(Menorca, 15/05/2008)

El PP pide a los nacionalistas “coherencia” y les invita a reclamar la dimisión del alcalde Carretero por el caso Binifadet, como hicieron en el año 2006

F. Saborit, Sant Lluís. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís, Maruja Baíllo, exigió ayer “coherencia y responsabilidad política” al teniente de alcalde de Urbanismo de la localidad, Remigio Lora, y a la secretaria general del PSM, Antònia Allès, en el caso de la licencia de la vivienda anexa a las bodegas de Binifadet, y recordó que en 2006, cuando la fuerza nacionalista aún no formaba parte del gobierno municipal, ésta reclamó la dimisión del alcalde socialista, Llorenç Carretero, por dichas obras.

“Las dos administraciones, tanto el Ayuntamiento como el Consell, son un cachondeo”, aseguró la concejal popular en Sant Lluís, a la vez que criticó la falta de medidas por parte del Consorcio insular de Disciplina en Rústico respecto a otro edificio, en esta ocasión vinculada a una explotación de caballos, y que se levanta, con una superficie de 500 metros cuadrados, en el Camí de s’Olivera.

El PP teme que se repita el caso de Binifadet con la citada constr ucción, cuya licencia se solicitó en el año 2000 y que, según manifestaron la edil Maruja Baíllo y la consellera Juana Francis Pons, está prohibida por el Plan Territorial Insular (PTI), aunque se encuentre vinculada a una explotación relacionada con el campo. Y más, según subrayó ayer Maruja Baíllo, si se trata “de un palacio, no una casa de aperos”.

La portavoz del PP se preguntó “¿a qué juega el Consorcio de Disciplina?” si dispone de “toda la documentación” desde el año 2006 “y no actúa, no hace caso”.

En cuanto a la actuación del PSM en el caso de Binifadet, la consellera Juana Francis Pons señaló que la dirigente Antònia Allès debería tener “la misma coherencia que nos pidió en el pasado pleno de política general” y exigir a su partido en Sant Lluís que reclame ahora, como lo hizo en 2006, la dimisión del alcalde del PSOE, Llorenç Carretero.

La cronología

2002
• Proyecto de construcción de una vivienda en rústico, anexa a la explotación agraria.
2003
• Aprobación del Plan Territorial Insular, que prohíbe las viviendas en suelo rústico.
2004
• Ayuntamiento concede la licencia apoyándose en el silencio del Consell sobre el proyecto. El PSM presenta un recurso contencioso administrativo contra el Consistorio.
2006
• Una sentencia declara nulo el acto impugnado. Recurso de apelación municipal.
2007
• Se construye el edificio pese a estar la licencia en litigio.
2008
• El Tribunal Superior de Justicia de Balears ratifica la nulidad de la licencia concedida por el gobierno municipal.