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El Govern deroga la normativa que legalizaba la vivienda de Cretu |
(Diario de Ibiza, 15/10/2007)
El Ejecutivo acaba con la amnistía de obras ilegales en el litoral que aprobó el PP
PALMA | M. M. El Govern balear ha eliminado la amnistía para determinadas obras ilegales en el litoral que estableció el anterior Ejecutivo del Partido Popular a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2007.
La medida beneficiaba a unos chiringuitos turísticos muy concretos según describe el texto de la norma. La disposición adicional décimo cuarta daba vía libre a las instalaciones en funcionamiento que ocupan «un máximo de 150 metros cuadrados de superficie cubierta sobre rasante», están ubicadas en suelo rústico pero no en la Red Natura 2000 y disponen de licencia municipal de apertura concedida al menos cinco años antes de la entrada en vigor de esta Ley.
La disposición adicional se «aprobó» cuando ya pendía una orden de demolición sobre dos establecimientos decretada por la conselleria de Medio Ambiente, señala el actual director general de Ordenación del Territorio, Bernat Aguiló. A su juicio, el anterior Govern del Partido Popular modificó la Ley «a la carta».
`Amnistía Cretu´
No fue el único caso de «traje a la medida», expresión empleada por los partidos que en la pasada legislatura se alineaban en la oposición. El Ejecutivo de Francesc Antich también procederá a derogar la disposición adicional decimoctava de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2004, adelantó Bernat Aguiló.
Esta norma se bautizó como `amnistía Cretu´, ya que fue redactada para que el músico rumano Michel Cretu pudiera legalizar la polémica mansión de su propiedad en Santa Agnès, en Eivissa. Michel Cretu solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia de demolición de su vivienda para acogerse a dicha norma, aunque la jueza rechazó la petición. El músico rumano aún está pendiente de la resolución de un recurso en contra de dicha denegación.
Tanto el indulto a Cretu como el de los chiringuitos provocó una sonada polémica. En el caso de las obras ilegales en establecimientos turísticos, la propuesta presentada por el PP durante la pasada legislatura obtuvo el rechazo del PSM y EU-EV y de sus socios de UM. Los socialistas ni siquiera la llegaron a votar porque abandonaron el Parlament durante su debate en señal de protesta.
Una disposición a medida
En cuanto al denominado `caso Cretu´, la disposición adicional decimoctava definía de manera muy selectiva su ámbito de actuación. Se ceñía a la isla de Eivissa y a la legalización de aquellas construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros sin rebasar la de 250 y siempre que se encuentren dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y no se emplacen en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.
Según el conseller insular de Ordenación del Territorio de Eivissa, Miquel Ramon, apenas ha habido uno o dos casos de viviendas cuyos propietarios se han podido acoger a esta norma para tratar de legalizarlas.
Recuerda que el PP se justificó en su momento aduciendo que esta medida afectaba a bastantes edificaciones fuera de ordenación de toda la isla.
El Ejecutivo acaba con la amnistía de obras ilegales en el litoral que aprobó el PP
PALMA | M. M. El Govern balear ha eliminado la amnistía para determinadas obras ilegales en el litoral que estableció el anterior Ejecutivo del Partido Popular a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2007.
La medida beneficiaba a unos chiringuitos turísticos muy concretos según describe el texto de la norma. La disposición adicional décimo cuarta daba vía libre a las instalaciones en funcionamiento que ocupan «un máximo de 150 metros cuadrados de superficie cubierta sobre rasante», están ubicadas en suelo rústico pero no en la Red Natura 2000 y disponen de licencia municipal de apertura concedida al menos cinco años antes de la entrada en vigor de esta Ley.
La disposición adicional se «aprobó» cuando ya pendía una orden de demolición sobre dos establecimientos decretada por la conselleria de Medio Ambiente, señala el actual director general de Ordenación del Territorio, Bernat Aguiló. A su juicio, el anterior Govern del Partido Popular modificó la Ley «a la carta».
`Amnistía Cretu´
No fue el único caso de «traje a la medida», expresión empleada por los partidos que en la pasada legislatura se alineaban en la oposición. El Ejecutivo de Francesc Antich también procederá a derogar la disposición adicional decimoctava de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2004, adelantó Bernat Aguiló.
Esta norma se bautizó como `amnistía Cretu´, ya que fue redactada para que el músico rumano Michel Cretu pudiera legalizar la polémica mansión de su propiedad en Santa Agnès, en Eivissa. Michel Cretu solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia de demolición de su vivienda para acogerse a dicha norma, aunque la jueza rechazó la petición. El músico rumano aún está pendiente de la resolución de un recurso en contra de dicha denegación.
Tanto el indulto a Cretu como el de los chiringuitos provocó una sonada polémica. En el caso de las obras ilegales en establecimientos turísticos, la propuesta presentada por el PP durante la pasada legislatura obtuvo el rechazo del PSM y EU-EV y de sus socios de UM. Los socialistas ni siquiera la llegaron a votar porque abandonaron el Parlament durante su debate en señal de protesta.
Una disposición a medida
En cuanto al denominado `caso Cretu´, la disposición adicional decimoctava definía de manera muy selectiva su ámbito de actuación. Se ceñía a la isla de Eivissa y a la legalización de aquellas construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros sin rebasar la de 250 y siempre que se encuentren dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y no se emplacen en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.
Según el conseller insular de Ordenación del Territorio de Eivissa, Miquel Ramon, apenas ha habido uno o dos casos de viviendas cuyos propietarios se han podido acoger a esta norma para tratar de legalizarlas.
Recuerda que el PP se justificó en su momento aduciendo que esta medida afectaba a bastantes edificaciones fuera de ordenación de toda la isla.
Acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico
La derogación de la disposición decimocuarta de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado llega gracias a un acuerdo entre los Gobiernos autonómico y central, ambos contrarios a este texto. Madrid llegó a plantear una cuestión de inconstitucionalidad al entender que el Govern balear invadía sus competencias en materia de Costas. El director general de Ordenación del Territorio, Bernat Aguiló, afirma que, con independencia de si era constitucional o no, el Ejecutivo autonómico se muestra contrario al indulto que implicaba la disposición decimocuarta. | M. M.