislatura el concurso público convocado para encontrar una empresa que quisiera realizar las demoliciones. De esta manera, el Consell se compromete a asumir los aspectos más burocráticos y las empresas, los derribos. El objetivo: simplificar el trabajo y el proceso. Antes de que acabe el año, está previsto que se ejecuten unos diez expedientes.