(Menorca, 2/05/2008)

El Consorcio para la protección de la legalidad en Suelo Rústico iniciará los trámites para proceder a la restitución del terreno a su estado original

l. Maiques Flores Maó. El Consorcio para la protección de la legalidad en Suelo Rústico prosigue con su labor defensa de protección del territorio entre la inacción de algunos de los propietarios denunciados y la colaboración de otros. Así, el servicio mancomunado que vela por la disciplina urbanística en suelo rústico procederá a incoar expediente de restitución respecto de unas obras ejecutadas sin licencia en Villa Eugenia, una finca ubicada en Binissaida, en Es Castell. La tramitación comenzará con la recepción en el Consorcio del certificado expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que no se han legalizado las obras ejecutadas.

En este sentido, cabe recordar que tanto el Consistorio de Es Castell como el servicio mancomunado detectaron a finales del año pasado la construcción de una edificación de entre 100 y 120 metros cuadrados, anexa a una construcción preexistente, de la que se presumía un uso residencial, habida cuenta lo compartimentado de los cimientos. La zona donde se desarrollaban las obras está clasificada por el PTI como suelo rústico protegido e incluida dentro del Área de Protección Territorial del Área Natural de Especial Interés Me-9 (de Cala Sant Esteve a Rafalet), clasificación que excluye el uso residencial.

En aquel momento, el Consorcio decretó orden de paralización de las obras, que eran perfectamente visibles desde la Torre d’en Penjat, y otorgó al propietario un plazo de dos meses para que intentase legalizarlas, lo que exigía la obtención de la licencia en el Ayuntamiento de Es Castell. Fuentes del Consistorio han confirmado que el plazo ha expirado sin que desde la propiedad se haya presentado ningún documento en orden a legalizar las obras.

Eso supone que el Consorcio siga adelante para conseguir la restitución en Villa Eugenia, al igual que en otras dos fincas- una de ellas en Sant Climent, donde una boyera se habría convertido en una casa-. El responsable de Ordenación del Territorio del Consell, confía en contar con la colaboración de los propietarios, - “ya hay algunos que están restituyendo, normalmente en caso de pequeñas ampliaciones”, remarcó Marc Pons,- y evitar la intervención de la empresa que se encargará de las demoliciones (posiblemente TRAGSA), si bien, habló de dificultades de marcar un calendario.El Consorcio no crecerá aún“No existe previsión de ampliar de forma inmediata el Consorcio para la protección de la legalidad en suelo rústico, básicamente lo que hacemos es curarnos en salud”, manifiesta Marc Pons, en respuesta al desacuerdo expresado por el Grupo Municipal Popular en Maó por la modificación en los estatutos del servicio mancomunado que ampararía esta posibilidad. Esta modificación, a la que han dado apoyo los ayuntamientos que integran el Consorcio (todos los de Menorca, excepto el de Ciutadella) permitiría sacar a concurso alguna de las plazas existentes en la actualidad, de manera que con más funcionarios el servicio pudiese funcionar con más agilidad. “Actualmente contamos con un jurista, un inspector, un auxiliar de inspección y un administrativo. Determinadas tareas exigen un funcionario, si el auxiliar lo fuese ganaríamos tiempo. La idea sería reforzar el Consorcio sin perjudicar a los Ayuntamientos, que se muestran poco dispuestos a ceder técnicos debido a la dificultad para conseguirlos”, explica Pons.